Bananeras: injusticia social
Una constante histórica rige el destino de los trabajadores de las fincas bananeras independientes, en Divalá, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí: luchar permanentemente por sus derechos, porque las fuerzas del capital siempre operan en su contra y los gobiernos que se suceden inclinan deliberadamente su balanza hacia el sector empresarial.
Desde que se establecieron en dicha región 14 fincas bananeras, en los años 60 del pasado siglo, cientos de obreros se han visto sometidos a continuas violaciones de sus conquistas laborales, acentuadas en el último lustro por la crisis de este producto en el mercado mundial, condiciones agroclimáticas adversas (sequías, inundaciones, plagas) y, especialmente, por la actitud caprichosa de los propietarios, amparados por el paraguas de los regentes del Ministerio de Trabajo y, paradójicamente mal llamado, de Bienestar Social.
Paulino Cedeño, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes, asegura que en 2002, el gobierno y los productores le impusieron a los empleados un acuerdo que establecía el pago progresivo de las indemnizaciones y una recontratación con la cual abandonaban todas las conquistas planteadas en la antigua convención colectiva. En ese momento, los trabajadores se vieron impelidos a aceptar este acuerdo que les reducía drásticamente el salario (hasta en un 50%) y les cercenaba otros beneficios, sino quedarían anulados sus mecanismos de supervivencia. A pesar de los acuerdos logrados, seis de las fincas bananeras cerraron operaciones y más de 800 obreros quedaron sin empleo, fenómeno que ha acentuado la depauperización de los habitantes de la región.
La dirigencia sindical considera que las autoridades no han sabido manejar la Ley 24 del Fondo Especial de Crédito de Contingencia, porque los latifundistas utilizan los dineros destinados a la recuperación de las plantaciones en otras actividades, menoscabando así los intereses y el sustento diario de los empleados.
Con ese proceder, pareciera que existe una componenda entre productores y gobierno, ya que hasta la fecha los primeros han recibido $8.5 millones para levantar las fincas y es evidente que las condiciones de las mismas se están deteriorando.
El pasado abril, debido a que los productores no han cumplido con el último pago del 25% del pasivo laboral (según lo acordado en 2002), los trabajadores tomaron medidas de presión para lograr el desembolso, pero fueron reprimidos por antimotines que lanzaron perdigones y bombas lacrimógenas, incluso en las viviendas donde se encontraban mujeres y niños. Varios detenidos y heridos fue el saldo de este enfrentamiento que tuvo por escenario el miserable y deprimente ambiente de los bananales.
Para colmo de males, algunas de estas fincas no pagan, desde hace seis meses, las aportaciones a la CSS, pese a que efectúan el descuento a los trabajadores. La denuncia por apropiación indebida de los bienes del Estado ha sido interpuesta pero, como siempre, se espera que las autoridades hagan caso omiso a este tipo de arbitrariedades que desmedran a los humildes trabajadores bananeros. Esta triste realidad vivida por los obreros del antaño "oro verde" apoya la tesis del economista venezolano Maza Zavala: el latifundio integra, a veces como Rey Sol, una constelación de poder que multiplica los hambrientos pero no los panes.
La caótica política de recursos hídricos del Estado está difuminada en un laberinto burocrático que algunas veces representan intereses contrapuestos y excluyentes. Un ejemplo es la concesión de aguas sobre el río Chiriquí Viejo, con desarrollos hidroeléctricos distintos, donde se combinan desordenadamente embalses para acumulación diaria, represas para aguas fluyentes y sistemas de centrales en serie o cascada donde el agua turbinada de un proyecto es utilizada por otro. Cualquier embalse de acumulación diaria, en la época seca, provocaría el colapso de las otras centrales aguas abajo y causaría serias ineficiencias a los sistemas de riego y acueductos existentes.
El desarrollo hidroeléctrico plantea retos para Panamá. El verdadero enemigo del ambiente no es el desarrollo económico, es la pobreza.
El acatamiento a las leyes ambientales, la compensación a valor real de mercado para las comunidades campesinas unido a las políticas de mitigación del impacto social, son necesarias para abordar esta compleja tarea. En este tema, la ley del más fuerte no funciona.
Desde que se establecieron en dicha región 14 fincas bananeras, en los años 60 del pasado siglo, cientos de obreros se han visto sometidos a continuas violaciones de sus conquistas laborales, acentuadas en el último lustro por la crisis de este producto en el mercado mundial, condiciones agroclimáticas adversas (sequías, inundaciones, plagas) y, especialmente, por la actitud caprichosa de los propietarios, amparados por el paraguas de los regentes del Ministerio de Trabajo y, paradójicamente mal llamado, de Bienestar Social.
Paulino Cedeño, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes, asegura que en 2002, el gobierno y los productores le impusieron a los empleados un acuerdo que establecía el pago progresivo de las indemnizaciones y una recontratación con la cual abandonaban todas las conquistas planteadas en la antigua convención colectiva. En ese momento, los trabajadores se vieron impelidos a aceptar este acuerdo que les reducía drásticamente el salario (hasta en un 50%) y les cercenaba otros beneficios, sino quedarían anulados sus mecanismos de supervivencia. A pesar de los acuerdos logrados, seis de las fincas bananeras cerraron operaciones y más de 800 obreros quedaron sin empleo, fenómeno que ha acentuado la depauperización de los habitantes de la región.
La dirigencia sindical considera que las autoridades no han sabido manejar la Ley 24 del Fondo Especial de Crédito de Contingencia, porque los latifundistas utilizan los dineros destinados a la recuperación de las plantaciones en otras actividades, menoscabando así los intereses y el sustento diario de los empleados.
Con ese proceder, pareciera que existe una componenda entre productores y gobierno, ya que hasta la fecha los primeros han recibido $8.5 millones para levantar las fincas y es evidente que las condiciones de las mismas se están deteriorando.
El pasado abril, debido a que los productores no han cumplido con el último pago del 25% del pasivo laboral (según lo acordado en 2002), los trabajadores tomaron medidas de presión para lograr el desembolso, pero fueron reprimidos por antimotines que lanzaron perdigones y bombas lacrimógenas, incluso en las viviendas donde se encontraban mujeres y niños. Varios detenidos y heridos fue el saldo de este enfrentamiento que tuvo por escenario el miserable y deprimente ambiente de los bananales.
Para colmo de males, algunas de estas fincas no pagan, desde hace seis meses, las aportaciones a la CSS, pese a que efectúan el descuento a los trabajadores. La denuncia por apropiación indebida de los bienes del Estado ha sido interpuesta pero, como siempre, se espera que las autoridades hagan caso omiso a este tipo de arbitrariedades que desmedran a los humildes trabajadores bananeros. Esta triste realidad vivida por los obreros del antaño "oro verde" apoya la tesis del economista venezolano Maza Zavala: el latifundio integra, a veces como Rey Sol, una constelación de poder que multiplica los hambrientos pero no los panes.
La caótica política de recursos hídricos del Estado está difuminada en un laberinto burocrático que algunas veces representan intereses contrapuestos y excluyentes. Un ejemplo es la concesión de aguas sobre el río Chiriquí Viejo, con desarrollos hidroeléctricos distintos, donde se combinan desordenadamente embalses para acumulación diaria, represas para aguas fluyentes y sistemas de centrales en serie o cascada donde el agua turbinada de un proyecto es utilizada por otro. Cualquier embalse de acumulación diaria, en la época seca, provocaría el colapso de las otras centrales aguas abajo y causaría serias ineficiencias a los sistemas de riego y acueductos existentes.
El desarrollo hidroeléctrico plantea retos para Panamá. El verdadero enemigo del ambiente no es el desarrollo económico, es la pobreza.
El acatamiento a las leyes ambientales, la compensación a valor real de mercado para las comunidades campesinas unido a las políticas de mitigación del impacto social, son necesarias para abordar esta compleja tarea. En este tema, la ley del más fuerte no funciona.
