Bomba de tiempo diplomática
Cuando el gobierno de Mireya Moscoso nombre al primer embajador estallará la bomba de tiempo enterrada en la nueva ley de Relaciones Exteriores. Detonará políticamente el dispositivo por el cual los embajadores nombrados por el Organo Ejecutivo deben concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa para rendir examen. Entonces se exhibirá el propósito oculto de la ley: entregar al mayoritario PRD y sus aliados el control de los nombramientos diplomáticos.
Aunque la reforma legal no llega al exceso de desaprobar los nombramientos, sí abre el compás para maniobras dilatorias de la futura oposición perredista para retardar y sabotear en consecuencia el derecho de acreditar embajadores, cónsules y demás puestos diplomáticos que la Constitución únicamente otorga al Organo Ejecutivo.
El país conoce el entrenamiento de legisladores perredistas en materia de triquiñuelas legislativas. Cuando están en el Organo Ejecutivo pasan un proyecto de ley, a inaudita velocidad, del primer al segundo debate, para cumplir consignas de su cúpula, tal como acaba de hacerse con sendas reformas a la ley del Fondo Fiduciario. Cuando están en la oposición, la estrategia es demorar, trabar, obstaculizar cuanto provenga del gobierno.
La ingobernabilidad, si es tramada maquiavélicamente, podría registrar, entre sus irresponsables frutos, el vacío diplomático de la república de Panamá por la usurpación anómala de una facultad constitucional que corresponde sólo al Ejecutivo. Así pues, mientras el gobierno que ya pronto caduca premió a su libre albedrío a correligionarios, donantes de campaña y favoritos personales con nombramientos diplomáticos a lo largo y ancho del globo terráqueo, ahora tornan tales cargos en una nueva versión de las horcas caudinas del Imperio romano. En otras palabras, la ley del embudo: lo ancho para mí y lo angosto para los demás. ¡Ay de los candidatos a embajadores!. Sus nombramientos podrían dormir el sueño de los justos en los expedientes de la Comisión de Relaciones Exteriores, controlada por los opositores perredistas.
Aunque la reforma legal no llega al exceso de desaprobar los nombramientos, sí abre el compás para maniobras dilatorias de la futura oposición perredista para retardar y sabotear en consecuencia el derecho de acreditar embajadores, cónsules y demás puestos diplomáticos que la Constitución únicamente otorga al Organo Ejecutivo.
El país conoce el entrenamiento de legisladores perredistas en materia de triquiñuelas legislativas. Cuando están en el Organo Ejecutivo pasan un proyecto de ley, a inaudita velocidad, del primer al segundo debate, para cumplir consignas de su cúpula, tal como acaba de hacerse con sendas reformas a la ley del Fondo Fiduciario. Cuando están en la oposición, la estrategia es demorar, trabar, obstaculizar cuanto provenga del gobierno.
La ingobernabilidad, si es tramada maquiavélicamente, podría registrar, entre sus irresponsables frutos, el vacío diplomático de la república de Panamá por la usurpación anómala de una facultad constitucional que corresponde sólo al Ejecutivo. Así pues, mientras el gobierno que ya pronto caduca premió a su libre albedrío a correligionarios, donantes de campaña y favoritos personales con nombramientos diplomáticos a lo largo y ancho del globo terráqueo, ahora tornan tales cargos en una nueva versión de las horcas caudinas del Imperio romano. En otras palabras, la ley del embudo: lo ancho para mí y lo angosto para los demás. ¡Ay de los candidatos a embajadores!. Sus nombramientos podrían dormir el sueño de los justos en los expedientes de la Comisión de Relaciones Exteriores, controlada por los opositores perredistas.
