Autonomía: ¿Municipal o provincial?
La autonomía sin autosuficiencia financiera es una ilusión que sólo sirve para favorecer la dispersión improductiva de los recursos públicos. El 98% de los municipios de Panamá carece de recursos propios. Por consiguiente, sus presupuestos deben ser subsidiados, especialmente para atender el renglón de salarios y el pago de alquileres, electricidad, teléfonos, agua y gasolina.
Cuando comenzó el llamado proceso revolucionario, una de sus banderas fue la descentralización, que llevó hasta el nivel de los corregimientos. El resultado catastrófico de ese experimento los seguimos pagando, aún hoy. Cada uno de esos corregimientos se ha convertido en una "republiquita", manejada a su antojo por "el representante de turno" que, como se ha denunciado, cobran para "autorizar" la apertura de negocios, especialmente los dedicados a la venta de licores, que han proliferado sin importar su cercanía a escuelas, iglesias y hospitales.
Nuevamente, y precisamente cuando el poder lo detenta el partido nacido de las entrañas de los cuarteles, vuelve al tapete la descentralización municipal que, al final de las cuentas, sólo contribuirá a la atomización improductiva de los recursos públicos.
Si ya hemos comprobado que la descentralización de abajo hacia arriba es un solemne fracaso, entonces, lo prudente es no seguir trillando por ese camino sino cambiar el rumbo y buscar una alternativa que, de manera más eficaz, asegure la mejor distribución y utilización de los dineros públicos.
La descentralización debe ser gradual y comenzar por el nivel provincial. La Constitución vigente marca la pauta en ese sentido, cuando atribuye a los Consejos Provinciales decidir el Plan de Obras para cada provincia y supervisar su ejecución. Los Consejos Provinciales, integrados por todos los representantes, éstos con derecho a voto, los alcaldes, diputados, el gobernador y el Consejo Técnico que forman los representantes de todos los ministerios, de ser debidamente aprovechados en lugar de ignorados como ha hecho el gobierno de turno, para reemplazarlos por los espectáculos mediáticos que, ganar aplausos organizaba Torrijos, garantizarían una utilización más racional y efectiva de los recursos que, como no abundan, deben gastarse en las prioridades y no por la presión de representantes o alcaldes.
La descentralización provincial debiera completarse con la elección de gobernadores, para que presidan un auténtico gobierno provincial. Actualmente es un cargo más decorativo que otra cosa.
En países más grandes y con mayores recursos, el nivel municipal, cuando su gobierno es autosuficiente, tal vez sea la mejor alternativa para la descentralización. En países como el nuestro, pequeños y de pocos recursos, concentrar en vez de atomizar daría mejores resultados.
El proyecto de Ley que impulsan algunos sectores por razones eminentemente políticas llega hasta la insensatez de crear "otra nueva autoridad" que estaría encargada de "supervisar el proceso de descentralización". Esta nueva superestructura, objetivamente mirada, es una negación de la descentralización y de la autonomía que, supuestamente, se pretende promover. Si la "patria nueva", con su aplanadora legislativa terminara por imponerlo, el gobierno que reemplace al PRD deberá ocuparse de "desfacer" el entuerto.
