Buscando el rumbo
Los índices de la actividad económica registrados por el Ministerio de Comercio e Industrias durante el año que termina no muestran el dinamismo esperado. El capital invertido tanto en el comercio como en la industria indica que la confianza del inversionista disminuye y con ello los puestos de trabajo generados y que, de continuar esta tendencia, terminaremos el año con un veinte por ciento debajo del pasado en la creación de puestos de trabajo.
Unido a lo anterior está la apreciación de importantes firmas de evaluación de crédito internacional que revelan un retroceso en la confianza del inversionista extranjero debido a los problemas fiscales enfrentados por la administración del gobierno panameño enfrenta y a declaraciones sobre el uso del ahorro nacional para actividades que debieran financiarse con el presupuesto estatal.
Por otra parte los aumentos anunciados en la tarifa eléctrica y el transporte pronostican tiempos más difíciles para la agricultura y la industria. Esta última ya había sido golpeada con la rebaja arancelaria y no fue incluida todavía en la lista de posibles correcciones lo que le impedirá traspasar esos aumentos en costos a los productos, poniendo en peligro su existencia.
En medio de este panorama los sindicatos han desatado una campaña pública de cierres de calle que obstaculizan el movimiento comercial precisamente en la época del año aprovechada por muchas empresas para recuperarse de las pérdidas acumuladas, y anuncian aspiraciones de un nivel de salario mínimo que le daría el golpe definitivo a las posibilidades de generar nuevos empleos y que contribuiría al aumento de la economía informal.
Las autoridades del gobierno tienen sobre sus hombros una grave responsabilidad. Por una parte deben defender el derecho a protestar, pero no pueden tolerar que en su ejercicio por parte de un pequeño grupo se llegue a la anarquía que paraliza el desarrollo económico. Así mismo deben respaldar las justas aspiraciones de los trabajadores por lograr un salario digno, pero al hacerlo no pueden contribuir al cierre de muchas empresas porque su efecto sería contraproducente para el interés nacional. Y también deben atender la deuda social pero sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.
El perfecto balance en materia social no es fácil de mantener especialmente por políticos que quieren presentar una imagen popular. La difícil situación que vivimos exige lograr un ambiente de justicia por la vía del diálogo, sin alejar las necesarias inversiones generadoras de empleo. De otro modo las aspiraciones de mejorar el bienestar de los panameños se transformaran en frustración y desesperanza.
Urge convocar a la unidad nacional en torno a los temas más importantes del desarrollo. El revanchismo político y el resentimiento social no contribuyen en nada a solucionar los graves problemas nacionales. Solamente el diálogo y la concertación con participación de todos los sectores permitirían elaborar algunas ideas que nos ayuden a encontrar el rumbo en medio de la tormenta.
Unido a lo anterior está la apreciación de importantes firmas de evaluación de crédito internacional que revelan un retroceso en la confianza del inversionista extranjero debido a los problemas fiscales enfrentados por la administración del gobierno panameño enfrenta y a declaraciones sobre el uso del ahorro nacional para actividades que debieran financiarse con el presupuesto estatal.
Por otra parte los aumentos anunciados en la tarifa eléctrica y el transporte pronostican tiempos más difíciles para la agricultura y la industria. Esta última ya había sido golpeada con la rebaja arancelaria y no fue incluida todavía en la lista de posibles correcciones lo que le impedirá traspasar esos aumentos en costos a los productos, poniendo en peligro su existencia.
En medio de este panorama los sindicatos han desatado una campaña pública de cierres de calle que obstaculizan el movimiento comercial precisamente en la época del año aprovechada por muchas empresas para recuperarse de las pérdidas acumuladas, y anuncian aspiraciones de un nivel de salario mínimo que le daría el golpe definitivo a las posibilidades de generar nuevos empleos y que contribuiría al aumento de la economía informal.
Las autoridades del gobierno tienen sobre sus hombros una grave responsabilidad. Por una parte deben defender el derecho a protestar, pero no pueden tolerar que en su ejercicio por parte de un pequeño grupo se llegue a la anarquía que paraliza el desarrollo económico. Así mismo deben respaldar las justas aspiraciones de los trabajadores por lograr un salario digno, pero al hacerlo no pueden contribuir al cierre de muchas empresas porque su efecto sería contraproducente para el interés nacional. Y también deben atender la deuda social pero sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.
El perfecto balance en materia social no es fácil de mantener especialmente por políticos que quieren presentar una imagen popular. La difícil situación que vivimos exige lograr un ambiente de justicia por la vía del diálogo, sin alejar las necesarias inversiones generadoras de empleo. De otro modo las aspiraciones de mejorar el bienestar de los panameños se transformaran en frustración y desesperanza.
Urge convocar a la unidad nacional en torno a los temas más importantes del desarrollo. El revanchismo político y el resentimiento social no contribuyen en nada a solucionar los graves problemas nacionales. Solamente el diálogo y la concertación con participación de todos los sectores permitirían elaborar algunas ideas que nos ayuden a encontrar el rumbo en medio de la tormenta.
