Auditoría del Seguro Social
La sugerencia del sector empresarial de que se practique una auditoría integral a las finanzas de la Caja de Seguro Social es excelente, sobre todo estando en el umbral de un cambio de gobierno. Y es que hasta que tal diligencia se haga, no podremos saber cuál es la real situación de la entidad y sus posibles remedios. Hace pocos días, la presidenta de la República, Mireya Moscoso, insinuó que la adopción de los correctivos para salvarla correspondería a la administración que resulte de las elecciones nacionales de mayo próximo.
Hasta allí todo suena lógico y nada hay de polémico, si no fuera porque al planteamiento de la auditoría se añade que el mismo sea ejecutado por "una firma externa" o independiente. La idea podría despertar reservas en quienes equivocadamente piensen que sólo la Contraloría General de la República está autorizada a hacerlo. Y lo está; sólo que tal facultad no inhibe ni impide la práctica de verificaciones contables y financieras a cargo de firmas privadas independientes.
Bueno y, diríamos, imperativo es que así se haga. Una de las mayores dificultades encontradas durante el complejo y largo diálogo que tuvo lugar sobre la situación de la institución verificado bajo los auspicios del PNUD, fue el ponerse de acuerdo en las cifras. Los sectores obrero, empresarial y de la propia entidad, manejaban cifras diferentes en los mismos rubros. Y así era imposible ponerse de acuerdo, como en efecto fue. Mientras unos sostenían que había una crisis extrema, los otros simplemente la minimizaban o negaban. La cuestión empeoró cuando la Contraloría General generó sus propios números. Entonces sí ardió Troya y el director de la institución fue destituido.
¿Cuál es la verdad? Todo el mundo lo sabe. Hay una crisis de gran magnitud y, para muestra, sólo para el año pasado, el Seguro arrastraba un déficit en sus cuatro programas de B/.97 millones, sin contar el déficit actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, cuya cuantía es billonaria. ¿Cuánto es? Nadie lo sabe con precisión, ni quienes dirigen la entidad. Las cifras, como las del gobierno central, no son confiables. Aparecen camufladas, maquilladas, diferidas y enmascaradas para mostrar una situación más favorable o, si se quiere, menos desfavorable.
Una auditoría independiente es sana práctica que debiera aplicarse a todo el sector público, incluyendo al gobierno central. Cierto, costará algunos millones, pero bien vale la pena para tener una idea más exacta del desgreño o el buen manejo de los fondos de los contribuyentes. Al fin y al cabo, es dinero ajeno, dinero nuestro.
Lo importante es que cada empresa encuestadora esté cerca a la realidad para que la población despeje sus dudas sobre ella, porque pensar que en el proceso electoral del 2009 nadie se acordará de lo sucedido en el 2004, es un gran error.
"Cuando los hombres decentes no participan en política, los indecentes se aprovechan de ella y entonces los decentes tendrán que callar". Gandhi.
Hasta allí todo suena lógico y nada hay de polémico, si no fuera porque al planteamiento de la auditoría se añade que el mismo sea ejecutado por "una firma externa" o independiente. La idea podría despertar reservas en quienes equivocadamente piensen que sólo la Contraloría General de la República está autorizada a hacerlo. Y lo está; sólo que tal facultad no inhibe ni impide la práctica de verificaciones contables y financieras a cargo de firmas privadas independientes.
Bueno y, diríamos, imperativo es que así se haga. Una de las mayores dificultades encontradas durante el complejo y largo diálogo que tuvo lugar sobre la situación de la institución verificado bajo los auspicios del PNUD, fue el ponerse de acuerdo en las cifras. Los sectores obrero, empresarial y de la propia entidad, manejaban cifras diferentes en los mismos rubros. Y así era imposible ponerse de acuerdo, como en efecto fue. Mientras unos sostenían que había una crisis extrema, los otros simplemente la minimizaban o negaban. La cuestión empeoró cuando la Contraloría General generó sus propios números. Entonces sí ardió Troya y el director de la institución fue destituido.
¿Cuál es la verdad? Todo el mundo lo sabe. Hay una crisis de gran magnitud y, para muestra, sólo para el año pasado, el Seguro arrastraba un déficit en sus cuatro programas de B/.97 millones, sin contar el déficit actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, cuya cuantía es billonaria. ¿Cuánto es? Nadie lo sabe con precisión, ni quienes dirigen la entidad. Las cifras, como las del gobierno central, no son confiables. Aparecen camufladas, maquilladas, diferidas y enmascaradas para mostrar una situación más favorable o, si se quiere, menos desfavorable.
Una auditoría independiente es sana práctica que debiera aplicarse a todo el sector público, incluyendo al gobierno central. Cierto, costará algunos millones, pero bien vale la pena para tener una idea más exacta del desgreño o el buen manejo de los fondos de los contribuyentes. Al fin y al cabo, es dinero ajeno, dinero nuestro.
Lo importante es que cada empresa encuestadora esté cerca a la realidad para que la población despeje sus dudas sobre ella, porque pensar que en el proceso electoral del 2009 nadie se acordará de lo sucedido en el 2004, es un gran error.
"Cuando los hombres decentes no participan en política, los indecentes se aprovechan de ella y entonces los decentes tendrán que callar". Gandhi.
