Balance de la apertura de las telecomunicaciones
En tiempos en que están en boga las negociaciones comerciales y la liberalización de los mercados hay que valorar lo ocurrido en el terreno de la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Panamá. Tres años después de que Cable & Wireless Panamá (CWP) cediera su condición de exclusividad en el negocio, los resultados reflejan un efecto positivo para el país y los usuarios que tienen ante sí un amplio menú de posibilidades propiciadas por una diversidad de nuevos productos.
En este proceso, iniciado en enero del 2003, ha quedado demostrado el cuestionable papel desempeñado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) pues, en lugar de estimular la sana competencia, ha generado una serie de marchas y contramarchas que no sólo comprometen la seguridad jurídica del principal inversionista, también ha demostrado parcialidad en el caso de los nuevos operadores que ignoran su deber de servir a los sectores más necesitados y, además, reciben todas las prerrogativas para hacer un negocio sin riesgos ni compromisos sociales. Esos nuevos operadores desconocen la responsabilidad social que debe acompañar principalmente a las empresas de servicio público.
Contrario a la imagen que han tratado de vender el ERSP y algunos nuevos operadores, la realidad demuestra que en estos tres años han entrado al mercado una veintena de empresas que ofrecen alrededor de medio centenar de servicios entre telefonía básica, larga distancia nacional e internacional y telefonía pública.
Es que se sabe poco de la laxitud del ERSP en cuando a las concesiones. La normativa abrió la puerta a especuladores que obtuvieron concesiones sin presentar planes técnicos que indicaran un interés mínimo para concluir el proceso de interconexión. La dimensión del desequilibrio puede verse en las cifras. En los cuatro servicios de telefonía, propiciados por la apertura, el ERSP ha otorgado alrededor de 140 concesiones a sociedades de las cuales, en la practica, más de 80 no han manifestado intensiones de convertirse en operadores de alguna de las variantes de los sistemas de telecomunicaciones existentes en Panamá.
En el caso de la apertura del mercado de las telecomunicaciones no funciona la ecuación de que entre más concesiones mejor servicio. Sin duda que los beneficios de la apertura son palpables pero, en muchos casos, no necesariamente por el aporte de los nuevos operadores. Los agentes que han ingresado al mercado de las telecomunicaciones se han encontrado con una red en óptimas condiciones que ha servido de base para la promoción de nuevos productos, la reducción de las tarifas y el tiempo en las instalaciones de nuevos servicios.
Ahora el consumidor cuenta con un abanico de opciones reales. Pero la normativa, la política trazada por el ERSP para la apertura, permite al nuevo operador utilizar toda la infraestructura construida por CWP para una multiplicidad de servicios de telecomunicaciones aportando lo mínimo o, en muchos casos, nada a cambio. Se crearon las condiciones para que los operadores escojan, de lo que podría denominarse el pastel del mercado de las telecomunicaciones, la cereza que más les convenga, olvidándose de amplios sectores de la población que tienen todo el derecho humano de comunicarse en forma integral.
La apertura ha sido positiva para el país y los usuarios. No hay que olvidar que en el proceso de los servicios de telecomunicaciones el Estado conservó el 49% de las acciones y los trabajadores el 2%. Sólo en aportes al fisco, el Estado recibió el año pasado B/. 67.5 millones en dividendos, lo que se suma a un total de B/. 2,500 millones en aportes a la economía nacional desde que la empresa pública pasó parcialmente a manos privadas. Igualmente, los usuarios han visto una drástica disminución en las tarifas de larga distancia nacional e internacional, junto con nuevos servicios a precios competitivos. La privatización permitió, además, modernizar la red, darle estabilidad y mayor eficiencia. Por lo visto, la apertura también ha sido buena para esos agentes que han invertido el mínimo para lograr la mayor rentabilidad.
En este proceso, iniciado en enero del 2003, ha quedado demostrado el cuestionable papel desempeñado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) pues, en lugar de estimular la sana competencia, ha generado una serie de marchas y contramarchas que no sólo comprometen la seguridad jurídica del principal inversionista, también ha demostrado parcialidad en el caso de los nuevos operadores que ignoran su deber de servir a los sectores más necesitados y, además, reciben todas las prerrogativas para hacer un negocio sin riesgos ni compromisos sociales. Esos nuevos operadores desconocen la responsabilidad social que debe acompañar principalmente a las empresas de servicio público.
Contrario a la imagen que han tratado de vender el ERSP y algunos nuevos operadores, la realidad demuestra que en estos tres años han entrado al mercado una veintena de empresas que ofrecen alrededor de medio centenar de servicios entre telefonía básica, larga distancia nacional e internacional y telefonía pública.
Es que se sabe poco de la laxitud del ERSP en cuando a las concesiones. La normativa abrió la puerta a especuladores que obtuvieron concesiones sin presentar planes técnicos que indicaran un interés mínimo para concluir el proceso de interconexión. La dimensión del desequilibrio puede verse en las cifras. En los cuatro servicios de telefonía, propiciados por la apertura, el ERSP ha otorgado alrededor de 140 concesiones a sociedades de las cuales, en la practica, más de 80 no han manifestado intensiones de convertirse en operadores de alguna de las variantes de los sistemas de telecomunicaciones existentes en Panamá.
En el caso de la apertura del mercado de las telecomunicaciones no funciona la ecuación de que entre más concesiones mejor servicio. Sin duda que los beneficios de la apertura son palpables pero, en muchos casos, no necesariamente por el aporte de los nuevos operadores. Los agentes que han ingresado al mercado de las telecomunicaciones se han encontrado con una red en óptimas condiciones que ha servido de base para la promoción de nuevos productos, la reducción de las tarifas y el tiempo en las instalaciones de nuevos servicios.
Ahora el consumidor cuenta con un abanico de opciones reales. Pero la normativa, la política trazada por el ERSP para la apertura, permite al nuevo operador utilizar toda la infraestructura construida por CWP para una multiplicidad de servicios de telecomunicaciones aportando lo mínimo o, en muchos casos, nada a cambio. Se crearon las condiciones para que los operadores escojan, de lo que podría denominarse el pastel del mercado de las telecomunicaciones, la cereza que más les convenga, olvidándose de amplios sectores de la población que tienen todo el derecho humano de comunicarse en forma integral.
La apertura ha sido positiva para el país y los usuarios. No hay que olvidar que en el proceso de los servicios de telecomunicaciones el Estado conservó el 49% de las acciones y los trabajadores el 2%. Sólo en aportes al fisco, el Estado recibió el año pasado B/. 67.5 millones en dividendos, lo que se suma a un total de B/. 2,500 millones en aportes a la economía nacional desde que la empresa pública pasó parcialmente a manos privadas. Igualmente, los usuarios han visto una drástica disminución en las tarifas de larga distancia nacional e internacional, junto con nuevos servicios a precios competitivos. La privatización permitió, además, modernizar la red, darle estabilidad y mayor eficiencia. Por lo visto, la apertura también ha sido buena para esos agentes que han invertido el mínimo para lograr la mayor rentabilidad.
