Brasil: los costos políticos del despegue
Sobre la cresta de la popularidad alcanzada tras asumir la presidencia de Brasil, Luiz Inácio da Silva -Lula- persiste en sanear la economía del país, al costo de posponer parte de los proyectos sociales de su gobierno. A la vez, desarrolla un notable liderazgo regional que, por un lado, fortalece el poder negociador de la diplomacia brasileña frente a las potencias occidentales y, por otro, comparte sus expectativas con otros países latinoamericanos. Controlar la inflación es ineludible para ponerle las riendas a la economía, sin lo cual sería imposible conducir las transformaciones prometidas. Pero esto implica mantener altas las tasas de interés, que en mayo pasaban del 26 %. La clase media y los industriales aliados al gobierno claman por reducirlas para fomentar la inversión, pero Lula reitera que esto sólo podrá hacerse cuando la inflación quede bajo control. "Este es un año de limpiar la casa", explica, contando con que el aguante de la confianza que sus compatriotas le otorgan. "Todo el Brasil desea reducir los intereses", agrega, "pero eso no se hace con bravatas sino con pasos bien dados, en el correcto momento de hacer las cosas".
Otro costo político es la reforma al sistema de jubilaciones, requerida por razones de justicia, así como fiscales y económicas. El régimen de pensiones del sector privado recauda 17 billones de reales por año y gasta 88 billones -con un déficit de 17 billones anuales-, beneficiando a 21 millones de jubilados, de los cuales 13 millones apenas reciben el equivalente a un salario mínimo. En contraste, el régimen para los empleados públicos federales recauda casi 22 billones anuales y gasta 61 millones -más de 39 billones anuales de déficit-, para favorecer apenas a 950 mil personas. Esto, porque algunas categorías de funcionarios se jubilan con pensiones escandalosamente privilegiadas, heredadas de un populismo que la pasada dictadura militar conservó. En esencia, la reforma plantea establecer un mínimo y un tope a lo que los jubilados perciben, para lograr mayor equidad. Al mismo tiempo, procura disminuir el déficit que, sumando los sectores público y privado, llega a los 61 billones anuales. A la par, la reforma aumenta la edad de jubilación en el sector público, de 48 a 55 años para las mujeres, y de 53 a 60 años para los hombres -lo que explica la oposición de los funcionarios públicos-. Obviamente, de no emprenderse las reformas en pocos años el sistema será actuarialmente insostenible para todos, mientras que haciéndolas la presión fiscal tendrá un sustancial alivio.
No cabe extrañarse de que el esfuerzo por enderezar la economía incluya aplicar instrumentos monetaristas. Para acometer los proyectos sociales y el programa de reformas -la reforma tributaria, la reforma del sistema de jubilaciones, la reforma agraria, la reforma laboral y la reforma política- es indispensable contar con los medios legislativos y financieros indispensables para lograr su aprobación legislativa y garantizar su adecuada ejecución. Pero la tarea se emprendió sin contar con mayoría entre los legisladores ni los gobernadores, con la economía nacional al borde del abismo, y en medio de una amenazadora situación internacional, donde Argentina colapsaba, México había extraviado el rumbo, Venezuela estaba en crisis, el derecho internacional y la ONU habían sido ignorados y comenzaba la invasión a Irak.
En ese contexto, para que Brasil pueda emprender un ciclo de crecimiento económico, generación de empleos y redistribución de la renta, era indispensable empezar por "poner la casa en orden", ya que ésta se recibió en precarias condiciones: el gobierno de Lula heredó un cuadro de alta inflación unida a una rápida desvalorización de la moneda, altísima deuda pública, escaso nivel de inversiones, contracción del crédito externo y desconfianza internacional sobre la capacidad del nuevo gobierno para controlar la situación, lo que disparó el riesgo-Brasil y la devaluación de los títulos de la deuda brasileña.
Esta situación ya ha cambiado. En lo que va de 2003, el real se recupera a la vez que la balanza comercial mejora, con un superávit que cuadriplica lo alcanzado durante el mismo período del año anterior, gracias al aumento y diversificación de las exportaciones. La inflación empieza a ceder. Sin embargo, para esto fue preciso anteponer las concertaciones políticas requeridas para que el Congreso apruebe la reforma del sistema de jubilaciones y la reforma tributaria. Esta última, además de introducir justicia fiscal, debe surtir efectos inmediatos para desgravar la producción, el trabajo y las exportaciones, y terminar la incoherencia de que cada estado de la federación brasileña siga teniendo su propio sistema fiscal, en frecuentes controversias con los demás. Estas medidas no se desvían de los objetivos de justicia y equidad sociales, generación de empleos y mejor distribución del ingreso que figuran en el plan de gobierno que el Partido de los Trabajadores pactó con sus aliados. Además, avanza el enorme programa Hambre Cero que, lejos de tener aliento paternalista, integra a millares de brasileños de todo el espectro socioeconómico a la tarea de corregir las causas estructurales del hambre, la pobreza y la marginación.
Los proyectos movilizan una amplia y plural participación de los diversos sectores sociales. Una muestra es el Plan Plurianual (PPA), que implica una nueva visión del desarrollo del país. Las metas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales a realizar en cada región se discuten con los representantes de sus pobladores. Así, en el evento organizado en Manaus para discutir el plan para la zona amazónica, participaron más de dos mil organizaciones de la sociedad civil, iniciando un modelo que se reproducirá en los demás estados federales, a fin de recoger las aportaciones regionales e incorporarlas al PPA.
El mensaje de Lula a ese evento resumió la tarea asignada a sus participantes: "¿Qué tipo de crecimiento queremos?" -preguntó- "¿Cómo aumentar nuestra producción industrial y agrícola, nuestras exportaciones, nuestra presencia en el comercio exterior y, al mismo tiempo, aumentar el consumo dentro de nuestro propio país? ¿Cuáles son las políticas de saneamiento, salud, educación y capacitación profesional, de acceso al empleo y la renta, de seguridad pública, que debemos perseguir, para mejorar la vida y el futuro de la gran mayoría de los brasileños?" A usted le toca decidirlo.
Por su parte, el Ministerio de Educación colabora con un maestro de Informática que se hace responsable del equipo en el local. Explica Cardoze que el año pasado ganaron el Premio Educo de COSPAE, por su contribución a la educación.
Fue creada en 1996 en memoria de Gabriel Lewis Galindo, diplomático, negociador de los tratados del Canal de Panamá y empresario involucrado con la misión de contribuir al fortalecimiento del sistema educativo panameño.
Con la visión de Gabriel Lewis Galindo: "Si queremos progresar, nos tenemos que educar", la fundación ha creado el programa "El Educador del Siglo XXI", dirigido a capacitar con nuevas estrategias de enseñanza y metodologías necesarias para el éxito de los docentes de enseñanza primaria.
Este proyecto, que se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Educación, se basa en el modelo de enseñanza VASE, con el cual el docente motiva al estudiante a aprender usando el pensamiento crítico que lo llevará a tomar decisiones razonables y apropiadas en su vida. Cada una de sus siglas promueve que el niño logre: Vivenciar para visualizar; Analizar para aplicar; Sensibilizar para construir, y Evaluar para expresar.
Otro costo político es la reforma al sistema de jubilaciones, requerida por razones de justicia, así como fiscales y económicas. El régimen de pensiones del sector privado recauda 17 billones de reales por año y gasta 88 billones -con un déficit de 17 billones anuales-, beneficiando a 21 millones de jubilados, de los cuales 13 millones apenas reciben el equivalente a un salario mínimo. En contraste, el régimen para los empleados públicos federales recauda casi 22 billones anuales y gasta 61 millones -más de 39 billones anuales de déficit-, para favorecer apenas a 950 mil personas. Esto, porque algunas categorías de funcionarios se jubilan con pensiones escandalosamente privilegiadas, heredadas de un populismo que la pasada dictadura militar conservó. En esencia, la reforma plantea establecer un mínimo y un tope a lo que los jubilados perciben, para lograr mayor equidad. Al mismo tiempo, procura disminuir el déficit que, sumando los sectores público y privado, llega a los 61 billones anuales. A la par, la reforma aumenta la edad de jubilación en el sector público, de 48 a 55 años para las mujeres, y de 53 a 60 años para los hombres -lo que explica la oposición de los funcionarios públicos-. Obviamente, de no emprenderse las reformas en pocos años el sistema será actuarialmente insostenible para todos, mientras que haciéndolas la presión fiscal tendrá un sustancial alivio.
No cabe extrañarse de que el esfuerzo por enderezar la economía incluya aplicar instrumentos monetaristas. Para acometer los proyectos sociales y el programa de reformas -la reforma tributaria, la reforma del sistema de jubilaciones, la reforma agraria, la reforma laboral y la reforma política- es indispensable contar con los medios legislativos y financieros indispensables para lograr su aprobación legislativa y garantizar su adecuada ejecución. Pero la tarea se emprendió sin contar con mayoría entre los legisladores ni los gobernadores, con la economía nacional al borde del abismo, y en medio de una amenazadora situación internacional, donde Argentina colapsaba, México había extraviado el rumbo, Venezuela estaba en crisis, el derecho internacional y la ONU habían sido ignorados y comenzaba la invasión a Irak.
En ese contexto, para que Brasil pueda emprender un ciclo de crecimiento económico, generación de empleos y redistribución de la renta, era indispensable empezar por "poner la casa en orden", ya que ésta se recibió en precarias condiciones: el gobierno de Lula heredó un cuadro de alta inflación unida a una rápida desvalorización de la moneda, altísima deuda pública, escaso nivel de inversiones, contracción del crédito externo y desconfianza internacional sobre la capacidad del nuevo gobierno para controlar la situación, lo que disparó el riesgo-Brasil y la devaluación de los títulos de la deuda brasileña.
Esta situación ya ha cambiado. En lo que va de 2003, el real se recupera a la vez que la balanza comercial mejora, con un superávit que cuadriplica lo alcanzado durante el mismo período del año anterior, gracias al aumento y diversificación de las exportaciones. La inflación empieza a ceder. Sin embargo, para esto fue preciso anteponer las concertaciones políticas requeridas para que el Congreso apruebe la reforma del sistema de jubilaciones y la reforma tributaria. Esta última, además de introducir justicia fiscal, debe surtir efectos inmediatos para desgravar la producción, el trabajo y las exportaciones, y terminar la incoherencia de que cada estado de la federación brasileña siga teniendo su propio sistema fiscal, en frecuentes controversias con los demás. Estas medidas no se desvían de los objetivos de justicia y equidad sociales, generación de empleos y mejor distribución del ingreso que figuran en el plan de gobierno que el Partido de los Trabajadores pactó con sus aliados. Además, avanza el enorme programa Hambre Cero que, lejos de tener aliento paternalista, integra a millares de brasileños de todo el espectro socioeconómico a la tarea de corregir las causas estructurales del hambre, la pobreza y la marginación.
Los proyectos movilizan una amplia y plural participación de los diversos sectores sociales. Una muestra es el Plan Plurianual (PPA), que implica una nueva visión del desarrollo del país. Las metas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales a realizar en cada región se discuten con los representantes de sus pobladores. Así, en el evento organizado en Manaus para discutir el plan para la zona amazónica, participaron más de dos mil organizaciones de la sociedad civil, iniciando un modelo que se reproducirá en los demás estados federales, a fin de recoger las aportaciones regionales e incorporarlas al PPA.
El mensaje de Lula a ese evento resumió la tarea asignada a sus participantes: "¿Qué tipo de crecimiento queremos?" -preguntó- "¿Cómo aumentar nuestra producción industrial y agrícola, nuestras exportaciones, nuestra presencia en el comercio exterior y, al mismo tiempo, aumentar el consumo dentro de nuestro propio país? ¿Cuáles son las políticas de saneamiento, salud, educación y capacitación profesional, de acceso al empleo y la renta, de seguridad pública, que debemos perseguir, para mejorar la vida y el futuro de la gran mayoría de los brasileños?" A usted le toca decidirlo.
Por su parte, el Ministerio de Educación colabora con un maestro de Informática que se hace responsable del equipo en el local. Explica Cardoze que el año pasado ganaron el Premio Educo de COSPAE, por su contribución a la educación.
Fue creada en 1996 en memoria de Gabriel Lewis Galindo, diplomático, negociador de los tratados del Canal de Panamá y empresario involucrado con la misión de contribuir al fortalecimiento del sistema educativo panameño.
Con la visión de Gabriel Lewis Galindo: "Si queremos progresar, nos tenemos que educar", la fundación ha creado el programa "El Educador del Siglo XXI", dirigido a capacitar con nuevas estrategias de enseñanza y metodologías necesarias para el éxito de los docentes de enseñanza primaria.
Este proyecto, que se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Educación, se basa en el modelo de enseñanza VASE, con el cual el docente motiva al estudiante a aprender usando el pensamiento crítico que lo llevará a tomar decisiones razonables y apropiadas en su vida. Cada una de sus siglas promueve que el niño logre: Vivenciar para visualizar; Analizar para aplicar; Sensibilizar para construir, y Evaluar para expresar.
