Bosque o potrero
Cuando hablamos de deforestación se hace necesario distinguir entre la tala y quema indiscriminada de árboles para cambiar el bosque por potrero o la extracción controlada que sirve para ofrecer materia prima a la industria del mueble. La primera constituye una pérdida irreparable de graves consecuencias ecológicas y la segunda, si se hace dentro de un manejo adecuado, debidamente fiscalizado, puede representar la base para el desarrollo de miles de puestos de trabajo sin perjudicar la riqueza forestal.
Lo primero, la tala indiscriminada, ha estado ocurriendo en Panamá en los últimos años a un ritmo peligroso de 50,000 hectáreas de bosque por año y es responsable del estado de desolación en que se encuentra una parte importante de nuestro territorio. Por esta vía, las 350 mil hectáreas de bosque que aún poseemos desaparecerán en los próximos siete años.
La misma legislación en Panamá propicia este desastre ecológico al establecer en la Constitución que los bosques son propiedad del Estado, de modo que la única alternativa que tiene el colono para adquirir derecho de propiedad sobre la tierra es talando todos los árboles para hacer desaparecer el bosque. Después de eliminado el bosque ya puede pedir a Reforma Agraria su título de propiedad basado en derechos posesorios y sobre ello solicitar un préstamo bancario que de otra forma nunca hubiera recibido.
Afortunadamente, hasta ahora, la frontera deforestadora se detiene al llegar al límite que demarca las comarcas indígenas que han sido tradicionales defensores del bosque y con ello enemigos de su desaparición. Basta realizar un vuelo de pájaro sobre el área indígena para poder apreciar cómo el fin del bosque marca el inicio de las tierras en poder de los indios. Pero hay que preservar esas reservas contra la creciente presión para su sobre explotación, presión que se hace cada vez más severa a medida que escasea la madera en el resto del país.
En efecto, dentro de las comarcas también se permite extraer árboles, pero en forma controlada, y nunca con la intención de cambiar el uso del suelo sino de aprovechar el recurso en beneficio de las comunidades. Existe en la ley lo que se conoce como Permiso de Aprovechamiento Forestal Comunitario que permite entresacar árboles con valor comercial en cantidades limitadas y con el compromiso de sembrar plantones de las mismas especies de manera que el bosque resulte regenerado. La madera así extraída sirve para satisfacer las necesidades más urgentes de las poblaciones indígenas y a la vez también sirve para mantener una actividad de fabricación de muebles que genera importantes empleos y divisas.
Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente velar porque no se continúe el acelerado proceso de deforestación por cambio en el uso de suelos con los daños que esto representa desde el punto de vista ecológico y que aquellas comunidades indígenas que explotan el recurso forestal, lo hagan respetando las normas de protección al bosque natural establecidas en la ley.
Solamente así podremos contar con una riqueza forestal renovable que nos brinde riqueza y seguridad de su existencia en el futuro.
Lo primero, la tala indiscriminada, ha estado ocurriendo en Panamá en los últimos años a un ritmo peligroso de 50,000 hectáreas de bosque por año y es responsable del estado de desolación en que se encuentra una parte importante de nuestro territorio. Por esta vía, las 350 mil hectáreas de bosque que aún poseemos desaparecerán en los próximos siete años.
La misma legislación en Panamá propicia este desastre ecológico al establecer en la Constitución que los bosques son propiedad del Estado, de modo que la única alternativa que tiene el colono para adquirir derecho de propiedad sobre la tierra es talando todos los árboles para hacer desaparecer el bosque. Después de eliminado el bosque ya puede pedir a Reforma Agraria su título de propiedad basado en derechos posesorios y sobre ello solicitar un préstamo bancario que de otra forma nunca hubiera recibido.
Afortunadamente, hasta ahora, la frontera deforestadora se detiene al llegar al límite que demarca las comarcas indígenas que han sido tradicionales defensores del bosque y con ello enemigos de su desaparición. Basta realizar un vuelo de pájaro sobre el área indígena para poder apreciar cómo el fin del bosque marca el inicio de las tierras en poder de los indios. Pero hay que preservar esas reservas contra la creciente presión para su sobre explotación, presión que se hace cada vez más severa a medida que escasea la madera en el resto del país.
En efecto, dentro de las comarcas también se permite extraer árboles, pero en forma controlada, y nunca con la intención de cambiar el uso del suelo sino de aprovechar el recurso en beneficio de las comunidades. Existe en la ley lo que se conoce como Permiso de Aprovechamiento Forestal Comunitario que permite entresacar árboles con valor comercial en cantidades limitadas y con el compromiso de sembrar plantones de las mismas especies de manera que el bosque resulte regenerado. La madera así extraída sirve para satisfacer las necesidades más urgentes de las poblaciones indígenas y a la vez también sirve para mantener una actividad de fabricación de muebles que genera importantes empleos y divisas.
Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente velar porque no se continúe el acelerado proceso de deforestación por cambio en el uso de suelos con los daños que esto representa desde el punto de vista ecológico y que aquellas comunidades indígenas que explotan el recurso forestal, lo hagan respetando las normas de protección al bosque natural establecidas en la ley.
Solamente así podremos contar con una riqueza forestal renovable que nos brinde riqueza y seguridad de su existencia en el futuro.
