Autonomía vs Presupuesto
"Cuando la Ley atenta contra la vida, fenece la Ley y prevalece la vida". Hemos querido iniciar este artículo con el pensamiento que lo encabeza, porque recoge en cierta forma lo que está ocurriendo como consecuencia de la interpretación que le ha dado la Corte Suprema de Justicia al artículo 63 (numeral 1) de la Ley 11 de 1981, orgánica de la Universidad de Panamá, al declararlo inconstitucional.
Aunque no sea jurista y con todo respeto, señalamos que el "fallo" de la Corte, con toda su satisfacción jurídica, está atentando no solamente contra la estabilidad económica, sino contra la vida misma de nuestra primera casa de estudios, la Casa de Méndez Pereira, a la cual, incluso, pertenecen algunos de los mismos integrantes de la Honorable Corte.
El viernes 18 de agosto leímos un artículo publicado en El Panamá América, escrito por la Prof. Anayansi Turner, quien como jurista, docente universitaria y conocedora de estos asuntos mejor que nosotros, realiza un análisis relacionado con este "fallo" de la Corte, señalando que la misma "ignora los artículos específicos constitucionales que se refieren a la autonomía universitaria y, particularmente, a la autonomía económica", exhortando a la Corte a "confrontar el precepto demandado de inconstitucionalidad con todas las disposiciones de la Carta Magna atinentes al tema examinado".
Precisamente al atentado contra la autonomía universitaria nos referimos aquí. ¿Por qué después de 54 años aparece un "genio" (o varios) que descubre que el artículo 63 (numeral 1) de la Ley 11 es inconstitucional? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué, según señala la Prof. Turner, no contrastan los artículos 264 y 268 de la Constitución con el artículo 100 de la misma, que se refiere a la autonomía económica de la universidad? ¿Acaso existe otra intención, para hacerle el juego a los que desean desde hace años desestabilizar la Universidad de Panamá, para justificar su privatización, o a los organismos financieros internacionales (IFIs), que sostienen que los gobiernos no deben invertir en educación superior, sino en la básica general?
Como docente universitario no podía quedarme callado ante un "fallo" a todas luces injusto y, quizás ahora sí, inconstitucional. Todos los universitarios debemos manifestarnos y rechazar este "fallo" de la Corte, aunque el mismo sea "inapelable", y seguir luchando para que la autonomía universitaria quede consagrada en la nueva Ley que será sometida a la Asamblea, pero verificando que lo que se establezca con respecto al presupuesto de la Universidad de Panamá no sea "inconstitucional", para evitar que dentro de otros 54 años aparezca otro "genio" y lo señale nuevamente.
Llama poderosamente la atención cómo la Corte ha sido tan "eficiente" al "fallar" de manera expedita sobre este asunto y sin embargo, en otros casos, que también son trascendentales y de interés nacional, han demorado demasiado tiempo. Le hacemos un llamado a los honorables magistrados para que ofrezcan a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general una explicación aclaratoria y, sobre todo, sustentatoria de la decisión que tomaron, porque, aunque sus "fallos" sean "inapelables", deben ser transparentes y sustentados en una interpretación integral y no parcializada de las leyes o de la Constitución.
Los derechos no se mendigan, como decía Martí, se lucha por ellos. Nosotros exigimos que el derecho fundamental a la educación superior que tenemos los panameños, sea reconocido. Con este tipo de medidas, se está violentando este derecho, porque coloca a la Universidad de Panamá totalmente a merced de los gobiernos de turno, en lo referente a la asignación presupuestaria, lesionando directamente la autonomía económica universitaria, consagrada precisamente en nuestra Carta Magna.
Ahora que estamos en el siglo del conocimiento, en el cual el poderío y desarrollo de los países se mide no sólo por su crecimiento económico, sino y, sobre todo, por su dominio del conocimiento, no podemos aceptar que se mediatice el acceso a la educación superior a los panameños que nos relevarán en los próximos años, como arquitectos y conductores del desarrollo de nuestro país. A menos que la intención sea que Panamá siga siendo un país "en vías de desarrollo".
Exhortamos a la Sra. Presidenta y a los órganos Ejecutivo y Legislativo, para que apoyen a la Universidad de Panamá asignándole el presupuesto que le corresponde, según consta en la misma Constitución, para que pueda cumplir cabalmente con su misión y que la articulen más con sus planes de gobierno para que, en la praxis, se consolide como el principal bastión de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de Panamá.
Nosotros, los universitarios, nos comprometemos a generar más actividades de autogestión para fortalecer el presupuesto asignado, el cual siempre resulta insuficiente para los requerimientos de crecimiento, desarrollo y proyección de la Universidad de Panamá.
Aunque no sea jurista y con todo respeto, señalamos que el "fallo" de la Corte, con toda su satisfacción jurídica, está atentando no solamente contra la estabilidad económica, sino contra la vida misma de nuestra primera casa de estudios, la Casa de Méndez Pereira, a la cual, incluso, pertenecen algunos de los mismos integrantes de la Honorable Corte.
El viernes 18 de agosto leímos un artículo publicado en El Panamá América, escrito por la Prof. Anayansi Turner, quien como jurista, docente universitaria y conocedora de estos asuntos mejor que nosotros, realiza un análisis relacionado con este "fallo" de la Corte, señalando que la misma "ignora los artículos específicos constitucionales que se refieren a la autonomía universitaria y, particularmente, a la autonomía económica", exhortando a la Corte a "confrontar el precepto demandado de inconstitucionalidad con todas las disposiciones de la Carta Magna atinentes al tema examinado".
Precisamente al atentado contra la autonomía universitaria nos referimos aquí. ¿Por qué después de 54 años aparece un "genio" (o varios) que descubre que el artículo 63 (numeral 1) de la Ley 11 es inconstitucional? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué, según señala la Prof. Turner, no contrastan los artículos 264 y 268 de la Constitución con el artículo 100 de la misma, que se refiere a la autonomía económica de la universidad? ¿Acaso existe otra intención, para hacerle el juego a los que desean desde hace años desestabilizar la Universidad de Panamá, para justificar su privatización, o a los organismos financieros internacionales (IFIs), que sostienen que los gobiernos no deben invertir en educación superior, sino en la básica general?
Como docente universitario no podía quedarme callado ante un "fallo" a todas luces injusto y, quizás ahora sí, inconstitucional. Todos los universitarios debemos manifestarnos y rechazar este "fallo" de la Corte, aunque el mismo sea "inapelable", y seguir luchando para que la autonomía universitaria quede consagrada en la nueva Ley que será sometida a la Asamblea, pero verificando que lo que se establezca con respecto al presupuesto de la Universidad de Panamá no sea "inconstitucional", para evitar que dentro de otros 54 años aparezca otro "genio" y lo señale nuevamente.
Llama poderosamente la atención cómo la Corte ha sido tan "eficiente" al "fallar" de manera expedita sobre este asunto y sin embargo, en otros casos, que también son trascendentales y de interés nacional, han demorado demasiado tiempo. Le hacemos un llamado a los honorables magistrados para que ofrezcan a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general una explicación aclaratoria y, sobre todo, sustentatoria de la decisión que tomaron, porque, aunque sus "fallos" sean "inapelables", deben ser transparentes y sustentados en una interpretación integral y no parcializada de las leyes o de la Constitución.
Los derechos no se mendigan, como decía Martí, se lucha por ellos. Nosotros exigimos que el derecho fundamental a la educación superior que tenemos los panameños, sea reconocido. Con este tipo de medidas, se está violentando este derecho, porque coloca a la Universidad de Panamá totalmente a merced de los gobiernos de turno, en lo referente a la asignación presupuestaria, lesionando directamente la autonomía económica universitaria, consagrada precisamente en nuestra Carta Magna.
Ahora que estamos en el siglo del conocimiento, en el cual el poderío y desarrollo de los países se mide no sólo por su crecimiento económico, sino y, sobre todo, por su dominio del conocimiento, no podemos aceptar que se mediatice el acceso a la educación superior a los panameños que nos relevarán en los próximos años, como arquitectos y conductores del desarrollo de nuestro país. A menos que la intención sea que Panamá siga siendo un país "en vías de desarrollo".
Exhortamos a la Sra. Presidenta y a los órganos Ejecutivo y Legislativo, para que apoyen a la Universidad de Panamá asignándole el presupuesto que le corresponde, según consta en la misma Constitución, para que pueda cumplir cabalmente con su misión y que la articulen más con sus planes de gobierno para que, en la praxis, se consolide como el principal bastión de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de Panamá.
Nosotros, los universitarios, nos comprometemos a generar más actividades de autogestión para fortalecer el presupuesto asignado, el cual siempre resulta insuficiente para los requerimientos de crecimiento, desarrollo y proyección de la Universidad de Panamá.
