Brutalidad
La palabra "brutalidad" tiene varias acepciones. Una es la del uso desmesurado de fuerza; y otra, muy vernácula, es la de hacer algo estúpido. El Gobierno Nacional ha logrado realizar en un solo acto las dos acepciones antedichas al reprimir brutalmente a los pacientes que sobrevivieron al envenenamiento con dietilenglicol en el Seguro Social, y sus familiares.
No es lo mismo enfrentar una manifestación violenta que lanza proyectiles como piedras o cócteles molotov, que una manifestación pacífica de personas que han sido víctimas de la negligencia inexcusable del sistema de Salud Pública.
La brutalidad policial con la que fueron reprimidas personas que ya han sufrido demasiado a manos del Estado, se conjuga con la brutalidad política de reprimir a un grupo que concita incondicionalmente la solidaridad de toda la sociedad. Todo esto en momentos en que el Presidente de la República se encontraba fuera del país. Ante estas circunstancias cabe preguntarse, ¿quién estaba a cargo del Gobierno en ese momento? ¿Por qué no pudo bajar ni siquiera un asesor presidencial, de los que seguramente hay muchos y bien pagados, para atender una delegación de los manifestantes con el respeto que merece su dolor y situación? ¿Por qué ahora el Ejecutivo nombra al propio director del SPI para investigar a sus hombres, en lugar de encomendar esa misión a cualquier experto de los muchos que son funcionarios en otras instituciones?
El comunicado de la Presidencia en donde se ofrece acelerar el proceso de pago de las indemnizaciones, a las que tienen legítimo derecho, es insultante, puesto que al omitir las disculpas y cualquier mención de sanciones ejemplares contra los responsables, hace ver que todo es un problema de dinero que se resuelve con cheques. El dolor de estas familias y los daños permanentes a la salud de los sobrevivientes del envenenamiento, requieren de mayor prudencia de parte de un Gobierno que, con esta concatenación de errores suicidas, no pareciera comprender lo grave de la brutalidad cometida.
No es lo mismo enfrentar una manifestación violenta que lanza proyectiles como piedras o cócteles molotov, que una manifestación pacífica de personas que han sido víctimas de la negligencia inexcusable del sistema de Salud Pública.
La brutalidad policial con la que fueron reprimidas personas que ya han sufrido demasiado a manos del Estado, se conjuga con la brutalidad política de reprimir a un grupo que concita incondicionalmente la solidaridad de toda la sociedad. Todo esto en momentos en que el Presidente de la República se encontraba fuera del país. Ante estas circunstancias cabe preguntarse, ¿quién estaba a cargo del Gobierno en ese momento? ¿Por qué no pudo bajar ni siquiera un asesor presidencial, de los que seguramente hay muchos y bien pagados, para atender una delegación de los manifestantes con el respeto que merece su dolor y situación? ¿Por qué ahora el Ejecutivo nombra al propio director del SPI para investigar a sus hombres, en lugar de encomendar esa misión a cualquier experto de los muchos que son funcionarios en otras instituciones?
El comunicado de la Presidencia en donde se ofrece acelerar el proceso de pago de las indemnizaciones, a las que tienen legítimo derecho, es insultante, puesto que al omitir las disculpas y cualquier mención de sanciones ejemplares contra los responsables, hace ver que todo es un problema de dinero que se resuelve con cheques. El dolor de estas familias y los daños permanentes a la salud de los sobrevivientes del envenenamiento, requieren de mayor prudencia de parte de un Gobierno que, con esta concatenación de errores suicidas, no pareciera comprender lo grave de la brutalidad cometida.
