Balance en torno a la última Asamblea de la OEA
Las perspectivas de los derechos humanos están presentes en los procesos de ese organismo internacional.
EN MEDIO del triste rumor de los pasos de cientos de hermanos americanos que se alejan de nuestras fronteras, concluyó la 37 Sesión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá, recientemente.
Así finaliza un ciclo de un año de trabajo en el que 150 organizaciones pertenecientes a la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos de las Américas (a la que pertenecen Derechos y Democracia de Canadá, Amnistía Internacional, CEJIL, etc.), y más de 30 ONGs de derechos humanos panameñas; presentaron nacional e internacionalmente sus observaciones, aquellas respecto a puntos medulares para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil hemisférica en los procesos de Cumbres, y Asambleas Generales de la OEA, éstas en cuanto al análisis de la situación de los derechos humanos en Panamá.
Como observador del proceso, aprovecho la oportunidad para reconocer la fructífera labor realizada por la Coalición, ya que su trabajo, guiado por la misión de garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos humanos en el hemisferio, ha significado que las perspectivas de éstos estén presentes en los procesos de la OEA y en los documentos que de allí surgen. Ahí están visibles los resultados alcanzados en la Declaración de la Cumbre de Mar del Plata y en la reciente Declaración de Panamá, que si bien son textos perfectibles, representan avances importantes en el ámbito regional.
Pero existen otros logros importantes alcanzados por la Coalición, esta vez de la mano de las ONGs locales. Por ejemplo, y a partir de la visión del Dr. Alfredo Castillero Hoyos, miembros de Ongs amigas, incluyendo al CIDEM, formularon propuestas pertinentes a la Declaración de los Cancilleres sobe Energía para el Desarrollo Sostenible, que se entregaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el pasado 8 de mayo, y a los cancilleres del hemisferio reunidos en Washington en el diálogo que sostuvieron con la sociedad civil hemisférica el 12 de mayo. Los textos propuestos lograron la incorporación a la Declaración de Panamá del "derecho al desarrollo", hecho pionero en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El alcance de esa inclusión se entiende si se considera el significado del derecho al desarrollo, el cual puede definirse como aquel "en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él". Esto demuestra la importancia que puede tener la participación de la sociedad civil en los foros regionales, hecho que en Washington fue resaltado por los cancilleres de Chile y la representante de la delegación de México, quienes reconocieron que aportes como los de las ONGs panameñas, enriquecían y justificaban los procesos de participación.
La dinámica iniciada entre las organizaciones locales a raíz de la gestión de la Coalición produjo resultados notables, entre los cuales por su relevancia, valen destacar dos: la coordinación de esfuerzos de organizaciones de sociedad civil, con diversas visiones de la realidad nacional (hecho inédito en nuestro país, al menos en las dos pasadas décadas), unidas para producir una Declaración Conjunta, en donde se describió la situación de los derechos humanos en Panamá, de cara a la Asamblea General.
La Declaración, que fue presentada al Secretario General de la OEA, y que recibió amplísima difusión en medios internacionales y locales, recoge las preocupaciones de las Ong locales en materia de derechos humanos, y del análisis de la realidad nacional por éstas efectuado; se concluye la existencia de graves problemas estructurales que provocan la vulneración de los derechos humanos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado panameño, entre las cuales resaltan particularmente:
La presencia de diversas formas de discriminación, incluyendo las dirigidas contra la mujer, los pueblos indígenas, los y las afro-descendientes; las personas que viven con VIH/SIDA; aquellas con discapacidades; la impunidad de los victimarios y la ausencia de verdad, justicia y reparación suficiente para las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y en la genocida invasión militar norteamericana a Panamá en 1989; el maltrato policial y las deplorables condiciones carcelarias que conllevan tratos crueles, inhumanos y degradantes; la ausencia de respuestas efectivas a situaciones prolongadas de refugio; la crisis del sector justicia; el impacto de la corrupción (y la impunidad de la misma) sobre los derechos humanos; la criminalización de la protesta social; la desnutrición infantil; las altas tasas de desempleo e informalidad laboral; las limitaciones al derecho de sindicación y huelga en ciertos sectores de la economía; la inseguridad en los sitios de trabajo; el trabajo infantil; la extremadamente desigual distribución de la riqueza; la extendida pobreza rural; entre otros.
Ese panorama demanda la necesidad de realizar esfuerzos para revertir las situaciones detalladas. La coyuntura de la próxima elección del Defensor(a) del Pueblo se plantea como momento propicio para atender nuestras preocupaciones, por lo que esperamos que ello se dé a través de un proceso que considere la participación, las opiniones y propuestas que emanan de la sociedad civil, permitiéndose así restablecer la entereza de una institución, vital para el fortalecimiento de nuestra democracia, y el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
(*) Vocero de la Comisión de Derechos Humanos del CIDEM
opinioneshumanrights@yahoo.es
EN MEDIO del triste rumor de los pasos de cientos de hermanos americanos que se alejan de nuestras fronteras, concluyó la 37 Sesión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá, recientemente.
Así finaliza un ciclo de un año de trabajo en el que 150 organizaciones pertenecientes a la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos de las Américas (a la que pertenecen Derechos y Democracia de Canadá, Amnistía Internacional, CEJIL, etc.), y más de 30 ONGs de derechos humanos panameñas; presentaron nacional e internacionalmente sus observaciones, aquellas respecto a puntos medulares para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil hemisférica en los procesos de Cumbres, y Asambleas Generales de la OEA, éstas en cuanto al análisis de la situación de los derechos humanos en Panamá.
Como observador del proceso, aprovecho la oportunidad para reconocer la fructífera labor realizada por la Coalición, ya que su trabajo, guiado por la misión de garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos humanos en el hemisferio, ha significado que las perspectivas de éstos estén presentes en los procesos de la OEA y en los documentos que de allí surgen. Ahí están visibles los resultados alcanzados en la Declaración de la Cumbre de Mar del Plata y en la reciente Declaración de Panamá, que si bien son textos perfectibles, representan avances importantes en el ámbito regional.
Pero existen otros logros importantes alcanzados por la Coalición, esta vez de la mano de las ONGs locales. Por ejemplo, y a partir de la visión del Dr. Alfredo Castillero Hoyos, miembros de Ongs amigas, incluyendo al CIDEM, formularon propuestas pertinentes a la Declaración de los Cancilleres sobe Energía para el Desarrollo Sostenible, que se entregaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el pasado 8 de mayo, y a los cancilleres del hemisferio reunidos en Washington en el diálogo que sostuvieron con la sociedad civil hemisférica el 12 de mayo. Los textos propuestos lograron la incorporación a la Declaración de Panamá del "derecho al desarrollo", hecho pionero en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El alcance de esa inclusión se entiende si se considera el significado del derecho al desarrollo, el cual puede definirse como aquel "en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él". Esto demuestra la importancia que puede tener la participación de la sociedad civil en los foros regionales, hecho que en Washington fue resaltado por los cancilleres de Chile y la representante de la delegación de México, quienes reconocieron que aportes como los de las ONGs panameñas, enriquecían y justificaban los procesos de participación.
La dinámica iniciada entre las organizaciones locales a raíz de la gestión de la Coalición produjo resultados notables, entre los cuales por su relevancia, valen destacar dos: la coordinación de esfuerzos de organizaciones de sociedad civil, con diversas visiones de la realidad nacional (hecho inédito en nuestro país, al menos en las dos pasadas décadas), unidas para producir una Declaración Conjunta, en donde se describió la situación de los derechos humanos en Panamá, de cara a la Asamblea General.
La Declaración, que fue presentada al Secretario General de la OEA, y que recibió amplísima difusión en medios internacionales y locales, recoge las preocupaciones de las Ong locales en materia de derechos humanos, y del análisis de la realidad nacional por éstas efectuado; se concluye la existencia de graves problemas estructurales que provocan la vulneración de los derechos humanos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado panameño, entre las cuales resaltan particularmente:
La presencia de diversas formas de discriminación, incluyendo las dirigidas contra la mujer, los pueblos indígenas, los y las afro-descendientes; las personas que viven con VIH/SIDA; aquellas con discapacidades; la impunidad de los victimarios y la ausencia de verdad, justicia y reparación suficiente para las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y en la genocida invasión militar norteamericana a Panamá en 1989; el maltrato policial y las deplorables condiciones carcelarias que conllevan tratos crueles, inhumanos y degradantes; la ausencia de respuestas efectivas a situaciones prolongadas de refugio; la crisis del sector justicia; el impacto de la corrupción (y la impunidad de la misma) sobre los derechos humanos; la criminalización de la protesta social; la desnutrición infantil; las altas tasas de desempleo e informalidad laboral; las limitaciones al derecho de sindicación y huelga en ciertos sectores de la economía; la inseguridad en los sitios de trabajo; el trabajo infantil; la extremadamente desigual distribución de la riqueza; la extendida pobreza rural; entre otros.
Ese panorama demanda la necesidad de realizar esfuerzos para revertir las situaciones detalladas. La coyuntura de la próxima elección del Defensor(a) del Pueblo se plantea como momento propicio para atender nuestras preocupaciones, por lo que esperamos que ello se dé a través de un proceso que considere la participación, las opiniones y propuestas que emanan de la sociedad civil, permitiéndose así restablecer la entereza de una institución, vital para el fortalecimiento de nuestra democracia, y el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
(*) Vocero de la Comisión de Derechos Humanos del CIDEM
opinioneshumanrights@yahoo.es
