Bonos del Estado y Seguro Social
La compra de Bonos del Estado por la Caja del Seguro Social a las dos últimas administraciones estatales por un total de B/. 355 millones, levanta justificada preocupación entre los jubilados y asegurados en general, que dudan de la seriedad de los compromisos crediticios y financieros de un moroso crónico, como es el Estado.
En verdad, ¿quién puede confiar en un deudor que no puede pagar 35 millones y recibe del mismo acreedor 335 millones por compra de sus propios bonos, para amortizarlos con el nueve por ciento de interés?
En ningún banco público o privado alguien recibe normalmente diez veces más de lo que debe, con ese antecedente de morosidad. Pero se trata de un cliente especial, el Estado, que legisla para castigar con cárcel a los empresarios morosos de la CSS, pero él se considera inimputable. ¿A quién se le llevaría a prisión por las cuotas que el Estado no le paga a la CSS?
Dentro de poco se vencerán los plazos de los bonos de 120 millones emitidos por el gobierno de Pérez Balladares. Veremos si se cumplen los compromisos de vencimiento y a qué funcionario se responsabiliza si no se pagan los bonos, conforme a lo pactado.
El hecho es que la Caja del Seguro Social debe considerar la colocación de los fondos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, con mayor rigor y severidad, protegiendo al máximo los recursos para atender a los asegurados en la última fase de su existencia y no ceder al señuelo de un interés atractivo desde un punto de vista estrictamente teórico.
No cabe duda que es indispensable una reformulación de las bases legales del destino de los fondos citados, para que se apliquen con mayores garantías de repago puntual. Pero por encima de todo, la CSS debe tener muy en cuenta que su finalidad primordial es brindar servicios de mejor calidad a los asegurados y no buscar la renta por la renta, porque se trata de una institución de servicio social, tal como han señalado reiteradamente dirigentes de los jubilados.
El director de la CSS fue apoyado como candidato por los trabajadores, asumiendo el compromiso de orientar la institución en concordancia con la mejora de una atención sumamente deficiente. Cierto es que las deficiencias se arrastran por muchos años y que sería excesivo responsabilizarlo por todas las carencias de equipos, médicos y técnicos. Pero se acerca ya el momento de presentar, por lo menos, un boceto de un nuevo planteamiento que enfatice que el sistema de seguridad social, cualquiera que sea el origen de sus fondos, se creó para beneficiar a los asegurados, porque en los hechos éstos son la última rueda del coche de la seguridad social.
Si un asegurado no tiene sus cuotas al día, se le niegan los servicios, por más cuotas acumuladas que tenga. Si una empresa privada no paga a tiempo sus cuotas, corre riesgo de lamentar el encarcelamiento de sus ejecutivos. Pero si el Estado no cumple con el aporte económico que le asigna la ley, nada hay para obligarlo. Y encima de ello se le premia, dándole centenares de millones a través de préstamos disimulados con el nombre de bonos. El destino del dinero es para obras sociales, ha anunciado el Ministro de Economía y Finanzas, pero habría que conocer la lista de obras para evaluar su necesidad o si equivalen a gastos improductivos de burocracia, como los 120 millones dados al gobierno de Pérez Balladares, cuya ejecución hasta hoy se desconoce.
Por estas razones, el problema hay que encararlo en su integridad, vale decir considerando la inseguridad del repago de un deudor sin credenciales de cumplimiento que somete a riesgo los fondos de programas de asegurados ancianos, y considerando el incremento de los gastos burocráticos de un estado histórico concebido para consumir y no para servir a quienes dedicaron su vida en el trabajo honesto.
En verdad, ¿quién puede confiar en un deudor que no puede pagar 35 millones y recibe del mismo acreedor 335 millones por compra de sus propios bonos, para amortizarlos con el nueve por ciento de interés?
En ningún banco público o privado alguien recibe normalmente diez veces más de lo que debe, con ese antecedente de morosidad. Pero se trata de un cliente especial, el Estado, que legisla para castigar con cárcel a los empresarios morosos de la CSS, pero él se considera inimputable. ¿A quién se le llevaría a prisión por las cuotas que el Estado no le paga a la CSS?
Dentro de poco se vencerán los plazos de los bonos de 120 millones emitidos por el gobierno de Pérez Balladares. Veremos si se cumplen los compromisos de vencimiento y a qué funcionario se responsabiliza si no se pagan los bonos, conforme a lo pactado.
El hecho es que la Caja del Seguro Social debe considerar la colocación de los fondos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, con mayor rigor y severidad, protegiendo al máximo los recursos para atender a los asegurados en la última fase de su existencia y no ceder al señuelo de un interés atractivo desde un punto de vista estrictamente teórico.
No cabe duda que es indispensable una reformulación de las bases legales del destino de los fondos citados, para que se apliquen con mayores garantías de repago puntual. Pero por encima de todo, la CSS debe tener muy en cuenta que su finalidad primordial es brindar servicios de mejor calidad a los asegurados y no buscar la renta por la renta, porque se trata de una institución de servicio social, tal como han señalado reiteradamente dirigentes de los jubilados.
El director de la CSS fue apoyado como candidato por los trabajadores, asumiendo el compromiso de orientar la institución en concordancia con la mejora de una atención sumamente deficiente. Cierto es que las deficiencias se arrastran por muchos años y que sería excesivo responsabilizarlo por todas las carencias de equipos, médicos y técnicos. Pero se acerca ya el momento de presentar, por lo menos, un boceto de un nuevo planteamiento que enfatice que el sistema de seguridad social, cualquiera que sea el origen de sus fondos, se creó para beneficiar a los asegurados, porque en los hechos éstos son la última rueda del coche de la seguridad social.
Si un asegurado no tiene sus cuotas al día, se le niegan los servicios, por más cuotas acumuladas que tenga. Si una empresa privada no paga a tiempo sus cuotas, corre riesgo de lamentar el encarcelamiento de sus ejecutivos. Pero si el Estado no cumple con el aporte económico que le asigna la ley, nada hay para obligarlo. Y encima de ello se le premia, dándole centenares de millones a través de préstamos disimulados con el nombre de bonos. El destino del dinero es para obras sociales, ha anunciado el Ministro de Economía y Finanzas, pero habría que conocer la lista de obras para evaluar su necesidad o si equivalen a gastos improductivos de burocracia, como los 120 millones dados al gobierno de Pérez Balladares, cuya ejecución hasta hoy se desconoce.
Por estas razones, el problema hay que encararlo en su integridad, vale decir considerando la inseguridad del repago de un deudor sin credenciales de cumplimiento que somete a riesgo los fondos de programas de asegurados ancianos, y considerando el incremento de los gastos burocráticos de un estado histórico concebido para consumir y no para servir a quienes dedicaron su vida en el trabajo honesto.
