¡Buen paso, pero hacen falta más!
C omo un paso positivo, debemos considerar la iniciativa surgida en la Asamblea Legislativa de reducir algunos de los privilegios de que disfrutan sus integrantes. Aunque los privilegios de los legisladores panameños no son muy diferentes a lo que tienen los miembros de otros parlamentos latinoamericanos, el deterioro general de la imagen pública de las asambleas legislativas, y en el caso particular de la nuestra, algunas conductas de las que son responsables varios de sus integrantes, han provocado que la comunidad los resienta como injustificados y excesivos.
En todas las iniciativas conocidas de reformas constitucionales es constante la demanda de que se reduzca tanto el número de legisladores como el de sus suplentes. Esa exigencia la motivan dos razones fundamentales: Una, que de acuerdo con el sistema electoral vigente, en cada elección continuará aumentando el número de legisladores; la otra, que el costo que demandará ese crecimiento, unido a los privilegios de que disfrutan, no se compadece con las condiciones de muchos miles de panameños que viven en la pobreza.
En otras ocasiones, he puesto el ejemplo de los Estados Unidos. Tanto su Cámara de Representante como su Senado tienen un número fijo: 435 en la primera y 100 en el segundo. Y, por otra parte, no existen los suplentes. Y situaciones similares existen en muchos otros países. En Panamá, también podríamos limitar el número de los miembros de nuestra Asamblea y congelarlo, por ejemplo, por un período de veinte años.
Conocida es mi posición a favor de que las reformas constitucionales que realmente se necesitan, y que no comprenden más de 10 a 15 artículos, con una actitud práctica, se aprueben mediante el procedimiento de dos asambleas sucesivas, como ocurrió con el título sobre el Canal de Panamá, por ser la más sencilla y la menos traumática y costosa.
Basado en el buen paso que han dado los integrantes de la actual Asamblea Legislativa, para reducirse los privilegios de que disfrutan, es que me animo a sugerirle que vayan más adelante y se hagan eco de otras demandas que la comunidad comparte.
En ese orden, bien podrían imponerse la tarea, una vez pasen las elecciones del 2 de mayo, de aprobar en lo que les resta del período legislativo que vence el 30 de junio, un pliego de reformas constitucionales que después serían aprobadas por la Asamblea que se instalará el 1 de septiembre de 2004.
Tanto los legisladores que están por cumplir sus mandatos como los que asumirán funciones en septiembre, tienen la oportunidad histórica de hacer un gran servicio para mejorar la imagen del parlamento panameño pero, ante todo, a la nación. Y si se tiene en cuenta que los cambios que se introduzcan en la composición de la Asamblea no afectarían a los legisladores actuales ni tampoco a los entrantes, pues se pondrían en vigor para las elecciones del 2009, creo que debieran pensar muy bien si dejan escapar esta coyuntura, que es única.
En todas las iniciativas conocidas de reformas constitucionales es constante la demanda de que se reduzca tanto el número de legisladores como el de sus suplentes. Esa exigencia la motivan dos razones fundamentales: Una, que de acuerdo con el sistema electoral vigente, en cada elección continuará aumentando el número de legisladores; la otra, que el costo que demandará ese crecimiento, unido a los privilegios de que disfrutan, no se compadece con las condiciones de muchos miles de panameños que viven en la pobreza.
En otras ocasiones, he puesto el ejemplo de los Estados Unidos. Tanto su Cámara de Representante como su Senado tienen un número fijo: 435 en la primera y 100 en el segundo. Y, por otra parte, no existen los suplentes. Y situaciones similares existen en muchos otros países. En Panamá, también podríamos limitar el número de los miembros de nuestra Asamblea y congelarlo, por ejemplo, por un período de veinte años.
Conocida es mi posición a favor de que las reformas constitucionales que realmente se necesitan, y que no comprenden más de 10 a 15 artículos, con una actitud práctica, se aprueben mediante el procedimiento de dos asambleas sucesivas, como ocurrió con el título sobre el Canal de Panamá, por ser la más sencilla y la menos traumática y costosa.
Basado en el buen paso que han dado los integrantes de la actual Asamblea Legislativa, para reducirse los privilegios de que disfrutan, es que me animo a sugerirle que vayan más adelante y se hagan eco de otras demandas que la comunidad comparte.
En ese orden, bien podrían imponerse la tarea, una vez pasen las elecciones del 2 de mayo, de aprobar en lo que les resta del período legislativo que vence el 30 de junio, un pliego de reformas constitucionales que después serían aprobadas por la Asamblea que se instalará el 1 de septiembre de 2004.
Tanto los legisladores que están por cumplir sus mandatos como los que asumirán funciones en septiembre, tienen la oportunidad histórica de hacer un gran servicio para mejorar la imagen del parlamento panameño pero, ante todo, a la nación. Y si se tiene en cuenta que los cambios que se introduzcan en la composición de la Asamblea no afectarían a los legisladores actuales ni tampoco a los entrantes, pues se pondrían en vigor para las elecciones del 2009, creo que debieran pensar muy bien si dejan escapar esta coyuntura, que es única.
