'bfDe qu'e9 institucionalidad me hablan?
Sorprende, por decir lo menos, escuchar a la Corte defender la "Institucionalidad" de forma vehemente en los medios de comunicación. Esa sorpresa me nace, porque el tema que acelera la defensa de la institucionalidad está relacionado con el difunto Magistrado César Pereira Burgos (Q. E. P. D.). Queda uno estupefacto ante la actividad de los magistrados en defensa de aquel hombre que estuvo en la Corte con ellos, hasta finales del año 2004, pero que en el momento nadie salió a defender como se merecía, ante el ataque artero del Presidente de la República, quien sin más ni más, lo sacó con base a una nefasta ley, que su propio Partido después derogó.
Si recuerdan bien, a Don César, varios de los que hoy lo defienden, salieron a atacarlo con tal vigor que se negaban a que él participará en los Plenos o que firmara las decisiones de la Corte. De manera oficiosa salieron a decir que todos los actos del Magistrado estaban viciados de nulidad, adelantando sus criterios jurídicos, a pesar que a la postre a ellos mismos les tocaría juzgar la legalidad o constitucionalidad del acto que depuso a Pereira Burgos.
Posteriormente, el Magistrado Pereira Burgos, a través de unos de los abogados más reconocidos del Foro, interpone un amparo de garantías contra la orden aviesa que lo sacó de la Corte. Después de varios meses el Pleno se salió con un tecnicismo casi infantil, por el cual le negó, por razones de forma (que no de fondo) el amparo al Magistrado Pereira Burgos. Esos mismos que le negaron la justicia, hoy corren a defender su memoria.
Como si esto fuera poco y para colmo de males, recientemente la Sala Penal de la Corte, de donde provienen sus más acérrimos defensores, volteó el criterio sentado tan acertadamente por el difunto Pereira Burgos en cuanto a la prescripción de los crímenes cometidos durante la época de la dictadura militar. Los que hoy defienden sus obras, en ese momento no recordaron que fue Pereira Burgos, quien sentó esa doctrina jurídica, que ha sido reconocida en América Latina y fue él, quien la impuso desde su Magistratura aquí en Panamá. Para mi concepto, fue ese el fallo que le costó el puesto, pues el PRD nunca le perdonó tal osadía.
Como viene expuesto causa sorpresa que la misma Corte, que ha actuado, sistemáticamente desde finales del año 2004 a la fecha en contra del difunto Magistrado, hoy pregone una institucionalidad desmesurada en contra de todo lo que se le opone, exponiendo a uno de sus más valiosos elementos en los medios de comunicación.
¿Cómo se explica este comportamiento? Los actos de la Corte no resisten un análisis objetivo. Cuando pudieron honrar la Magistratura del difunto Pereira Burgos, le negaron el derecho de regresar a la Corte. Hoy quieren hacer ver que entre sus intereses más puros está el defender la memoria de ese gran personaje. Por eso les pregunto: ¿De qué institucionalidad me hablan?
Fuentes alega que los tesoreros municipales ven lo importante de sus ingresos en la compra de la placa.
"Pero no lo ven importante de que ellos tienen que garantizar, en base al principio de autoridad pública, aspectos de seguridad".
Cuestionó diciendo: "los municipios están interpretando la norma, pero deben ver la seguridad de las personas".
"No vemos porque un municipio va a decir olímpicamente, yo no voy a cumplir la ley, porque eso es lo que están diciendo de otra forma", lamentó.
A lo que el alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, secundó lo dicho por su tesorero y respondió que hay un problema integral, con factores económicos, de seguridad y falta de coordinación.
"Somos respetuosos de las leyes, pero también hay una realidad de orden financiero", resaltó la autoridad.
Indica que se han dado reuniones porque la ley está, pero tiene problemas en su implementación.
Mientras tanto, el próximo 13 y 14 de agosto las autoridades distritales en todo el país se reunirán para tratar varios temas, entre ellos, la implementación del nuevo decreto.
En el Municipio de Panamá se informó que con la nueva norma que maneja el Ministerio de Gobierno se especifica claramente la responsabilidad de las tesorerías de exigir el seguro obligatorio.
Lo que sigue siendo un misterio es la fecha de reforma.
El ex director de la ATTT, Carlos Harris, consideró que en el seguro obligatorio se hace lo que quieren las aseguradoras, porque en la institución no hay funcionarios que dominen la materia de seguros.
Dijo que desde el pasado mes de marzo le entregó al director del Registro Vehicular copias de varias de las normas que rigen este seguro en Europa, especialmente en España, pero nada se ha hecho.
Recordó que la implementación del seguro obligatorio existió desde 1949 hasta 1960, cuando las empresas aseguradoras, lograron la eliminación por no considerarlo un negocio tan lucrativo como los otros tipos de seguros.
Indicó que la modificación del artículo 236 debe incluir una multa para el propietario que circule sin seguro y el vehículo sorprendido debe ser sacado de circulación.
"En esta forma los municipios no podrían a discreción de ellos, como lo están haciendo, exigir el seguro o no", expuso.
Según cifras de la Superintendencia de Seguros, el monto de las pólizas de vehículos a mayo de 2007 fue de B/.44,960,578,42, mientras que B/.31,761,852,69 al mismo periodo del año anterior. El incremento fue del 41.56%.
El monto a mayo que las aseguradoras pagaron en los accidentes fue de B/.18,149,734,14.
Los daños a terceros son frecuentes.
Si recuerdan bien, a Don César, varios de los que hoy lo defienden, salieron a atacarlo con tal vigor que se negaban a que él participará en los Plenos o que firmara las decisiones de la Corte. De manera oficiosa salieron a decir que todos los actos del Magistrado estaban viciados de nulidad, adelantando sus criterios jurídicos, a pesar que a la postre a ellos mismos les tocaría juzgar la legalidad o constitucionalidad del acto que depuso a Pereira Burgos.
Posteriormente, el Magistrado Pereira Burgos, a través de unos de los abogados más reconocidos del Foro, interpone un amparo de garantías contra la orden aviesa que lo sacó de la Corte. Después de varios meses el Pleno se salió con un tecnicismo casi infantil, por el cual le negó, por razones de forma (que no de fondo) el amparo al Magistrado Pereira Burgos. Esos mismos que le negaron la justicia, hoy corren a defender su memoria.
Como si esto fuera poco y para colmo de males, recientemente la Sala Penal de la Corte, de donde provienen sus más acérrimos defensores, volteó el criterio sentado tan acertadamente por el difunto Pereira Burgos en cuanto a la prescripción de los crímenes cometidos durante la época de la dictadura militar. Los que hoy defienden sus obras, en ese momento no recordaron que fue Pereira Burgos, quien sentó esa doctrina jurídica, que ha sido reconocida en América Latina y fue él, quien la impuso desde su Magistratura aquí en Panamá. Para mi concepto, fue ese el fallo que le costó el puesto, pues el PRD nunca le perdonó tal osadía.
Como viene expuesto causa sorpresa que la misma Corte, que ha actuado, sistemáticamente desde finales del año 2004 a la fecha en contra del difunto Magistrado, hoy pregone una institucionalidad desmesurada en contra de todo lo que se le opone, exponiendo a uno de sus más valiosos elementos en los medios de comunicación.
¿Cómo se explica este comportamiento? Los actos de la Corte no resisten un análisis objetivo. Cuando pudieron honrar la Magistratura del difunto Pereira Burgos, le negaron el derecho de regresar a la Corte. Hoy quieren hacer ver que entre sus intereses más puros está el defender la memoria de ese gran personaje. Por eso les pregunto: ¿De qué institucionalidad me hablan?
Fuentes alega que los tesoreros municipales ven lo importante de sus ingresos en la compra de la placa.
"Pero no lo ven importante de que ellos tienen que garantizar, en base al principio de autoridad pública, aspectos de seguridad".
Cuestionó diciendo: "los municipios están interpretando la norma, pero deben ver la seguridad de las personas".
"No vemos porque un municipio va a decir olímpicamente, yo no voy a cumplir la ley, porque eso es lo que están diciendo de otra forma", lamentó.
A lo que el alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, secundó lo dicho por su tesorero y respondió que hay un problema integral, con factores económicos, de seguridad y falta de coordinación.
"Somos respetuosos de las leyes, pero también hay una realidad de orden financiero", resaltó la autoridad.
Indica que se han dado reuniones porque la ley está, pero tiene problemas en su implementación.
Mientras tanto, el próximo 13 y 14 de agosto las autoridades distritales en todo el país se reunirán para tratar varios temas, entre ellos, la implementación del nuevo decreto.
En el Municipio de Panamá se informó que con la nueva norma que maneja el Ministerio de Gobierno se especifica claramente la responsabilidad de las tesorerías de exigir el seguro obligatorio.
Lo que sigue siendo un misterio es la fecha de reforma.
10 compañías aseguradoras están autorizadas para vender seguros de autos, cuyo costo es entre B/. 135 y B/. 140.
Unos 230 mil vehículos a nivel nacional, tienen seguro obligatorio, del parque vehicular de cerca de 600 mil, según cifras de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Eso representa cerca del 35% de los seguros.
El ex director de la ATTT, Carlos Harris, consideró que en el seguro obligatorio se hace lo que quieren las aseguradoras, porque en la institución no hay funcionarios que dominen la materia de seguros.
Dijo que desde el pasado mes de marzo le entregó al director del Registro Vehicular copias de varias de las normas que rigen este seguro en Europa, especialmente en España, pero nada se ha hecho.
Recordó que la implementación del seguro obligatorio existió desde 1949 hasta 1960, cuando las empresas aseguradoras, lograron la eliminación por no considerarlo un negocio tan lucrativo como los otros tipos de seguros.
Indicó que la modificación del artículo 236 debe incluir una multa para el propietario que circule sin seguro y el vehículo sorprendido debe ser sacado de circulación.
"En esta forma los municipios no podrían a discreción de ellos, como lo están haciendo, exigir el seguro o no", expuso.
Según cifras de la Superintendencia de Seguros, el monto de las pólizas de vehículos a mayo de 2007 fue de B/.44,960,578,42, mientras que B/.31,761,852,69 al mismo periodo del año anterior. El incremento fue del 41.56%.
El monto a mayo que las aseguradoras pagaron en los accidentes fue de B/.18,149,734,14.
Los daños a terceros son frecuentes.
