Ausencia de una política energética
La falta de una legislación moderna en materia energética le está representando al país una pérdida económica de incalculables consecuencias, porque todos los panameños y panameñas tienen que pagar una de las tarifas eléctricas más altas del mundo lo que significa reducir su escuálido presupuesto dedicado a alimentación, salud, educación y vivienda, y a la vez todas las industrias en Panamá tienen una importante desventaja al competir internacionalmente con elevados costos de producción.
Lo más grave de esta situación es que no solamente la tarifa es más alta sino que sigue en aumento debido a que un elevado porcentaje de la generación eléctrica depende del combustible que por tratarse de un recurso limitado y por el control que ejercen los países productores sobre su precio mantiene una tendencia alcista hacia el futuro.
Además del precio elevado y de la dependencia que mantenemos con los países productores de petróleo, la generación eléctrica quemando combustible tiene efectos ambientales adversos que todos los países están tratando de evitar.
Esta situación fácilmente predecible desde hace muchos años, no ha sido atendida de manera oportuna por nuestros políticos que se encuentran más preocupados por ganar las elecciones que por la solución de los graves problemas sociales que aquejan a su población. Nuestra historia solamente registra los esfuerzos insuficientes que hace algunos años se hicieron para reemplazar las generadoras térmicas por hidroeléctricas mediante la construcción de las represas de Chiriquí, Bayano y Fortuna pero ni se continuó con esta política ni se exploraron otras fuentes alternas potenciales para generar electricidad.
El inexplicable contrasentido es que nuestra legislación no incentiva la construcción de plantas hidroeléctricas o de otras fuentes renovables sino más bien concede beneficios que favorecen la instalación de plantas térmicas que contaminan, nos hacen dependientes y encarecen la electricidad.
Necesitamos que nuestros gobernantes pongan atención al problema eléctrico y corrijan las distorsiones que incentivan precisamente lo contrario al bien común. Deben revisarse los beneficios otorgados a la generación térmica y promover la generación de origen hídrico, además del geotérmico, eólico, solar, biomasa y la combustión de desechos y desperdicios de origen nacional. Estas son fuentes no lesivas al medio ambiente, que conservan nuestras divisas y que permitirían contar con tarifas eléctricas bajas para hacer más competitiva a nuestra industria y reducir los gastos del presupuesto familiar.
Lo más grave de esta situación es que no solamente la tarifa es más alta sino que sigue en aumento debido a que un elevado porcentaje de la generación eléctrica depende del combustible que por tratarse de un recurso limitado y por el control que ejercen los países productores sobre su precio mantiene una tendencia alcista hacia el futuro.
Además del precio elevado y de la dependencia que mantenemos con los países productores de petróleo, la generación eléctrica quemando combustible tiene efectos ambientales adversos que todos los países están tratando de evitar.
Esta situación fácilmente predecible desde hace muchos años, no ha sido atendida de manera oportuna por nuestros políticos que se encuentran más preocupados por ganar las elecciones que por la solución de los graves problemas sociales que aquejan a su población. Nuestra historia solamente registra los esfuerzos insuficientes que hace algunos años se hicieron para reemplazar las generadoras térmicas por hidroeléctricas mediante la construcción de las represas de Chiriquí, Bayano y Fortuna pero ni se continuó con esta política ni se exploraron otras fuentes alternas potenciales para generar electricidad.
El inexplicable contrasentido es que nuestra legislación no incentiva la construcción de plantas hidroeléctricas o de otras fuentes renovables sino más bien concede beneficios que favorecen la instalación de plantas térmicas que contaminan, nos hacen dependientes y encarecen la electricidad.
Necesitamos que nuestros gobernantes pongan atención al problema eléctrico y corrijan las distorsiones que incentivan precisamente lo contrario al bien común. Deben revisarse los beneficios otorgados a la generación térmica y promover la generación de origen hídrico, además del geotérmico, eólico, solar, biomasa y la combustión de desechos y desperdicios de origen nacional. Estas son fuentes no lesivas al medio ambiente, que conservan nuestras divisas y que permitirían contar con tarifas eléctricas bajas para hacer más competitiva a nuestra industria y reducir los gastos del presupuesto familiar.
