Bienes cautelados
Hace pocos días leímos el llamado a un remate de joyas de una ex directora de Migración, a quien se imputó malos manejos en el ejercicio de su puesto durante la época del gobierno militar. Pasaron al menos diez años antes que una autoridad buscara y encontrara la fórmula de disponer de bienes mal habidos, producto de un delito, y convertirlos en dinero útil.
No obstante, esa no ha sido la regla con la mayoría de los bienes cautelados en diversos procesos seguidos por la misma causa a funcionarios del antiguo régimen militar. Hemos leído, sin embargo, que al menos la finca La Escondida, de Manuel Antonio Noriega, ubicada en Potrerillos, Chiriquí, se está usando ocasionalmente para excursiones escolares, las cuales, en modo alguno, compensan los costos de su cuidado.
Por el contrario, la casa principal del mismo dictador, ubicada en Altos del Golf, yace en total abandono, deteriorándose por el paso del tiempo. La posta policial permanente que la custodia se aburre montando guardia al pie de la histórica mansión. En peor estado se encuentra otra inmensa residencia construida por el tirano en Amador. Catorce años han pasado y ninguna autoridad ha rendido cuentas del estado de esos bienes.
Comprendemos que, en algunos casos, todavía no se ha establecido fehacientemente que algunos bienes sean producto de dineros mal habidos. Y podemos entender, igualmente, que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial trabaje con las uñas para conservarlos. Pero no es cierto que tenga las manos atadas.
En más de una ocasión hemos explicado que el Código Judicial permite a los secuestres o administradores vender bienes cautelados, si están en peligro de que el tiempo los deteriore o devalúe. En este caso, el producto de la venta, que se hace en remate judicial, se deposita en el Banco Nacional. La ventaja es obvia; se evita la devaluación del bien y se ahorran los costos de administración.
Indiscutiblemente, si fuera el caso de que se ha comprobado plenamente el ilícito, no habría excusas para que no se procediera inmediatamente a incorporar dichos bienes al patrimonio público, sea para darle uso o sea para venderlo; pero no en modo alguno para dejarlo ocioso, a que el tiempo reduzca su valor a cero. Es exactamente lo que hicieron los colombianos con las fincas y mansiones de Pablo Escobar y Carlos Lehder, y con la fastuosa discoteca del músico Jairo Varela.
No obstante, esa no ha sido la regla con la mayoría de los bienes cautelados en diversos procesos seguidos por la misma causa a funcionarios del antiguo régimen militar. Hemos leído, sin embargo, que al menos la finca La Escondida, de Manuel Antonio Noriega, ubicada en Potrerillos, Chiriquí, se está usando ocasionalmente para excursiones escolares, las cuales, en modo alguno, compensan los costos de su cuidado.
Por el contrario, la casa principal del mismo dictador, ubicada en Altos del Golf, yace en total abandono, deteriorándose por el paso del tiempo. La posta policial permanente que la custodia se aburre montando guardia al pie de la histórica mansión. En peor estado se encuentra otra inmensa residencia construida por el tirano en Amador. Catorce años han pasado y ninguna autoridad ha rendido cuentas del estado de esos bienes.
Comprendemos que, en algunos casos, todavía no se ha establecido fehacientemente que algunos bienes sean producto de dineros mal habidos. Y podemos entender, igualmente, que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial trabaje con las uñas para conservarlos. Pero no es cierto que tenga las manos atadas.
En más de una ocasión hemos explicado que el Código Judicial permite a los secuestres o administradores vender bienes cautelados, si están en peligro de que el tiempo los deteriore o devalúe. En este caso, el producto de la venta, que se hace en remate judicial, se deposita en el Banco Nacional. La ventaja es obvia; se evita la devaluación del bien y se ahorran los costos de administración.
Indiscutiblemente, si fuera el caso de que se ha comprobado plenamente el ilícito, no habría excusas para que no se procediera inmediatamente a incorporar dichos bienes al patrimonio público, sea para darle uso o sea para venderlo; pero no en modo alguno para dejarlo ocioso, a que el tiempo reduzca su valor a cero. Es exactamente lo que hicieron los colombianos con las fincas y mansiones de Pablo Escobar y Carlos Lehder, y con la fastuosa discoteca del músico Jairo Varela.
