Aumento de penas y aplicación severa

Hay quienes han venido sosteniendo la necesidad de aumentar las penas para combatir el delito. Otros dicen que la severidad de ellas no lo elimina y existen también aquellos que afirman que la evidencia empírica indica que el aumento de penas no sirve para disuadir a los criminales. Las tres escuelas de pensamiento pueden tener razón. El delito, como hemos dicho antes, jamás desaparecerá de la faz de la tierra. Pero el aumento de las penas y su severidad en la aplicación pueden ayudar a aminorarlo en gran escala.
El delincuente, en alto porcentaje, reincide. Ello está demostrado. También suele especializarse. El violador no falsifica y el falsificador no viola. Por tanto, mientras más tiempo permanece guardado un delincuente, más protegida se puede sentir la sociedad; no le será difícil repetir su hazaña tras cumplir una corta pena. En cambio con penas prolongadas, aquellos sujetos de mal vivir, a los que muy seguramente no se podrá ya resocializar, estarán menos propensos a la reincidencia al hallarse fuera de circulación.
En relación con el aumento de penas a los menores de edad, que por iniciativa del diputado Jorge Hernán Rubio, se intenta equiparar a la de los adultos, también existen posiciones encontradas en la sociedad. Hay quienes consideran que desde que un ser humano llega a los siete años de edad, cuando ya ha adquirido uso de razón, sabe perfectamente diferenciar el bien del mal y su minoría de edad, de allí en adelante, no puede constituir amparo alguno para eximirle de pena o imponérsela más baja que a un adulto. Los que comparten esa línea de pensamiento, sostienen que desde hace XVl siglos el emperador Justiniano le dejó al mundo un código que lleva su nombre, en el cual se dice: " En los crímenes no se beneficia a los menores de edad, pues la debilidad de ánimo no excusa las costumbres de los perversos" y "En los delitos nadie se exime por la edad."
Sin embargo, los convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos por Panamá y que hacen parte del llamado "bloque de la constitucionalidad", y por ende son Ley de la República, imponen límites y tratamientos especiales a los menores infractores. De allí que se entiende la posición de las autoridades, ya que la misma Constitución los obliga a cumplir y hacer cumplir las leyes.
En fin, este es un debate que no terminará ahora, pues ni siquiera en países más avanzados que el nuestro, han logrado que en este tema se diga la última palabra.