Basura bajo la alfombra II
El ejercicio de un periodismo honesto, valiente y comprometido con los valores éticos y con el desarrollo humano, es uno de las principales atalayas que tienen los pueblos contra toda forma de corrupción. El periodista es el cuestionador constante frente a gobernantes y autoridades que deben responder por la eficacia de la gestión, así como por la correspondencia entre las aspiraciones y necesidades de la sociedad y las políticas públicas.
Como ya se ha dicho, la corrupción es en realidad presente en la mayoría de los países en desarrollo, y constituye una de las causas fundamentales del subdesarrollo y la pobreza. De allí, lo grave de este delito que demerita y disminuye el trabajo honesto y constructivo, e impone una suerte de "juega vivo", que abierta o solapadamente se burla de su principal víctima, la sociedad.
Pero si estamos de acuerdo en que la corrupción no sólo es el mal uso de los dineros y bienes públicos, el uso y recibo de sobornos, la malversación de fondos, robo directo de fondos públicos, el padrinazgo, el nepotismo, y el tráfico de influencias, debemos también reconocer como corrupción, la aplicación de políticas que atenten contra el desarrollo social y económico de los pueblos. También tendrían iguales efectos los acuerdos nacionales o internacionales, que beneficien de manera injusta a sectores privilegiados, en desmedro de los sectores desfavorecidos e indefensos.
El neoliberalismo ha convertido la economía en un casino mundial, en donde todos estamos obligados a apostar con las cartas y los números que ellos escogen para nosotros, y son los "dealers" y los dueños del casino los que siempre ganan.
Después de un largo proceso de ajustes estructurales, se pasó al de privatizaciones, en donde los servicios y prestaciones sociales que brinda el Estado se convierten en negocios perfectos, porque se trata de servicios públicos vitales como transporte, energía eléctrica, telefonía, salud, agua potable, educación, sistema penitenciario, programas sociales de vivienda, etc. La clientela cautiva es la propia sociedad, que ahora tendrá que pagar por los servicios de una infraestructura que antes era de todos. Negocio perfecto.
El neoliberalismo en nuestros países ha impuesto, a través de sus agencias, reformas en seis áreas definidas: la liberalización comercial, la política tributaria, la desregulación financiera, la privatización, la legislación laboral y la transformación del sistema de pensiones.
Los resultados de estas políticas, que eliminan todo tipo de regulación por parte del Estado, ya han tenido consecuencias en el creciente índice de desempleo y desprotección social, aumentando el número y castigo de los sectores marginados, o excluidos sociales, que antes tenían acceso a la seguridad, a la justicia, a la salud, al agua potable, a la vivienda, a la telefonía, a la energía eléctrica y a la educación. Hoy serán reducidos a estadísticas de pobreza. Y como dijo un presidente latinoamericano "solamente un 30% de la población podrá contar con la protección del Estado, y el otro 70% tendrá que contar con la protección de Dios".
Las implicaciones del deterioro económico y social del neoliberalismo acrecenta la desigualdad de oportunidades, la exclusión de los pobres y genera un Estado restringido, cuyas pocas funciones frente al poder económico dominante, le inhabilita su autoridad, su credibilidad y su gobernabilidad. Las aspiraciones de una sociedad participativa, solidaria y democrática, se diluyen frente al individualismo y la fragmentación social, que fomentan, el canibalismo agiotista.
Si la aplicación de estas políticas son violatorias a los elementales derechos humanos, y, al margen de las valoraciones técnicas y econométricas y la poca capacidad del Estado, la brecha entre ricos y pobres es mayor, es evidente que la corrupción y la impunidad se filtran en la porosidad social, enfermando el cuerpo nacional. Y eso no puede esconderse bajo la alfombra, por más fina que ésta sea.
Como ya se ha dicho, la corrupción es en realidad presente en la mayoría de los países en desarrollo, y constituye una de las causas fundamentales del subdesarrollo y la pobreza. De allí, lo grave de este delito que demerita y disminuye el trabajo honesto y constructivo, e impone una suerte de "juega vivo", que abierta o solapadamente se burla de su principal víctima, la sociedad.
Pero si estamos de acuerdo en que la corrupción no sólo es el mal uso de los dineros y bienes públicos, el uso y recibo de sobornos, la malversación de fondos, robo directo de fondos públicos, el padrinazgo, el nepotismo, y el tráfico de influencias, debemos también reconocer como corrupción, la aplicación de políticas que atenten contra el desarrollo social y económico de los pueblos. También tendrían iguales efectos los acuerdos nacionales o internacionales, que beneficien de manera injusta a sectores privilegiados, en desmedro de los sectores desfavorecidos e indefensos.
El neoliberalismo ha convertido la economía en un casino mundial, en donde todos estamos obligados a apostar con las cartas y los números que ellos escogen para nosotros, y son los "dealers" y los dueños del casino los que siempre ganan.
Después de un largo proceso de ajustes estructurales, se pasó al de privatizaciones, en donde los servicios y prestaciones sociales que brinda el Estado se convierten en negocios perfectos, porque se trata de servicios públicos vitales como transporte, energía eléctrica, telefonía, salud, agua potable, educación, sistema penitenciario, programas sociales de vivienda, etc. La clientela cautiva es la propia sociedad, que ahora tendrá que pagar por los servicios de una infraestructura que antes era de todos. Negocio perfecto.
El neoliberalismo en nuestros países ha impuesto, a través de sus agencias, reformas en seis áreas definidas: la liberalización comercial, la política tributaria, la desregulación financiera, la privatización, la legislación laboral y la transformación del sistema de pensiones.
Los resultados de estas políticas, que eliminan todo tipo de regulación por parte del Estado, ya han tenido consecuencias en el creciente índice de desempleo y desprotección social, aumentando el número y castigo de los sectores marginados, o excluidos sociales, que antes tenían acceso a la seguridad, a la justicia, a la salud, al agua potable, a la vivienda, a la telefonía, a la energía eléctrica y a la educación. Hoy serán reducidos a estadísticas de pobreza. Y como dijo un presidente latinoamericano "solamente un 30% de la población podrá contar con la protección del Estado, y el otro 70% tendrá que contar con la protección de Dios".
Las implicaciones del deterioro económico y social del neoliberalismo acrecenta la desigualdad de oportunidades, la exclusión de los pobres y genera un Estado restringido, cuyas pocas funciones frente al poder económico dominante, le inhabilita su autoridad, su credibilidad y su gobernabilidad. Las aspiraciones de una sociedad participativa, solidaria y democrática, se diluyen frente al individualismo y la fragmentación social, que fomentan, el canibalismo agiotista.
Si la aplicación de estas políticas son violatorias a los elementales derechos humanos, y, al margen de las valoraciones técnicas y econométricas y la poca capacidad del Estado, la brecha entre ricos y pobres es mayor, es evidente que la corrupción y la impunidad se filtran en la porosidad social, enfermando el cuerpo nacional. Y eso no puede esconderse bajo la alfombra, por más fina que ésta sea.
