'bfQu'e9 pasa en las crceles?

Reportes oficiales dan cuenta de que algunos reclusos conocidos como de "máxima seguridad", viven más que cómodos en la prisión, pues se les ha permitido que tengan enseres y facilidades que los conectan con el mundo exterior, mientras en el mundo interior gozan de televisores, computadores, celulares, hornos microondas, neveras y paredes tapizadas con piezas de coloridas cerámicas.
Por más que se diga que la ley permite estas y otras concesiones a estos reclusos, hay algo en el tema que deja un amargo sabor de boca. Sobre todo, cuando la mayoría de estos sujetos, quienes se supone están bajo especial vigilancia por su estatus de máxima seguridad, están señalados por las autoridades como protagonistas en el bajo mundo criminal.
Las cárceles representan el poder último que el Estado ejerce sobre el ciudadano que infringe la ley. Eso, si no existe pena de muerte, como es el caso en Panamá. El objetivo es extraer del seno social a las personas que no respetan los cánones de convivencia, y por lo tanto, se convierten en un peligro para los otros, e incluso para sí mismos. Es inverosímil que las leyes dispongan que quien pueda pagar lujos y comodidades dentro de sus celdas, lo haga. Peor cuando mucho de ese dinero podría prevenir, nada más y nada menos, que de sus actividades delictivas.
Se ha criticado mucho al gobierno panameño porque los reos no comen bien, se permiten ambientes que les dañan la salud, no se les rehabilita mediante programas acordes con los tiempos, y se les violan sus más elementales derechos como persona. Las prisiones panameñas son, como ya se ha dicho hasta el cansancio, universidades del crimen. De ahí, los prisioneros salen peor que como entraron.
Ahora, para colmo, hay que sumarle a este oscuro contexto la ofensiva desproporción que existe entre los reos, gracias a una permisiva práctica que les hace más fácil la vida en su celda a algunos que tienen dinero para comprar comodidad, mientras los pobres padecen hacinamiento y humillación, rodeados de violencia y desechos humanos.
La Fiscalía Anticorrupción tiene en sus manos la investigación. Que sea esta instancia la que revise lo actuado, indica que se sospecha que algunos funcionarios cobraron bajo la mesa por permitir estos lujos. No sería raro en un país de tunantes.