¡Basta de concesiones!
En días pasados amigos, generalmente bien informados, confirmaban mis crecientes temores que detrás de la iniciativa de las reformas constitucionales y del TLC existen intenciones de favorecer a empresas estadounidenses para que participen en "condiciones preferenciales" en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
Esos mismos amigos señalaban que la premura no era del Gobierno Nacional, sino del norteamericano, porque ante la salida de la presidenta Mireya Moscoso, el próximo 31 de agosto, querían tener aprobado este paquete "casao"; ya que, en un principio, pensaban que el gobierno de Patria Nueva podría mostrarse renuente a que le aprobaran sus pretensiones.
El temor que al principio tuvieron los gringos sobre Patria Nueva se basaba en experiencias pasadas, en las que el PRD y la administración del presidente Pérez Balladares habían sido muy nacionalista y que, en esa línea, prefirieron entenderse con los chinos, "entregándole" los puertos principales del país, Balboa y Cristóbal, afectando las aspiraciones de los norteamericanos por explotar ese negocio. Agregaban que los gringos todavía se sentían seriamente molestos por que Panamá prefirió a la empresa Huchinson, en vez de tener en sus riberas a una empresa tan prestigiosa -al decir de los gringos- como la Betchtel, administrando los puertos y el ferrocarril transístmico.
Recordé que la Huchinson, la empresa operadora de puertos más grande del mundo, se ganó la concesión portuaria cuando mejoró la oferta norteamericana en más de $$20 millones ¡mensuales!, hoy perdidos por el fisco a consecuencia de una graciosa y no muy transparente movida del patriótico gobierno arnulfista. Aclaré a mis interlocutores que en el fondo la posición del mandatario Pérez Balladares, y del PRD, nunca estuvo teñida de sentimientos antinorteamericanos. Lo central de estas decisiones fue el interés nacional, que nos llevaba a ponderar lo más beneficioso para el país, por encima del orgullo que algunos en Estados Unidos (EU) pudiesen tener sobre sus empresas.
La información de mis amigos fueron confirmadas por las declaraciones desembozadas que dio la Sra. Regina Vargo, jefa de la delegación de EU en lo del TLC, cuando dijo a los medios nacionales: "Tenemos un genuino interés en el Canal y estaríamos dispuestos a hacer algunos ajustes sobre ciertas obligaciones dentro del capítulo de compras gubernamentales del TLC, mediante el cual Estados Unidos aspira a que las empresas estadounidenses participen - "con un acceso preferencial"- en obras de ampliación del Canal".
No cabe duda que la reforma del Art. 319, referente a las transacciones de compras de bienes y servicios por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), encuentra su explicación en las declaraciones de la Sra. Vargo, y aclara la forma exabrupta en que el tema de las reformas constitucionales llegó a la Asamblea Legislativa, así como también que el debate de los TLC se prolongará a la próxima administración.
Realmente nadie ha podido explicar, política ni técnicamente, en qué consisten los beneficios que brindará el TLC a Panamá. Lo que vemos diariamente son manifestaciones de empresarios agropecuarios, profesionales y trabajadores en las calles, sustentando que esos acuerdos no benefician en nada a Panamá, mientras que en EU los políticos se encuentran divididos por el tema; un sector considera a estos tratados negativamente, por las pérdidas netas de empleos que EU ha sufrido en los últimos años, llevando al Senador Kerry a decir que revisará esas políticas tan pronto llegue al poder.
Si todo indica que el TLC con EU es un embudo, en que la parte más angosta le toca a Panamá y que a los estadounidenses sólo interesa tener una posición privilegiada en las compras de bienes y servicios de la ACP, ¿por qué no suspender estas negaciones hasta que el panorama se presente más claro?
El derecho a decir no, cuando las circunstancias lo ameriten y el interés nacional lo exija, no debe alterar a nadie. El futuro gobierno deberá tener esto muy en cuenta, pues en sus filas hay quienes piensan más en los beneficios personales, por los negocios que tienen con empresarios norteamericanos, que en el interés nacional.
Entendemos que los norteamericanos tienen todo el derecho a participar con sus empresas en la futura ampliación del Canal, pero ello debe ser en igualdad de condiciones con las empresas de otras naciones. Es así como se garantiza el interés nacional en el plano económico, no con privilegios ni favoritismo, como ha hecho el gobierno saliente, aprobando tratados secretos de seguridad -de vigilancia sobre nuestros cielos y mares-; cambiando las leyes bancarias con dictámenes desde Washington, afectándose el sistema bancario nacional e incrementando el desempleo; aprobando tratados comerciales y cambios en la Constitución para brindarle a las empresas de EU "tratos preferenciales" sin que se vean beneficios tangibles para nuestro país.
Como también es inaceptable que siendo hoy Panamá un país libre, soberano y democrático se acepte, mansa e ignominiosamente, tachas de funcionarios de la Embajada norteamericana a quienes suenan para ocupar altos cargos públicos en el próximo gobierno, porque consideran que afecta a su seguridad nacional. Estamos no sólo frente a sinverguenzuras, sino peor: ante una situación indignante e intolerable que debemos rechazar de plano de una vez por todas. ¿O es que nadie quiere perder la visa para entrar a EU? Todo esto no es más que insultos y un retroceso en la lucha generacional.
Esos mismos amigos señalaban que la premura no era del Gobierno Nacional, sino del norteamericano, porque ante la salida de la presidenta Mireya Moscoso, el próximo 31 de agosto, querían tener aprobado este paquete "casao"; ya que, en un principio, pensaban que el gobierno de Patria Nueva podría mostrarse renuente a que le aprobaran sus pretensiones.
El temor que al principio tuvieron los gringos sobre Patria Nueva se basaba en experiencias pasadas, en las que el PRD y la administración del presidente Pérez Balladares habían sido muy nacionalista y que, en esa línea, prefirieron entenderse con los chinos, "entregándole" los puertos principales del país, Balboa y Cristóbal, afectando las aspiraciones de los norteamericanos por explotar ese negocio. Agregaban que los gringos todavía se sentían seriamente molestos por que Panamá prefirió a la empresa Huchinson, en vez de tener en sus riberas a una empresa tan prestigiosa -al decir de los gringos- como la Betchtel, administrando los puertos y el ferrocarril transístmico.
Recordé que la Huchinson, la empresa operadora de puertos más grande del mundo, se ganó la concesión portuaria cuando mejoró la oferta norteamericana en más de $$20 millones ¡mensuales!, hoy perdidos por el fisco a consecuencia de una graciosa y no muy transparente movida del patriótico gobierno arnulfista. Aclaré a mis interlocutores que en el fondo la posición del mandatario Pérez Balladares, y del PRD, nunca estuvo teñida de sentimientos antinorteamericanos. Lo central de estas decisiones fue el interés nacional, que nos llevaba a ponderar lo más beneficioso para el país, por encima del orgullo que algunos en Estados Unidos (EU) pudiesen tener sobre sus empresas.
La información de mis amigos fueron confirmadas por las declaraciones desembozadas que dio la Sra. Regina Vargo, jefa de la delegación de EU en lo del TLC, cuando dijo a los medios nacionales: "Tenemos un genuino interés en el Canal y estaríamos dispuestos a hacer algunos ajustes sobre ciertas obligaciones dentro del capítulo de compras gubernamentales del TLC, mediante el cual Estados Unidos aspira a que las empresas estadounidenses participen - "con un acceso preferencial"- en obras de ampliación del Canal".
No cabe duda que la reforma del Art. 319, referente a las transacciones de compras de bienes y servicios por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), encuentra su explicación en las declaraciones de la Sra. Vargo, y aclara la forma exabrupta en que el tema de las reformas constitucionales llegó a la Asamblea Legislativa, así como también que el debate de los TLC se prolongará a la próxima administración.
Realmente nadie ha podido explicar, política ni técnicamente, en qué consisten los beneficios que brindará el TLC a Panamá. Lo que vemos diariamente son manifestaciones de empresarios agropecuarios, profesionales y trabajadores en las calles, sustentando que esos acuerdos no benefician en nada a Panamá, mientras que en EU los políticos se encuentran divididos por el tema; un sector considera a estos tratados negativamente, por las pérdidas netas de empleos que EU ha sufrido en los últimos años, llevando al Senador Kerry a decir que revisará esas políticas tan pronto llegue al poder.
Si todo indica que el TLC con EU es un embudo, en que la parte más angosta le toca a Panamá y que a los estadounidenses sólo interesa tener una posición privilegiada en las compras de bienes y servicios de la ACP, ¿por qué no suspender estas negaciones hasta que el panorama se presente más claro?
El derecho a decir no, cuando las circunstancias lo ameriten y el interés nacional lo exija, no debe alterar a nadie. El futuro gobierno deberá tener esto muy en cuenta, pues en sus filas hay quienes piensan más en los beneficios personales, por los negocios que tienen con empresarios norteamericanos, que en el interés nacional.
Entendemos que los norteamericanos tienen todo el derecho a participar con sus empresas en la futura ampliación del Canal, pero ello debe ser en igualdad de condiciones con las empresas de otras naciones. Es así como se garantiza el interés nacional en el plano económico, no con privilegios ni favoritismo, como ha hecho el gobierno saliente, aprobando tratados secretos de seguridad -de vigilancia sobre nuestros cielos y mares-; cambiando las leyes bancarias con dictámenes desde Washington, afectándose el sistema bancario nacional e incrementando el desempleo; aprobando tratados comerciales y cambios en la Constitución para brindarle a las empresas de EU "tratos preferenciales" sin que se vean beneficios tangibles para nuestro país.
Como también es inaceptable que siendo hoy Panamá un país libre, soberano y democrático se acepte, mansa e ignominiosamente, tachas de funcionarios de la Embajada norteamericana a quienes suenan para ocupar altos cargos públicos en el próximo gobierno, porque consideran que afecta a su seguridad nacional. Estamos no sólo frente a sinverguenzuras, sino peor: ante una situación indignante e intolerable que debemos rechazar de plano de una vez por todas. ¿O es que nadie quiere perder la visa para entrar a EU? Todo esto no es más que insultos y un retroceso en la lucha generacional.
