Avances de la CLICAC
La adopción de la Ley 29 de 1996 fue uno de los compromisos adquiridos por este gobierno para ingresar a la Organización Mundial de Comercio (OMC). La misma busca promover la competencia, sancionar las prácticas monopolísticas y proteger al consumidor de ciertas prácticas abusivas de parte de los comerciantes y otros agentes económicos. La citada ley está adquiriendo cada vez más relevancia y, aplicada en forma correcta y efectiva, debe mejorar el desarrollo de nuestra economía en beneficio de todos.
En el plano de la protección del consumidor, la ley establece una serie de derechos que deben ser respetados por toda empresa que ofrezca productos. Con ese fin, le impone ciertas obligaciones a los comerciantes y demás agentes económicos, cuyo incumplimiento acarrea elevadas sanciones pecuniarias.
Recientemente la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) informó que en un operativo descubrió que nueve empresas de muebles y financieras estaban violando abierta y flagrantemente la ley mediante prácticas abusivas. Se pudieron asegurar documentos en blanco tales como contratos, letras o pagarés, órdenes o autorizaciones de descuentos, solicitudes de certificados de pensionado, notas enviadas al Contralor General para descuentos, cartas a la Asociación de Mueblerías para remitir descuento, solicitudes de certificaciones de la CSS. Como si lo anterior no fuera suficiente, las autoridades también encontraron poderes judiciales y documentos sobre juicios ordinarios incluyendo contestaciones de demanda; todos en blanco y hasta con sellos de juzgados, cuya participación dramatiza aún más la escandalosa situación y graves abusos que se están cometiendo en contra de los consumidores.
Los esfuerzos de instituciones como la CLICAC trastocan negocios y prácticas de antaño que sin duda causarán importantes controversias y enfrentamientos, los cuales deben ser resueltos ante los tribunales competentes. Sus iniciativas en contra de las harineras, los comerciantes, las financieras y las escuelas particulares, entre otros, para hacer cumplir la ley redundarán en beneficio de la gran mayoría de los consumidores, quienes merecen especial protección por ser la parte débil en el rejuego comercial. Y los industriales, comerciantes e intermediarios en general, deben ver la ley y a la institución responsable de aplicarla como una fuente de oportunidades y no como su adversario.
En el plano de la protección del consumidor, la ley establece una serie de derechos que deben ser respetados por toda empresa que ofrezca productos. Con ese fin, le impone ciertas obligaciones a los comerciantes y demás agentes económicos, cuyo incumplimiento acarrea elevadas sanciones pecuniarias.
Recientemente la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) informó que en un operativo descubrió que nueve empresas de muebles y financieras estaban violando abierta y flagrantemente la ley mediante prácticas abusivas. Se pudieron asegurar documentos en blanco tales como contratos, letras o pagarés, órdenes o autorizaciones de descuentos, solicitudes de certificados de pensionado, notas enviadas al Contralor General para descuentos, cartas a la Asociación de Mueblerías para remitir descuento, solicitudes de certificaciones de la CSS. Como si lo anterior no fuera suficiente, las autoridades también encontraron poderes judiciales y documentos sobre juicios ordinarios incluyendo contestaciones de demanda; todos en blanco y hasta con sellos de juzgados, cuya participación dramatiza aún más la escandalosa situación y graves abusos que se están cometiendo en contra de los consumidores.
Los esfuerzos de instituciones como la CLICAC trastocan negocios y prácticas de antaño que sin duda causarán importantes controversias y enfrentamientos, los cuales deben ser resueltos ante los tribunales competentes. Sus iniciativas en contra de las harineras, los comerciantes, las financieras y las escuelas particulares, entre otros, para hacer cumplir la ley redundarán en beneficio de la gran mayoría de los consumidores, quienes merecen especial protección por ser la parte débil en el rejuego comercial. Y los industriales, comerciantes e intermediarios en general, deben ver la ley y a la institución responsable de aplicarla como una fuente de oportunidades y no como su adversario.
