Autoridades cómplices de la devastación
En Colón, desde que iniciaron las devastaciones de bosques y manglares, se ha convertido en algo casi normal ver especies de animales silvestres esparcidos por sectores habitacionales de nuestra ciudad, especialmente en el corregimiento de Cristóbal.
No causa ninguna extrañeza ver a perezosos, gato solo, ñeque, y conejos ponchos, escarbando los basureros de las áreas comerciales y residenciales, y, en el peor de los casos, podemos verlos muertos en la vía arrollados por los automovilistas que transitan por esos lugares; todo esto, producto de la migración forzosa que tienen que realizar estos animales al verse afectado su hábitat natural, a consecuencia de la deforestación y la afectación del medio ambiente, lo cual obliga a estas especies a buscar refugio en otros sitios para ellos totalmente desconocidos y, por ende, sufren el maltrato de una comunidad que no tiene ninguna cultura proteccionista.
Lo que experimenta nuestra flora y fauna, el ecosistema, el medio ambiente, es el fruto de una política conservacionista irresponsable por parte de las autoridades encargadas de proteger y conservar nuestro recursos naturales, pues pareciera que para ellas esta situación no es importante.
Las autoridades panameñas actúan con irresponsabilidad cuando han puesto en manos de la transnacional portuaria Colon Conteiner Terminal, para que acaben con nuestro medio ambiente, contratos leoninos que contrarian el papel conservacionista que por mandato legal le toca desempeñar a las instituciones del Estado (ANAM, ARAP, ZOna Libre y otras), ya que tienen la obligación de proteger los recursos naturales existentes en el territorio nacional.
La falta de transparencia, la incredulidad del pueblo hacia los funcionarios de diferentes instituciones involucradas en este crimen ecológico, quienes no han respetado el mandato constitucional de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a su gestión pública en cuanto al manejo de los recursos que la sociedad le confiere, y no pensar que el patrimonio de la nación panameña es para uso personal de ningún servidores público que considera que puede hacer con nuestros recursos lo que le venga en gana, venderlos o cederlos sin ningún remordimiento por el gran daño al medio ambiente tanto en nuestra provincia colonense como en el resto del país.
