'bfQui'e9n investiga a qui'e9n? y 'bfpor qu'e9?

Para que un régimen democrático sea funcional y se evite la tiranía es necesario que se establezca también el sistema de controles y balances, o pesos y contrapesos, planteado de manera diáfana por James Madison. No sólo se establece en el modelo republicano la separación de los poderes públicos en órganos distintos y autónomos, sino que se reparten entre ellos las facultades de fiscalización recíproca. De esta manera, aunque el Poder Judicial lo ejercen de ordinario los tribunales y jueces, en el caso del juzgamiento de ciertas autoridades como el Presidente de la República o los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la función judicial la ejerce la Asamblea Nacional.
Por otra parte, el sistema establece principios para garantizar la certeza jurídica y evitar el caos. Así se establece, por ejemplo, el proceso mediante el cual nacen las leyes y la presunción de legalidad de las actuaciones de los funcionarios.
Otro principio importantísimo es el carácter final, definitivo y obligatorio de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. El que un fiscal decida investigar a uno o varios magistrados por causa de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, o que utilice como subterfugio el investigar a su personal de apoyo, para violar de esa manera subrepticia la norma constitucional, no sólo es un exabrupto, sino que es peligroso para la recta administración de justicia.
Si cada vez que un magistrado o un juez falla en contra de las pretensiones del Ministerio Publico, el fiscal perdedor o un colega suyo le va a abrir una investigación penal a los que le fallaron en contra, nos exponemos a padecer de una administración de justicia neurótica incapaz de aplicar la sana crítica y los principios constitucionales de presunción de inocencia y del debido proceso.
El que se quiera evadir la restricción constitucional invadiendo el ámbito de intimidad en donde el magistrado lleva a cabo su proceso decisorio es más grave aún, ya que denota que se actúa con conciencia de la prohibición de hacerlo. Tal y como están las cosas en esta república kafkiana, tendremos a fiscales enjuiciando a magistrados y a magistrados querellando a los fiscales, y en ese marasmo judicial la sociedad perpleja se sentirá cada vez más desguarnecida.
Noriega fue condenado en 1999 a 10 años de prisión por el Tribunal Correccional de París.