'bfPrisionero de guerra? Extradiciones y trapisondas
POR UN LADO, el juez Hoeveler, al decidir sobre la solicitud de los abogados de Noriega encaminada a conseguir que se le devolviera a Panamá, invocando su supuesta condición de "prisionero de guerra", fue claro al decir que el gobierno panameño, de "la patria nueva", preciso, no había demostrado tener interés por su extradición.
Por el otro, el abogado del exdictador, Rubino, ha declarado varias veces que existía un acuerdo entre el mismo gobierno, de "la patria nueva", vuelvo a precisar, los Estados Unidos y Francia, para enviarlo a este último país; y, hasta llegó a afirmar que el gobierno panameño así lo solicitó al Departamento de Estado.
Por lo que recibimos a través de los medios de comunicación, el juez Hoeveler, tenía dos alternativas: la primera, según pedían sus abogados, devolverle a Panamá, basándose, exclusivamente, en la "supuesta" condición de "prisionero de guerra", aunque la condena dictada contra Noriega nada tuviera que ver con ese alegado estatus, pues a él se le condenó por tráfico de drogas y lavado de dinero; la segunda, dejar abierta la vía para que un juez federal, de nombre William Turnoff, resuelva la solicitud de extradición presentada por el gobierno francés, que lo acusó y condenó, por causas similares, a 10 años de prisión.
Como no podía ser de otra manera, ante la inminente liberación de Noriega por el gobierno de los Estados Unidos, en las semanas previas al pronunciamiento del juez Hoeveler, en Panamá se ha comentado y hablado nutrida e intensamente, con connotaciones políticas y jurídicas, sobre cuál debería haber sido su decisión y sobre el futuro del exdictador; y se seguirá hablando, luego del primer pronunciamiento, que ha allanado el camino para que, casi seguramente, juez Turnoff acceda a la solicitud francesa.
Supuestamente, o por lo menos así se desprendió de las primeras manifestaciones de los personeros del "gobierno de la patria nueva", Panamá realizaba gestiones para reclamar al exdictador, pero dejaba en manos del gobierno norteamericano decidir entre dos peticiones de extradición. Pero ahora, como se ha podido establecer, con meridiana claridad, el juez Hoeveler nunca estuvo frente a esa supuesta disyuntiva. No existían dos solicitudes de extradición, sino solamente la francesa; Panamá, por el contrario, nunca formalizó la suya.
Así las cosas, el único asidero que tenían los defensores de Noriega, para pedir que ésta fuera devuelto a Panamá, era su "supuesta condición de prisionero de guerra"; no que existiera una solicitud formal de extradición. ¿Podía Panamá reclamarlo reconociéndole ese estatus al exdictador? Hacerlo equivaldría a decir que la nación panameña estuvo material y jurídicamente en guerra contra los Estados Unidos y que Noriega fue condenado por haber "guerreado" contra ese país y hecho prisionero en combate. Pero no fue así; él fue condenado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Quienes tenemos la memoria para recordarlo sabemos que Noriega no combatió contra nadie y también que "su declaración de guerra" fue una payasada de trágicas consecuencias.
Desde un punto de vista jurídico, el juez Hoeveler decidió lo que correspondía: Declarar que no había asidero para impedir que el otro juez considere y decida la solicitud francesa. Y el juez Turnoff, en su momento, para que quede claro, solamente tendrá ante sí esa petición y ninguna otra, porque nunca han sido debidamente formalizadas ni sustentadas.
Por otra parte, las declaraciones del abogado Rubino, quien afirma que bajo la mesa existía un acuerdo entre los gobiernos de Panamá, los Estados Unidos y Francia para enviar a su cliente a este último país, aunque nuestras autoridades lo nieguen, dan margen para sospechar que mucho de eso hay. ¿Por qué no se formalizó en tiempo y en debida forma una solicitud panameña para extraditar a Noriega? ¿Por qué pudo el juez Hoeveler llegar a la conclusión, expresada eufemísticamente, de que "no está claro si Panamá está activamente buscando el retorno del acusado"?
Por el curso de los acontecimientos, todas las probabilidades apuntan a que el juez Turnoff (en inglés significa apagar) cerrará la confrontación de Noriega con la justicia estadounidense enviándole a Francia. Sus muy pocos amigos de las viejas épocas aparentarán frustración, aunque dudo que sea sincera. Creo que en el fondo respirarán aliviados. Y creo que el gobierno de turno también.
En las actuales circunstancias, no me sumo a las alegaciones, por muy principistas que puedan parecer, de que en Derecho correspondía que Noriega volviera a Panamá a cumplir las condenas que tiene pendientes. La desconfianza que inspira el gobierno de turno, que ha aumentado con los acomodos hechos, inocentemente no lo creo, a la legislación penal, no presagian que eso ocurrirá. No temo, como algunos que el exdictador pueda ser factor de desestabilización política; no comparto esa aprehensión. Pero sí me preocupa que las esperanzas de muchos panameños, que esperan verle tras las rejas, terminen en una nueva frustración como producto de una nueva trapisonda política.
Por el otro, el abogado del exdictador, Rubino, ha declarado varias veces que existía un acuerdo entre el mismo gobierno, de "la patria nueva", vuelvo a precisar, los Estados Unidos y Francia, para enviarlo a este último país; y, hasta llegó a afirmar que el gobierno panameño así lo solicitó al Departamento de Estado.
Por lo que recibimos a través de los medios de comunicación, el juez Hoeveler, tenía dos alternativas: la primera, según pedían sus abogados, devolverle a Panamá, basándose, exclusivamente, en la "supuesta" condición de "prisionero de guerra", aunque la condena dictada contra Noriega nada tuviera que ver con ese alegado estatus, pues a él se le condenó por tráfico de drogas y lavado de dinero; la segunda, dejar abierta la vía para que un juez federal, de nombre William Turnoff, resuelva la solicitud de extradición presentada por el gobierno francés, que lo acusó y condenó, por causas similares, a 10 años de prisión.
Como no podía ser de otra manera, ante la inminente liberación de Noriega por el gobierno de los Estados Unidos, en las semanas previas al pronunciamiento del juez Hoeveler, en Panamá se ha comentado y hablado nutrida e intensamente, con connotaciones políticas y jurídicas, sobre cuál debería haber sido su decisión y sobre el futuro del exdictador; y se seguirá hablando, luego del primer pronunciamiento, que ha allanado el camino para que, casi seguramente, juez Turnoff acceda a la solicitud francesa.
Supuestamente, o por lo menos así se desprendió de las primeras manifestaciones de los personeros del "gobierno de la patria nueva", Panamá realizaba gestiones para reclamar al exdictador, pero dejaba en manos del gobierno norteamericano decidir entre dos peticiones de extradición. Pero ahora, como se ha podido establecer, con meridiana claridad, el juez Hoeveler nunca estuvo frente a esa supuesta disyuntiva. No existían dos solicitudes de extradición, sino solamente la francesa; Panamá, por el contrario, nunca formalizó la suya.
Así las cosas, el único asidero que tenían los defensores de Noriega, para pedir que ésta fuera devuelto a Panamá, era su "supuesta condición de prisionero de guerra"; no que existiera una solicitud formal de extradición. ¿Podía Panamá reclamarlo reconociéndole ese estatus al exdictador? Hacerlo equivaldría a decir que la nación panameña estuvo material y jurídicamente en guerra contra los Estados Unidos y que Noriega fue condenado por haber "guerreado" contra ese país y hecho prisionero en combate. Pero no fue así; él fue condenado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Quienes tenemos la memoria para recordarlo sabemos que Noriega no combatió contra nadie y también que "su declaración de guerra" fue una payasada de trágicas consecuencias.
Desde un punto de vista jurídico, el juez Hoeveler decidió lo que correspondía: Declarar que no había asidero para impedir que el otro juez considere y decida la solicitud francesa. Y el juez Turnoff, en su momento, para que quede claro, solamente tendrá ante sí esa petición y ninguna otra, porque nunca han sido debidamente formalizadas ni sustentadas.
Por otra parte, las declaraciones del abogado Rubino, quien afirma que bajo la mesa existía un acuerdo entre los gobiernos de Panamá, los Estados Unidos y Francia para enviar a su cliente a este último país, aunque nuestras autoridades lo nieguen, dan margen para sospechar que mucho de eso hay. ¿Por qué no se formalizó en tiempo y en debida forma una solicitud panameña para extraditar a Noriega? ¿Por qué pudo el juez Hoeveler llegar a la conclusión, expresada eufemísticamente, de que "no está claro si Panamá está activamente buscando el retorno del acusado"?
Por el curso de los acontecimientos, todas las probabilidades apuntan a que el juez Turnoff (en inglés significa apagar) cerrará la confrontación de Noriega con la justicia estadounidense enviándole a Francia. Sus muy pocos amigos de las viejas épocas aparentarán frustración, aunque dudo que sea sincera. Creo que en el fondo respirarán aliviados. Y creo que el gobierno de turno también.
En las actuales circunstancias, no me sumo a las alegaciones, por muy principistas que puedan parecer, de que en Derecho correspondía que Noriega volviera a Panamá a cumplir las condenas que tiene pendientes. La desconfianza que inspira el gobierno de turno, que ha aumentado con los acomodos hechos, inocentemente no lo creo, a la legislación penal, no presagian que eso ocurrirá. No temo, como algunos que el exdictador pueda ser factor de desestabilización política; no comparto esa aprehensión. Pero sí me preocupa que las esperanzas de muchos panameños, que esperan verle tras las rejas, terminen en una nueva frustración como producto de una nueva trapisonda política.
