¡Bravo! Pero...
En El Panamá América del 26 de julio de 1999, segmento de Opinión, pág. A-11, hay un artículo atribuido a Marcos A. Alvarez P., e intitulado "Derechos del Niño y del adolescente: Aún una utopía en Panamá".
La publicación aludida también denuncia firmemente la violación de los derechos expresados, pese a las declaraciones. Achaca ésta a factores endógenos (extrema pobreza, familias emergentes, maltrato familiar, desnutrición, deserción escolar, menores de edad en riesgo, niños en la calle, prostitución infantil, conducta infractora, etc.) y exógenos (distribución desigual de la riqueza, en términos de la propiedad privada y de las asignaciones presupuestarias públicas para Bienestar Social, comparadas con otros servicios).
¡Bravo! El artículo comentado critica el abismo entre la teoría (proclamación universal de los derechos del Niño y del Adolescente) y la triste realidad nacional (violación generalizada de estos derechos e ineficacia de los remedios). Nos insinúa que el Plan de Acción adoptado en la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990), para destinar a la infancia el 20% de los presupuestos de la Estados participantes, en general quedó en mera declaración programática.
De las soluciones destaca el ingrediente económico, clave para necesidades infantiles que trascienden la sola alimentación y comprenden la salud, el vestido, la educación, etc. Halla una relación directa e inversamente proporcional entre los salarios insuficientes de los padres y la desnutrición que sufren los infantes y adolescentes, su bajo cociente intelectual, la incapacidad de asimilar conocimientos y de responder a los requerimientos materiales del sistema educativo y, al final, el abandono escolar y de toda posibilidad de superación. A esto suele seguir la incorporación prematura a la economía informal con la secuela de peligros tales como el abuso sexual en ocasiones contra la voluntad de las víctimas o presionadas por los propios padres (¡prostitución infantil!), como terrible alternativa para satisfacer sus necesidades inmediatas.
El periodista afirma que las soluciones reales pasan por el concurso del gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general. Sin aparente concierto, él, Edson Seda de Moraes y Emilio García M. coinciden en el rechazo a la "judicialización de la pobreza" como vía de solución.
Pero hasta donde sabemos, se trabaja en el proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil, el cual engloba el concepto de la protección integral; no nos parece que existan dos proyectos. Por protección integral entendemos el amparo en diversas facetas no sólo al adolescente infractor, sino a la persona ofendida y a la ciudadanía en general.
Creemos que se incurre en una contradicción cuando se afirma que la penalización del adolescente hará realidad sus derechos fundamentales. La sentencia y los antecedentes penales cargarán al infractor con el pesado fardo de la estigmatización. Resultará muy difícil, que esta especie de lepra penal permita, luego de su excarcelación, el acceso real del adolescente a sus derechos fundamentales, entre ellos, a un trabajo digno y suficientemente remunerado.
Dada la degradante realidad (por motivos de presupuesto y concepción represiva) de nuestras cárceles, que no creemos distinta aún para los centros penales juveniles, y la estigmatización propia de la penalización, no dudamos que la justicia penal juvenil se ubicará en abierta contradicción con el bregar de las instituciones antes mencionadas en pro de esos derechos.
En El Panamá América del 2 de agosto de 1999, página E-8 (contraportada) se afirma que en la semana se debatirá el proyecto mencionado. Reconocimos que tiene conceptos positivos, aclaramos que no abogamos por la impunidad para los infractores y aceptamos que en ocasiones justificadas se debe ser severo en el trato con ellos. Esperamos un estudio del proyecto de ley objetivo y carente de prisas, el reconocimiento de que protección integral no equivale a penalización, la aceptación de que admite reformas y que el éxito de la reeducación y resocialización no tiene por qué limitarse a Chapala. ¡No sacrifiquemos a nuestras futuras generaciones para satisfacer a una opinión pública huérfana de orientaciones serenas!
La publicación aludida también denuncia firmemente la violación de los derechos expresados, pese a las declaraciones. Achaca ésta a factores endógenos (extrema pobreza, familias emergentes, maltrato familiar, desnutrición, deserción escolar, menores de edad en riesgo, niños en la calle, prostitución infantil, conducta infractora, etc.) y exógenos (distribución desigual de la riqueza, en términos de la propiedad privada y de las asignaciones presupuestarias públicas para Bienestar Social, comparadas con otros servicios).
¡Bravo! El artículo comentado critica el abismo entre la teoría (proclamación universal de los derechos del Niño y del Adolescente) y la triste realidad nacional (violación generalizada de estos derechos e ineficacia de los remedios). Nos insinúa que el Plan de Acción adoptado en la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990), para destinar a la infancia el 20% de los presupuestos de la Estados participantes, en general quedó en mera declaración programática.
De las soluciones destaca el ingrediente económico, clave para necesidades infantiles que trascienden la sola alimentación y comprenden la salud, el vestido, la educación, etc. Halla una relación directa e inversamente proporcional entre los salarios insuficientes de los padres y la desnutrición que sufren los infantes y adolescentes, su bajo cociente intelectual, la incapacidad de asimilar conocimientos y de responder a los requerimientos materiales del sistema educativo y, al final, el abandono escolar y de toda posibilidad de superación. A esto suele seguir la incorporación prematura a la economía informal con la secuela de peligros tales como el abuso sexual en ocasiones contra la voluntad de las víctimas o presionadas por los propios padres (¡prostitución infantil!), como terrible alternativa para satisfacer sus necesidades inmediatas.
El periodista afirma que las soluciones reales pasan por el concurso del gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general. Sin aparente concierto, él, Edson Seda de Moraes y Emilio García M. coinciden en el rechazo a la "judicialización de la pobreza" como vía de solución.
Pero hasta donde sabemos, se trabaja en el proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil, el cual engloba el concepto de la protección integral; no nos parece que existan dos proyectos. Por protección integral entendemos el amparo en diversas facetas no sólo al adolescente infractor, sino a la persona ofendida y a la ciudadanía en general.
Creemos que se incurre en una contradicción cuando se afirma que la penalización del adolescente hará realidad sus derechos fundamentales. La sentencia y los antecedentes penales cargarán al infractor con el pesado fardo de la estigmatización. Resultará muy difícil, que esta especie de lepra penal permita, luego de su excarcelación, el acceso real del adolescente a sus derechos fundamentales, entre ellos, a un trabajo digno y suficientemente remunerado.
Dada la degradante realidad (por motivos de presupuesto y concepción represiva) de nuestras cárceles, que no creemos distinta aún para los centros penales juveniles, y la estigmatización propia de la penalización, no dudamos que la justicia penal juvenil se ubicará en abierta contradicción con el bregar de las instituciones antes mencionadas en pro de esos derechos.
En El Panamá América del 2 de agosto de 1999, página E-8 (contraportada) se afirma que en la semana se debatirá el proyecto mencionado. Reconocimos que tiene conceptos positivos, aclaramos que no abogamos por la impunidad para los infractores y aceptamos que en ocasiones justificadas se debe ser severo en el trato con ellos. Esperamos un estudio del proyecto de ley objetivo y carente de prisas, el reconocimiento de que protección integral no equivale a penalización, la aceptación de que admite reformas y que el éxito de la reeducación y resocialización no tiene por qué limitarse a Chapala. ¡No sacrifiquemos a nuestras futuras generaciones para satisfacer a una opinión pública huérfana de orientaciones serenas!
