Ayer, hoy y mañana
La Libertad de Prensa se deduce de la Libertad de Expresión y ésta de la Libertad de Pensamiento. Aunque forman una unión indisoluble e indispensable de derechos colectivos, ésta adquiere mayor relevancia porque de ella dependen muchísimos de los otros derechos ciudadanos.
Todos tenemos la obligación de protegerla y estar atentos para vigilar y denunciar cualquier intento que amenace o limite su existencia. Por eso quiero hoy llamar la atención sobre mandatos y acciones de autoridades que han convertido a Panamá en escenario de los proyectos REFORMAS A LAS LEYES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, seguido por dos casos que socavan nuestra libertad de prensa y de paso todas las demás libertades y derechos.
El primero lo conforma la rapidísima acción del Fiscal Electoral quien, ante la petición de la entonces aspirante oficialista a la Presidencia de la República, censuró la difusión de la imagen en todo anuncio político pagado que reprodujera escenas o momentos en los que, en realidad, aparecía emitiendo determinada declaración.
Ni la demandante ni la parte decisoria podrían negar la existencia del evidente interés público para la divulgación de manifestaciones o actuaciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República o cualquier otro puesto de elección. Hasta la misma candidata, después de su triunfo, ha admitido su arrepentimiento de haber demandado tal acto de censura. Ante estas declaraciones, el Tribunal Electoral declaró el viernes 12 que el lunes 15 cerrarían el caso. Con esta decisión se reprimió también el derecho y la libertad de otros ciudadanos quienes querían expresar sus opiniones por la actuación pasada o presente de cualquier candidato a puesto de elección.
La ciudadanía tiene derecho a conocer las características de la vida, no sólo de funcionarios actuales sino de los que aspiran a puestos de elección, ya que sus sueldos se cancelan con sus impuestos y su vida será afectada por decisiones de dichos funcionarios.
Al segundo lo conforma el caso de un semanario que circuló la última semana de agosto y publicó un artículo en el cual divulga una copia facsímil de la declaración jurada de renta de un ciudadano panameño. Este promovió una acción judicial y el juzgado dispuso allanar las oficinas de la compañía distribuidora, apenas cuatro días después de presentarse la demanda.
El artículo 772 del Código Fiscal se refiere únicamente a los funcionarios "que reciben, manejan y protegen las declaraciones de los contribuyentes", y no a los medios de prensa y los periodistas. Por otra parte lo publicado es cierto y verdadero, no ofende los sentimientos individuales y sociales como tampoco se injurió y calumnió a nadie. Como vemos, el ejercicio de Libertad de Prensa no se ejerció en forma abusiva.
Sí se abusó del derecho y del sistema judicial al actuar violentamente, con el allanamiento y secuestros de bienes, perjudicando al semanario y quedando agredidos económicamente dos de sus periodistas.
El Proyecto de Reformas a las "Leyes de los Organismos de Seguridad del Estado" y lo actuado por el Fiscal Electoral y la Titular del Juzgado Décimo del Circuito Civil de Panamá, son acciones típicas de censura previa que bien podrían ser el inicio de nefastos hechos sorpresivos y represivos análogos a los que todos los panameños nos vimos sometidos durante 21 años de dictadura.
La historia no es lo que solo algunos quieren que se recuerde. Acepto quizás que estoy todavía más sensitiva que otros, pero no puedo dejar de pensar, que por algo sería que una de las primeras órdenes de los militares después del golpe de 1968, fue cerrar y controlar todos los medios de comunicación. Sólo 10 días le tomó al Proceso Judicial para el despojo total de la Editora Panamá América S.A. con toda sus pertenencias, tramitado por el Juez Primero del Circuito Licenciado Lao Santizo Pérez. El Licenciado Santizo Pérez se jubiló algunos años después como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Durante estos años sin libertades, que tanto temo su resurgimiento, muchísimos fueron los panameños que perdieron sus vidas, el derecho a vivir en su patria en libertad, sus negocios, propiedades personales, etc., sin poder siquiera protestar o defenderse porque los habían despojado también de la libertad de prensa. Y todo fue sorpresivo e inesperado para la ciudadanía, pero cuidadosamente planificado por los militares, y ejecutado a solo 11 días de haber tomado posesión, elegido por el pueblo, como Presidente Constitucional de la República, el Doctor Arnulfo Arias Madrid.
"Más atroz que la gente mala es el silencio de la gente buena". Ghandi.
