Avatares de la gobernabilidad
EL OTRO día escuché a un comentarista político decir que se oponía a la gobernabilidad, postura con la que me he tropezado periódicamente en los últimos diez años, luego de que se verificara exitosamente la primera sucesión presidencial de la actual era democrática. De allí en adelante, el término gobernabilidad ha sido usado en Panamá de forma un tanto exótica, pues los sectores a fines al gobierno (del partido que sea) piensan que no es bueno ser muy críticos de los gobernantes "porque eso afecta la gobernabilidad", y los adversarios del grupo en el poder sencillamente prefieren declarar que está en contra de la gobernabilidad. Probablemente, todo lo que los últimos quieren decir, es que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que la gente que está en el gobierno la pase muy mal.
Como es fácil ver, ambos grupos usan el término de la misma manera, es decir, como si la gobernabilidad fuese una característica de la silla presidencial, y como si la discusión versase sobre qué tan cómoda debe ser. En el mejor de los casos, estas preocupaciones tienen una relación muy tangencial con lo que es una acepción anacrónica del término. A tirios y troyanos les vendría mejor suscribirse a una versión un poco más moderna para poder entablar así un intercambio más provechoso.
El uso del concepto "gobernabilidad" ha evolucionado desde que empezó a usarse hace unos 30 años y vale la pena recordar cuál fue aquella coyuntura, qué significaba entonces y con qué sentido se usaba. En un famoso libro, hoy totalmente olvidado, titulado The crisis of democracy ("La crisis de la democracia"), 1975, tres sociólogos del mundo desarrollado trataron de explicar las tensiones sociales que vivían las democracias del capitalismo avanzado. Los autores de dicha obra eran Michel Crozier, un sociólogo de las instituciones de nacionalidad francesa; Samuel Huntington, politólogo estadounidense; y Joji Watanuki, un sociólogo de las organizaciones, de identidad japonesa. Estos tres autores habían sido contratados por la Comisión Trilateral para investigar las causas y posible evolución del desasosiego sobrevenido en la sociedades más desarrolladas con la reforma fiscal del Estado, la que a su vez se había activado con el aumento de los precios del petróleo.
La Comisión Trilateral, que aún se encuentra activa, fue fundada hacia 1971 por organismos no gubernamentales de Estados Unidos, Europa y Japón, con el fin de coordinar políticas y estrategias de seguridad militar, desarrollo económico y democracia política. "La crisis de la democracia" fue el primer informe de dicho organismo y recoge las tres ponencias de los estudiosos mencionados en el orden arriba indicado, más un capítulo introductorio en el que la Trilateral habla con su propia voz y formula su posición frente a los problemas que las democracias desarrolladas enfrentaban en ese entonces. En su sección inicial, denominada "Sobre el actual pesimismo acerca de la democracia", se resumen las opiniones en boga, por aquellos días, acerca del inminente colapso de la democracia. La conclusión a la que arriba la Comisión Trilateral es que ya no es suficiente con coordinar objetivos militares ni metas de crecimiento económico, había que cuestionar las instituciones políticas mismas, pues parecían poco efectivas en su función de conducir el Estado.
Crozier fue el único de los tres autores que utilizó el término "ingobernable" y lo utilizó para referirse a la situación de las democracias centro-europeas. En su análisis, los sistemas de toma de decisiones de Estado se habían sobrecargado producto de la ineficiencia de los burócratas y la irresponsabilidad de sectores sociales más enfocados en sus intereses particulares que en una filosfía de valores cívicos. En el análisis de Huntington, el problema consistía en la creciente debilidad de las autoridades, el deterioro de la confianza pública, el aumento de la participación y la politización de sectores que, como el de la juventud, no tenía un espacio muy claro en el sistema de partidos, pero sí un discurso muy retador, pues abogaba por un igualitarismo ajeno a la política del poder. En suma, había una vaga coincidencia entre autores de distintos enfoques metodológicos y la observación de sociedades disímiles.
Así fue que se fraguó un concepto de gobernabilidad de tono muy conservador, pues su principal preocupación consistía en que el sistema democrático era incapaz de procesar y satisfacer todas las demandas sociales. En América Latina, el vocablo comenzó a utilizarse en momentos en que se producía una transición hacia la democracia y el propósito era evitar el desbordamiento social y la recaída en un nuevo autoritarismo. En todos los casos la solución propuesta fue bajarle el diapasón a la crítica y echar por la borda la idea de que había que promover la participación de los ciudadanos. Desde entonces suele entenderse que la gobernabilidad es la capacidad del gobierno de ejercer sus funciones, o bien, el conjunto de condiciones que hacen que una sociedad pueda ser gobernada.
Un concepto más evolucionado y más a tono con los tiempos en que vivimos es el de gobernabilidad democrática, el cual es una categoría valorativa para analizar los procesos mediante los cuales una sociedad busca gobernarse a sí misma. Se trata pues de una característica de la sociedad, no del gobierno, el cual es, en fin de cuentas, una expresión de esta. Para gobernarse a sí misma, una sociedad necesita generar instituciones y liderazgo que le permitan cumplir los objetivos que se ha propuesto. Es lo que Joan Prats, un cientista catalán, ha llamado el "alineamiento de capacidades y necesidades", un proceso de carácter dinámico que no puede expresarse como un dato fijo y final.
Un término más comprehensivo que el de gobernabilidad democrática es el de gobernabilidad para el desarrollo, pues aquí el "alineamiento de capacidades y necesidades" no tiene por objetivo producir una política pública solamente, o poder llevarla a cabo, sino lograr una transformación de la sociedad en dirección hacia la ampliación de las capacidades y oportunidades de sus individuos. Vislumbrado este objetivo, podemos reclamar la validez de la crítica social y política, el aumento de la participación y dejar atrás la desfasada preocupación por la "ingobernabilidad".
Como es fácil ver, ambos grupos usan el término de la misma manera, es decir, como si la gobernabilidad fuese una característica de la silla presidencial, y como si la discusión versase sobre qué tan cómoda debe ser. En el mejor de los casos, estas preocupaciones tienen una relación muy tangencial con lo que es una acepción anacrónica del término. A tirios y troyanos les vendría mejor suscribirse a una versión un poco más moderna para poder entablar así un intercambio más provechoso.
El uso del concepto "gobernabilidad" ha evolucionado desde que empezó a usarse hace unos 30 años y vale la pena recordar cuál fue aquella coyuntura, qué significaba entonces y con qué sentido se usaba. En un famoso libro, hoy totalmente olvidado, titulado The crisis of democracy ("La crisis de la democracia"), 1975, tres sociólogos del mundo desarrollado trataron de explicar las tensiones sociales que vivían las democracias del capitalismo avanzado. Los autores de dicha obra eran Michel Crozier, un sociólogo de las instituciones de nacionalidad francesa; Samuel Huntington, politólogo estadounidense; y Joji Watanuki, un sociólogo de las organizaciones, de identidad japonesa. Estos tres autores habían sido contratados por la Comisión Trilateral para investigar las causas y posible evolución del desasosiego sobrevenido en la sociedades más desarrolladas con la reforma fiscal del Estado, la que a su vez se había activado con el aumento de los precios del petróleo.
La Comisión Trilateral, que aún se encuentra activa, fue fundada hacia 1971 por organismos no gubernamentales de Estados Unidos, Europa y Japón, con el fin de coordinar políticas y estrategias de seguridad militar, desarrollo económico y democracia política. "La crisis de la democracia" fue el primer informe de dicho organismo y recoge las tres ponencias de los estudiosos mencionados en el orden arriba indicado, más un capítulo introductorio en el que la Trilateral habla con su propia voz y formula su posición frente a los problemas que las democracias desarrolladas enfrentaban en ese entonces. En su sección inicial, denominada "Sobre el actual pesimismo acerca de la democracia", se resumen las opiniones en boga, por aquellos días, acerca del inminente colapso de la democracia. La conclusión a la que arriba la Comisión Trilateral es que ya no es suficiente con coordinar objetivos militares ni metas de crecimiento económico, había que cuestionar las instituciones políticas mismas, pues parecían poco efectivas en su función de conducir el Estado.
Crozier fue el único de los tres autores que utilizó el término "ingobernable" y lo utilizó para referirse a la situación de las democracias centro-europeas. En su análisis, los sistemas de toma de decisiones de Estado se habían sobrecargado producto de la ineficiencia de los burócratas y la irresponsabilidad de sectores sociales más enfocados en sus intereses particulares que en una filosfía de valores cívicos. En el análisis de Huntington, el problema consistía en la creciente debilidad de las autoridades, el deterioro de la confianza pública, el aumento de la participación y la politización de sectores que, como el de la juventud, no tenía un espacio muy claro en el sistema de partidos, pero sí un discurso muy retador, pues abogaba por un igualitarismo ajeno a la política del poder. En suma, había una vaga coincidencia entre autores de distintos enfoques metodológicos y la observación de sociedades disímiles.
Así fue que se fraguó un concepto de gobernabilidad de tono muy conservador, pues su principal preocupación consistía en que el sistema democrático era incapaz de procesar y satisfacer todas las demandas sociales. En América Latina, el vocablo comenzó a utilizarse en momentos en que se producía una transición hacia la democracia y el propósito era evitar el desbordamiento social y la recaída en un nuevo autoritarismo. En todos los casos la solución propuesta fue bajarle el diapasón a la crítica y echar por la borda la idea de que había que promover la participación de los ciudadanos. Desde entonces suele entenderse que la gobernabilidad es la capacidad del gobierno de ejercer sus funciones, o bien, el conjunto de condiciones que hacen que una sociedad pueda ser gobernada.
Un concepto más evolucionado y más a tono con los tiempos en que vivimos es el de gobernabilidad democrática, el cual es una categoría valorativa para analizar los procesos mediante los cuales una sociedad busca gobernarse a sí misma. Se trata pues de una característica de la sociedad, no del gobierno, el cual es, en fin de cuentas, una expresión de esta. Para gobernarse a sí misma, una sociedad necesita generar instituciones y liderazgo que le permitan cumplir los objetivos que se ha propuesto. Es lo que Joan Prats, un cientista catalán, ha llamado el "alineamiento de capacidades y necesidades", un proceso de carácter dinámico que no puede expresarse como un dato fijo y final.
Un término más comprehensivo que el de gobernabilidad democrática es el de gobernabilidad para el desarrollo, pues aquí el "alineamiento de capacidades y necesidades" no tiene por objetivo producir una política pública solamente, o poder llevarla a cabo, sino lograr una transformación de la sociedad en dirección hacia la ampliación de las capacidades y oportunidades de sus individuos. Vislumbrado este objetivo, podemos reclamar la validez de la crítica social y política, el aumento de la participación y dejar atrás la desfasada preocupación por la "ingobernabilidad".
