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"La justicia tardía no es justicia". "Las leyes existen, lo que falta es valentía". Podríamos incluir otras citas que, de manera reiterada, tipifican el tramo difícil que transita la administración de justicia en el Panamá de hoy, al término de que los correctivos que se deben aplicar se han ido convirtiendo en clamor y demanda social. Habrá que ver hasta dónde se permitirá que lleguen las deficiencias cuestionadas, porque si hay algo que conspira contra la gobernabilidad es precisamente la ausencia de justicia.
Y es que ese sector, el de la justicia, ha brillado en estos días más por los dimes y diretes políticos, que por las sanciones judiciales ejemplares. Los famosos casos de alto perfil que se heredaron de la administración pasada y cuyas críticas sirvieron para cartas de presentación de los nuevos regentes, tres años después han quedado en nada, como si en lugar de delitos aquellos casos fueran puntos de acuerdos y convergencias, o hubiesen prohijado pactos de no agresión.
Como sea, lo cierto es que la mora judicial persiste, persiste la detención preventiva de miles de ciudadanos en los centros penitenciarios del país sin que nadie defina su situación, y las reformas exigidas en abril de 2005, resumidas en el llamado Pacto de Estado por la Justicia parecen más un hermoso mito que metas a aplicar. Persiste la percepción de impunidad, por encima de algunos esfuerzos oficiales por mejorar esa esfera.
¿A qué se apuesta? Qué opciones se toman en un instante en que Panamá es foco de atención, no por los problemas políticos de finales del siglo XX, sino por la prosperidad que promete. Un conjunto de factores y perspectivas económicas hablan muy bien de las posibilidades del país y de quienes vivimos y trabajamos en él, por lo que tendría cierto grado de irresponsabilidad no incrementar esfuerzos y hacer buenas las decisiones de modernizar, reformar y depurar la administración de justicia. Dejarlo para después es también una forma de actuar contra el futuro de nuestra sociedad, más aún sabiendo y reconociendo que un sistema de justicia sólido es la principal garantía para la prosperidad de un país.