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¿Burla a la ley?


Un presidente de la República honrado y que proclama la guerra contra la corrupción debe sentirse lastimado, arrepentido y hasta traicionado por un amigo que lo acompañó durante la campaña y proclamaba lo mismo que él, si habiéndole merecido su confianza lo nombró en un importante cargo donde se manejaba dinero y luego se descubrió que metió la pata porque metió la mano. Ojalá no le ocurra esto a nuestro actual mandatario, pero no puede descartarse. Ello es posible ante el panorama universal de corrupción y la avidez de hacer fortuna.
La noticia de que el señor Contralor General de la República ha declarado que 1,595 funcionarios que tienen, conforme a la ley, el deber de declarar sus bienes actuales tras haber aceptado el cargo y solamente 105 lo han hecho, no puede ser más alarmante.
La actual actitud esquiva de quienes no cumplen con declarar ahora sus bienes, induce a pensar que algunos de ellos no lo han hecho por negligencia; pero que el resto, desgraciadamente, no está actuando con probidad.
Se hace imperativo legislar y establecer, específicamente, que quienes no hagan su declaración de bienes tras haber tomado posesión del cargo, sin razón que lo justifique, quedarán automáticamente destituidos. El propio señor Presidente ha dado el ejemplo puesto que declaró sus bienes. La posible medida de retenerles el sueldo a los remisos hasta que declaren, resulta insuficiente.
Cuando el tigre asoma y muestra sus garras, sería insensato tratar de espantarlo. Hay que eliminarlo.

101 años de Panamá América

 
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