Auditoría a expedientes legales
Los medios de comunicación destacaron expresiones de funcionarios del Organo Judicial y el Ministerio Público, en el marco del Primer Foro Nacional sobre Congestionamiento y Rezago Judicial. Los medios atribuyen al señor Procurador General de la Nación haber arremetido contra jueces y pedido sanciones para juristas. Yo me permito afirmar que si en el Organo Judicial llueve, en el Ministerio Público no escampa. No solamente en materia de congestionamiento, también hay muchas irregularidades en el manejo de los procesos en ambas instituciones. En varias ocasiones me he dirigido a sus despachos superiores, con énfasis en el Ministerio Público, para denunciar irregularidades en los manejos de expedientes, pero pareciera que no se tiene interés en escuchar señalamientos hechos de frente y debidamente sustentados.
Preocupantes han sido también las apreciaciones sobre las ampliaciones sumariales que ordenan los jueces. En la realidad se encuentra que la mayoría de las investigaciones sumariales llega incompleta para su calificación a los despachos judiciales.
La sugerencia de que el juez responsabilice al funcionario de instrucción en la sentencia no es solución, porque el efecto de una mala investigación sumarial generalmente engendra la violación al debido proceso. Son numerosas las actuaciones de fiscales y personeros en las que los mismos parecen socios de los abogados defensores o querellantes.
222Creyente como soy de no criticar sin aportar soluciones, me permito sugerir la creación de un organismo al que se le confiera la atribución de hacer auditorías a los expedientes que están en los diferentes despachos del Ministerio Público...
Creyente como soy de no criticar sin aportar soluciones, me permito sugerir la creación de un organismo al que se le confiera la atribución de hacer auditorías a los expedientes que están en los diferentes despachos del Ministerio Público y del Organo Judicial, de oficio o a solicitud de las partes interesadas. Dicho organismo estaría integrado por funcionarios de las dos instituciones mencionadas y por miembros del Colegio Nacional de Abogados.
En la práctica, los abogados que nos atrevemos a protestar en los despachos del Ministerio Público y del Organo Judicial cuando advertimos irregularidades en el manejo de los expedientes, actuaciones que afectan la seguridad jurídica de nuestros representados, somos mal vistos por los jefes de dichas oficinas. Un sistema de auditoría como el que sugerimos, pondría también al descubierto estas irregularidades. Igualmente ayudaría a poner fin al desorden que se advierte en los despachos, sobre todo del Ministerio Público, sobre la interpretación de las normas del debido proceso y la aplicación de las mismas, ya que hay empleados públicos que hacen de sus áreas de trabajo pequeñas repúblicas dictatoriales y, en muchas ocasiones, pretenden limitar las facultades de los litigantes en la defensa de sus representados.
Me he permitido sugerir que el organismo esté integrado por profesionales del Derecho que integren los organismos cuestionados y del Colegio Nacional de Abogados, porque sobre todos recaen señalamientos de responsabilidad por la morosidad o congestionamiento de los procesos. Debemos, entonces, entre todos contribuir a la solución del problema principal de nuestra cada vez más débil democracia, la falta de seguridad jurídica.
Quiero terminar nuestra sugerencia explicando que ese organismo, que bien podría denominarse Consejo de Auditoría Judicial, es de gran necesidad en virtud de que ninguno de los mecanismos de vigilancia o control de las actuaciones de los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Publico, hasta el momento, no ha funcionado.
(hyasoc@yahoo.com)
Preocupantes han sido también las apreciaciones sobre las ampliaciones sumariales que ordenan los jueces. En la realidad se encuentra que la mayoría de las investigaciones sumariales llega incompleta para su calificación a los despachos judiciales.
La sugerencia de que el juez responsabilice al funcionario de instrucción en la sentencia no es solución, porque el efecto de una mala investigación sumarial generalmente engendra la violación al debido proceso. Son numerosas las actuaciones de fiscales y personeros en las que los mismos parecen socios de los abogados defensores o querellantes.
222Creyente como soy de no criticar sin aportar soluciones, me permito sugerir la creación de un organismo al que se le confiera la atribución de hacer auditorías a los expedientes que están en los diferentes despachos del Ministerio Público...
Creyente como soy de no criticar sin aportar soluciones, me permito sugerir la creación de un organismo al que se le confiera la atribución de hacer auditorías a los expedientes que están en los diferentes despachos del Ministerio Público y del Organo Judicial, de oficio o a solicitud de las partes interesadas. Dicho organismo estaría integrado por funcionarios de las dos instituciones mencionadas y por miembros del Colegio Nacional de Abogados.
En la práctica, los abogados que nos atrevemos a protestar en los despachos del Ministerio Público y del Organo Judicial cuando advertimos irregularidades en el manejo de los expedientes, actuaciones que afectan la seguridad jurídica de nuestros representados, somos mal vistos por los jefes de dichas oficinas. Un sistema de auditoría como el que sugerimos, pondría también al descubierto estas irregularidades. Igualmente ayudaría a poner fin al desorden que se advierte en los despachos, sobre todo del Ministerio Público, sobre la interpretación de las normas del debido proceso y la aplicación de las mismas, ya que hay empleados públicos que hacen de sus áreas de trabajo pequeñas repúblicas dictatoriales y, en muchas ocasiones, pretenden limitar las facultades de los litigantes en la defensa de sus representados.
Me he permitido sugerir que el organismo esté integrado por profesionales del Derecho que integren los organismos cuestionados y del Colegio Nacional de Abogados, porque sobre todos recaen señalamientos de responsabilidad por la morosidad o congestionamiento de los procesos. Debemos, entonces, entre todos contribuir a la solución del problema principal de nuestra cada vez más débil democracia, la falta de seguridad jurídica.
Quiero terminar nuestra sugerencia explicando que ese organismo, que bien podría denominarse Consejo de Auditoría Judicial, es de gran necesidad en virtud de que ninguno de los mecanismos de vigilancia o control de las actuaciones de los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Publico, hasta el momento, no ha funcionado.
(hyasoc@yahoo.com)
