Avances y grietas actuales
ES UNA perogrullada lamentablemente oculta en el Panamá de hoy, que toda crisis conflictiva pone al desnudo las contradicciones de la vida nacional, resultado en el cual muy pocas personas se percatan de los aspectos positivos y negativos de la vida social panameña, agudizados por la etapa crítica acumulada a que estamos asistiendo en nuestro microcosmos nativo. La misma situación crítica fue acompañada ahora por una movilización más extendida de actores y observadores, que en una u otra medida comentan la realidad vigente, pero sin que se hubieran aportado, en la mayoría de las expresiones publicitadas (radio, prensa y televisión) ideas claras en torno a las profundidades del momento perturbado y perturbador que se vive.
Hace diez años (1995), el Gobierno pereballadorista puso en solfa a un sector beligerante de la clase trabajadora, con una Ley que castraba la base económica legal creada por el Código Laboral de 1971, dádiva del recién inaugurado gobierno policiaco dictatorial de 1968. Los afectados de saco y corbata y de clase media no se dieron por aludidos, y la protesta obrera se limitó y fue liquidada por la prepotencia gubernamental de entonces (1995).
En los días actuales, la situación es distinta, porque el desempleo es mucho mayor y porque ha sido afectado, con la Ley de "salvación" de la Caja de Seguro Social (CSS), un abanico más extendido, de todos los asegurados, jubilados y beneficiarios del Seguro Social, mermados y abultados en derechos y obligaciones pecuniarias. Rápidamente actuó en toda la geografía panameña, un Frente aglutinado por los efectos de la misma Ley. Pero esa respuesta fue decidida y beligerante, con la huelga y las acciones de calles.
El Gobierno recién estrenado optó por la intransigencia y por la reacción policíaca, abroquelándose tras el parapeto de la Ley aprobada, que intentó convertir en hecho cumplido. Pero gran parte de la población entendió que la Reforma Tributaria con que se iniciaron los fuego artificiales gubernativos; y la Ley del Seguro con sus reformas absurdas y guillotinantes, como preparativo económico para el tercer juego de esclusas en perspectiva injustificada y prematura, concitaban a la acción desobediente. Un inicio de paralización económica general asustó a los magnates, quienes aliados a la Iglesia cristiana aconsejaron un debate más amplio de la Ley, denominado "Diálogo Nacional", aceptado por el Gobierno como válvula de escape que le permitiría una acción dilatoria y una vía menos drástica oculta en la manga.
¿Por qué una parte de la solución del problema está en mantener la Caja bajo la batuta del Gobierno? Así, el Seguro continuará como coto propicio de la partidocracia políticamente reinante, fortalecida en sus poderes por la mima reforma. Según dice el pueblo: "dejarle al timador las llaves". Además, los fondos del Seguro Social en crisis, no deben ser "invertidos" en bonos o préstamos para un tercer juego de esclusas que todavía no ha podido ser ni bien planeado, ni bien explicado por su propia Autoridad. ¿Por qué se quieren dejar las nuevas cuotas para los "profesionales asalariados" que hasta la fecha no las pagaban? Parece que la "salvación" del Seguro irá más allá del mismo Seguro y "salvará" a otras esferas gobernantes. Abran los ojos señores del Diálogo, porque las "reformas" de los 90 días no deben repetir las reformas de la Ley aprobada, con diferente vestido y corregidas palabras.
Que no nos vengan con el cuento de que la "experiencia latinoamericana del Seguro Social ha demostrado que es un sistema obsoleto y sin posibilidades de subsistencia". Después de casi ocho décadas de Seguro Social panameño, con todos sus vicios y sus virtudes (es decir sus prestaciones y saqueos), ciertas medidas de control, que eviten los robos descarados o disimulados; ciertas mejoras en las prestaciones médicas y disposiciones por el estilo pueden salvar, sin comillas, la continuidad de la Caja, ya que los déficits actuariales, que no son déficits muy reales, y ese afán de que sea la banca privada la que "invierta" los dineros que dan las cuotas de la mayoría de la población, más otras tres bellezas por el estilo, que están en la Ley "aprobada" y sujeta a "diálogo", no son los objetivos que debe perseguir y contener una nueva Ley panameña para la CSS, en buena hora garante de que la mayoría pobre de nuestro país tenga una Institución que cure sus enfermedades y que le suministre un lugar donde morir (hospitales del Seguro), en vez de que esos millones (felizmente pocos) de panameños no tengan garantizada su salud, ni siquiera un lugar, sino las calles, para que recojan sus cadáveres, sus despojos, después de toda una vida de trabajo arduo y de especulaciones financieras privadas, que los condenen a la supresión, gota a gota, del Seguro Social. Cuídense de los saboteadores, quienes procurarán que el "Diálogo" fracase, con medidas sin importancia, lo que hará regresar la Ley a su vigencia anterior, hoy suspendida a plazo.
Hace diez años (1995), el Gobierno pereballadorista puso en solfa a un sector beligerante de la clase trabajadora, con una Ley que castraba la base económica legal creada por el Código Laboral de 1971, dádiva del recién inaugurado gobierno policiaco dictatorial de 1968. Los afectados de saco y corbata y de clase media no se dieron por aludidos, y la protesta obrera se limitó y fue liquidada por la prepotencia gubernamental de entonces (1995).
En los días actuales, la situación es distinta, porque el desempleo es mucho mayor y porque ha sido afectado, con la Ley de "salvación" de la Caja de Seguro Social (CSS), un abanico más extendido, de todos los asegurados, jubilados y beneficiarios del Seguro Social, mermados y abultados en derechos y obligaciones pecuniarias. Rápidamente actuó en toda la geografía panameña, un Frente aglutinado por los efectos de la misma Ley. Pero esa respuesta fue decidida y beligerante, con la huelga y las acciones de calles.
El Gobierno recién estrenado optó por la intransigencia y por la reacción policíaca, abroquelándose tras el parapeto de la Ley aprobada, que intentó convertir en hecho cumplido. Pero gran parte de la población entendió que la Reforma Tributaria con que se iniciaron los fuego artificiales gubernativos; y la Ley del Seguro con sus reformas absurdas y guillotinantes, como preparativo económico para el tercer juego de esclusas en perspectiva injustificada y prematura, concitaban a la acción desobediente. Un inicio de paralización económica general asustó a los magnates, quienes aliados a la Iglesia cristiana aconsejaron un debate más amplio de la Ley, denominado "Diálogo Nacional", aceptado por el Gobierno como válvula de escape que le permitiría una acción dilatoria y una vía menos drástica oculta en la manga.
¿Por qué una parte de la solución del problema está en mantener la Caja bajo la batuta del Gobierno? Así, el Seguro continuará como coto propicio de la partidocracia políticamente reinante, fortalecida en sus poderes por la mima reforma. Según dice el pueblo: "dejarle al timador las llaves". Además, los fondos del Seguro Social en crisis, no deben ser "invertidos" en bonos o préstamos para un tercer juego de esclusas que todavía no ha podido ser ni bien planeado, ni bien explicado por su propia Autoridad. ¿Por qué se quieren dejar las nuevas cuotas para los "profesionales asalariados" que hasta la fecha no las pagaban? Parece que la "salvación" del Seguro irá más allá del mismo Seguro y "salvará" a otras esferas gobernantes. Abran los ojos señores del Diálogo, porque las "reformas" de los 90 días no deben repetir las reformas de la Ley aprobada, con diferente vestido y corregidas palabras.
Que no nos vengan con el cuento de que la "experiencia latinoamericana del Seguro Social ha demostrado que es un sistema obsoleto y sin posibilidades de subsistencia". Después de casi ocho décadas de Seguro Social panameño, con todos sus vicios y sus virtudes (es decir sus prestaciones y saqueos), ciertas medidas de control, que eviten los robos descarados o disimulados; ciertas mejoras en las prestaciones médicas y disposiciones por el estilo pueden salvar, sin comillas, la continuidad de la Caja, ya que los déficits actuariales, que no son déficits muy reales, y ese afán de que sea la banca privada la que "invierta" los dineros que dan las cuotas de la mayoría de la población, más otras tres bellezas por el estilo, que están en la Ley "aprobada" y sujeta a "diálogo", no son los objetivos que debe perseguir y contener una nueva Ley panameña para la CSS, en buena hora garante de que la mayoría pobre de nuestro país tenga una Institución que cure sus enfermedades y que le suministre un lugar donde morir (hospitales del Seguro), en vez de que esos millones (felizmente pocos) de panameños no tengan garantizada su salud, ni siquiera un lugar, sino las calles, para que recojan sus cadáveres, sus despojos, después de toda una vida de trabajo arduo y de especulaciones financieras privadas, que los condenen a la supresión, gota a gota, del Seguro Social. Cuídense de los saboteadores, quienes procurarán que el "Diálogo" fracase, con medidas sin importancia, lo que hará regresar la Ley a su vigencia anterior, hoy suspendida a plazo.
