Buscando un futuro para sus familias
El valor fundamental de las encuestas de opinión pública que se divulgan en el país no se encuentra en los datos sobre las personalidades políticas del momento, lo que en algunos países se ha llegado a llamar el "popularímetro". Son importantes esos datos, pero más relevante es un examen de cerca sobre la información básica de la situación de las familias del país. En el último Gallup Poll (marca registrada) realizada para El Panamá América y Canal 4 (MEDCOM), llama la atención que un 63 por ciento de los entrevistados manifiestan que la situación económica de sus familias está en el 2003 peor que el año pasado. Son más los que residen en el interior del país y los que tienen más de 40 años que opinan de esta manera, pero tres de cada cinco en todo el territorio nacional reportan que está mal su situación.
Este dato no tiene nombre y apellido, no tiene partido político en especial para señalar como el culpable; pero cuando se mira este mismo dato tomado en años pasados, sí se nota una tendencia. Por ejemplo, en julio de 1993, durante la administración de Guillermo Endara, sólo un 33 por ciento consideraba que la situación financiera de sus familias estaba peor que el año anterior y en mayo de 1998, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, fue un 21 por ciento que se consideraba en peor estado. Cualquier economista dirá que la situación económica de un país y las familias que lo habitan depende poco o nada de lo que hace un presidente, y es casi seguro que el cuadro que pinta la encuesta actual no es producto de acciones de la administración de Mireya Moscoso. Pero si es cierto que dos terceras partes de todos los hogares ahora se consideran más pobres que en 2002, es una situación deplorable.
El pueblo panameño, como todos los de Centroamérica, tiende a ser estatista en su orientación y, entonces, no entiende que la presidenta Moscoso, y su gobierno, no es necesariamente responsable por su situación; y es por esa razón que esta gestión sale tan mal evaluada. Cuando se junta esa situación en las economías de las familias panameñas con otro dato de la misma encuesta de abril 2003, donde manifiestan 64 por ciento de los entrevistados que sienten temor cuando están solos en sus hogares por la ola de crimen que vive el país, no extraña que es difícil encontrar alguno que diga que Panamá va por el camino correcto.
Es probable que parte del problema de la seguridad de las personas estriba en el problema económico que se ha medido. Pero esta situación sí tiene más que ver con la gestión gubernamental -la verdad es que Jean Jacques Rosseau explicitó muy bien en su libro El Salvaje Noble, que los seres humanos viven en una sociedad para obtener protección de la naturaleza. Cuando existe la sensación que la sociedad, a través de sus gobernantes, no está dando esa protección, se puede decir que hay una falla de parte del colectivo vis a vis el individuo. Entonces la marea, que es la opinión pública panameña, se pinta oscura por el momento; pero pronto este pueblo que se está llevando por estas corrientes, tendrá algunos que estarán ofreciendo tirarle un salvavidas. Estos son los candidatos presidenciales, que ya se están midiendo en la encuesta de abril de 2003. ¿En cuál creerán más? Esto se va a saber según avanza el período electoral que culmina en mayo de 2004, a través de las encuestas de esta serie. Y más importante, ¿podrá el de más credibilidad ejecutar soluciones que pintarán un mejor futuro para el pueblo panameño?
*Para Centroamérica, Panamá y el Caribe.
Destacó Martínez que se requiere más asignación de personal administrativo para agilizar las tareas producidas por la gran cantidad de trámites producidos a partir de las audiencias. Valoró como óptimo la cantidad de jueces, la infraestructura física y la digitalización de los expedientes que tiene actualmente la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Al ser interrogado sobre los casos que se observan a diario de conductores (sobre todo los de buses colectivos y taxis), que acumulan hasta 15 y más boletas de citaciones ante la autoridad competente, Martínez destacó que el propio dueño del vehículo es el primero que debe preocuparse del agravante y exigirle al conductor responsabilidad en el manejo. La situación muchas veces se agrava debido a que la licencia de conducir en Panamá tiene una duración de cuatro años y muchos conductores no se preocupan por la acumulación de boletas, hasta tanto no tengan necesidad de renovar sus respectivas licencias.
Como no son dueños de los vehículos no les preocupa estar a Paz y Salvo con la institución. La morosidad que tienen los conductores es actualmente de B/ 32,000,000. Esta situación ha producido que con las reformas a la Ley 14 se haya creado la figura del Juez Ejecutor para ejercer Jurisdicción Coactiva y recuperar bienes. En la actualidad el director de la institución ha sancionado con la inhabilitación de las licencias de conducir a estas personas que acumulan infracciones de tránsito. En la pantalla del equipo de informática de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se puede verificar la cantidad de personas en esta situación. Falta ahora ejecutar dicha situación y proceder a llevarla a cabo en las propias calles.
Agregó que otro problema que se refleja con gran intensidad es que tanto los buses colegiales como los colectivos y de equipo pesado no conducen por el carril por la mano derecha, y esto contribuye a complicar el transporte y también ocasiona muchos accidentes. En los casos de muerte por accidente de tránsito el juez penal que atiende el caso puede ordenar la suspensión de la licencia por un tiempo indeterminado y si es un caso reincidente puede proceder a la cancelación definitiva de la licencia. Algunas disposiciones del Reglamento de Tránsito son irrisibles y bastante complacientes. Tal es el caso de las sanciones por pasarse una luz roja, que es de sesenta balboas. (B/ 60.00 ). Un conductor que se pase una luz roja puede provocar la muerte al conductor de la vía contraria. Según Martínez se requiere mayor educación y conciencia por parte de la ciudadanía ante el incremento de los accidentes de tránsito.
La Ley 14 ha creado la figura del Juez Ejecutor que permite realizar el cobro coactivo a favor de la institución, ya sea por daños a la propiedad ajena o por cuentas morosas por infracciones menores, previa aprobación de la Junta Directiva.
El Juez Ejecutor es el encargado de tramitar arreglos de pago y gestionar todas las moratorias aprobadas a efecto de incentivar a los morosos a cancelar sus deudas pendientes. En la actualidad el Juez Ejecutor es Juan Carlos Yepes.
Una visita a estas instalaciones del Juez Ejecutor, que tiene que tramitar los arreglos de pago a través de la sección de Infracciones Menores, permite comprobar el purgatorio de los conductores que acuden a ventilar sus casos. Según los entrevistados las demoras son demasiadas; hay quienes llegan desde la madrugada y por espacio de tres y hasta cuatro días para lograr un cupo. Sólo se atienden 20 casos por día. El calor es sofocante; decenas de personas se aglomeran y protestan; otros se resignan y deciden sentarse en el suelo, tal es la cantidad de personas y la escasez de sillas.
Según la Juez Tercera de Tránsito, Marisela Osorio la cantidad de jueces que atienden los casos de la institución son suficientes. Abogó más bien por la disminución de los accidentes de tránsito y una mayor conciencia ciudadana. Explicó que la demora de dos meses para que los implicados en un accidente de tránsito sean llamados a juicio obedece a la cantidad de colisiones presentadas.
El volumen de atención de cada juez es considerable. Según Osorio, hay días en que se realizan hasta 50 audiencias. La solución real para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito no es aumentar la multa sino educar al público, ya que no ha bajado el número de infracciones cometidas, por el contrario aumentan cada año. Lo que se ha logrado disminuir es el período de realización de las audiencias, pero los accidentes se incrementan día a día.
Otro problema observado en Panamá es que muchas personas se pasan las luces rojas y el público sólo atiende las disposiciones del tránsito cuando un policía hace acto de presencia. Reconoció Osorio que las leyes que regulan el tránsito en Panamá se encuentran muy dispersas, muchas de las cuales datan de 1969 y lo ideal sería que se elabore un Código de Tránsito. Según Osorio, en ocasiones, los jueces se ven obligados a aplicar las normas establecidas en el Organo Judicial, porque en la parte administrativa no dice nada al respecto.
Uno de los problemas que producen incremento de los accidentes de tránsito es la falta de señalización de las calles y las advertencias al conductor. Al respecto, Osorio indicó que es una moda por los adolescentes de decorar sus habitaciones con las señales del tránsito, lo cual vuelve imposible e incosteable que se pueda estar reponiendo de forma constante
Un problema por resolver es que diariamente se reciben en los Juzgados de Tránsito más de 1,000 partes. El volumen de casos impide que el único funcionario que atiende los casos pueda verificar el tipo de personas que serán llamados a audiencia. Sucede muchas veces que si la infracción se comete por un miembro del cuerpo diplomático, es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con gran honestidad, la juez Osorio reveló el rostro humano de las audiencias de tránsito. Indicó que en su gran mayoría, las personas desconocen el Reglamento de Tránsito; se muestran más interesadas en los daños ocasionados a su auto y no en preocuparse por la suerte de las otras personas involucradas en el accidente. Mi carro era nuevo", declaran con gran preocupación,según Osorio. Agregó que en segundo lugar quedan las consideraciones humanas de las víctimas.
Este dato no tiene nombre y apellido, no tiene partido político en especial para señalar como el culpable; pero cuando se mira este mismo dato tomado en años pasados, sí se nota una tendencia. Por ejemplo, en julio de 1993, durante la administración de Guillermo Endara, sólo un 33 por ciento consideraba que la situación financiera de sus familias estaba peor que el año anterior y en mayo de 1998, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, fue un 21 por ciento que se consideraba en peor estado. Cualquier economista dirá que la situación económica de un país y las familias que lo habitan depende poco o nada de lo que hace un presidente, y es casi seguro que el cuadro que pinta la encuesta actual no es producto de acciones de la administración de Mireya Moscoso. Pero si es cierto que dos terceras partes de todos los hogares ahora se consideran más pobres que en 2002, es una situación deplorable.
El pueblo panameño, como todos los de Centroamérica, tiende a ser estatista en su orientación y, entonces, no entiende que la presidenta Moscoso, y su gobierno, no es necesariamente responsable por su situación; y es por esa razón que esta gestión sale tan mal evaluada. Cuando se junta esa situación en las economías de las familias panameñas con otro dato de la misma encuesta de abril 2003, donde manifiestan 64 por ciento de los entrevistados que sienten temor cuando están solos en sus hogares por la ola de crimen que vive el país, no extraña que es difícil encontrar alguno que diga que Panamá va por el camino correcto.
Es probable que parte del problema de la seguridad de las personas estriba en el problema económico que se ha medido. Pero esta situación sí tiene más que ver con la gestión gubernamental -la verdad es que Jean Jacques Rosseau explicitó muy bien en su libro El Salvaje Noble, que los seres humanos viven en una sociedad para obtener protección de la naturaleza. Cuando existe la sensación que la sociedad, a través de sus gobernantes, no está dando esa protección, se puede decir que hay una falla de parte del colectivo vis a vis el individuo. Entonces la marea, que es la opinión pública panameña, se pinta oscura por el momento; pero pronto este pueblo que se está llevando por estas corrientes, tendrá algunos que estarán ofreciendo tirarle un salvavidas. Estos son los candidatos presidenciales, que ya se están midiendo en la encuesta de abril de 2003. ¿En cuál creerán más? Esto se va a saber según avanza el período electoral que culmina en mayo de 2004, a través de las encuestas de esta serie. Y más importante, ¿podrá el de más credibilidad ejecutar soluciones que pintarán un mejor futuro para el pueblo panameño?
*Para Centroamérica, Panamá y el Caribe.
Destacó Martínez que se requiere más asignación de personal administrativo para agilizar las tareas producidas por la gran cantidad de trámites producidos a partir de las audiencias. Valoró como óptimo la cantidad de jueces, la infraestructura física y la digitalización de los expedientes que tiene actualmente la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Al ser interrogado sobre los casos que se observan a diario de conductores (sobre todo los de buses colectivos y taxis), que acumulan hasta 15 y más boletas de citaciones ante la autoridad competente, Martínez destacó que el propio dueño del vehículo es el primero que debe preocuparse del agravante y exigirle al conductor responsabilidad en el manejo. La situación muchas veces se agrava debido a que la licencia de conducir en Panamá tiene una duración de cuatro años y muchos conductores no se preocupan por la acumulación de boletas, hasta tanto no tengan necesidad de renovar sus respectivas licencias.
Como no son dueños de los vehículos no les preocupa estar a Paz y Salvo con la institución. La morosidad que tienen los conductores es actualmente de B/ 32,000,000. Esta situación ha producido que con las reformas a la Ley 14 se haya creado la figura del Juez Ejecutor para ejercer Jurisdicción Coactiva y recuperar bienes. En la actualidad el director de la institución ha sancionado con la inhabilitación de las licencias de conducir a estas personas que acumulan infracciones de tránsito. En la pantalla del equipo de informática de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se puede verificar la cantidad de personas en esta situación. Falta ahora ejecutar dicha situación y proceder a llevarla a cabo en las propias calles.
Agregó que otro problema que se refleja con gran intensidad es que tanto los buses colegiales como los colectivos y de equipo pesado no conducen por el carril por la mano derecha, y esto contribuye a complicar el transporte y también ocasiona muchos accidentes. En los casos de muerte por accidente de tránsito el juez penal que atiende el caso puede ordenar la suspensión de la licencia por un tiempo indeterminado y si es un caso reincidente puede proceder a la cancelación definitiva de la licencia. Algunas disposiciones del Reglamento de Tránsito son irrisibles y bastante complacientes. Tal es el caso de las sanciones por pasarse una luz roja, que es de sesenta balboas. (B/ 60.00 ). Un conductor que se pase una luz roja puede provocar la muerte al conductor de la vía contraria. Según Martínez se requiere mayor educación y conciencia por parte de la ciudadanía ante el incremento de los accidentes de tránsito.
La Ley 14 ha creado la figura del Juez Ejecutor que permite realizar el cobro coactivo a favor de la institución, ya sea por daños a la propiedad ajena o por cuentas morosas por infracciones menores, previa aprobación de la Junta Directiva.
El Juez Ejecutor es el encargado de tramitar arreglos de pago y gestionar todas las moratorias aprobadas a efecto de incentivar a los morosos a cancelar sus deudas pendientes. En la actualidad el Juez Ejecutor es Juan Carlos Yepes.
Una visita a estas instalaciones del Juez Ejecutor, que tiene que tramitar los arreglos de pago a través de la sección de Infracciones Menores, permite comprobar el purgatorio de los conductores que acuden a ventilar sus casos. Según los entrevistados las demoras son demasiadas; hay quienes llegan desde la madrugada y por espacio de tres y hasta cuatro días para lograr un cupo. Sólo se atienden 20 casos por día. El calor es sofocante; decenas de personas se aglomeran y protestan; otros se resignan y deciden sentarse en el suelo, tal es la cantidad de personas y la escasez de sillas.
Según la Juez Tercera de Tránsito, Marisela Osorio la cantidad de jueces que atienden los casos de la institución son suficientes. Abogó más bien por la disminución de los accidentes de tránsito y una mayor conciencia ciudadana. Explicó que la demora de dos meses para que los implicados en un accidente de tránsito sean llamados a juicio obedece a la cantidad de colisiones presentadas.
El volumen de atención de cada juez es considerable. Según Osorio, hay días en que se realizan hasta 50 audiencias. La solución real para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito no es aumentar la multa sino educar al público, ya que no ha bajado el número de infracciones cometidas, por el contrario aumentan cada año. Lo que se ha logrado disminuir es el período de realización de las audiencias, pero los accidentes se incrementan día a día.
Otro problema observado en Panamá es que muchas personas se pasan las luces rojas y el público sólo atiende las disposiciones del tránsito cuando un policía hace acto de presencia. Reconoció Osorio que las leyes que regulan el tránsito en Panamá se encuentran muy dispersas, muchas de las cuales datan de 1969 y lo ideal sería que se elabore un Código de Tránsito. Según Osorio, en ocasiones, los jueces se ven obligados a aplicar las normas establecidas en el Organo Judicial, porque en la parte administrativa no dice nada al respecto.
Uno de los problemas que producen incremento de los accidentes de tránsito es la falta de señalización de las calles y las advertencias al conductor. Al respecto, Osorio indicó que es una moda por los adolescentes de decorar sus habitaciones con las señales del tránsito, lo cual vuelve imposible e incosteable que se pueda estar reponiendo de forma constante
Un problema por resolver es que diariamente se reciben en los Juzgados de Tránsito más de 1,000 partes. El volumen de casos impide que el único funcionario que atiende los casos pueda verificar el tipo de personas que serán llamados a audiencia. Sucede muchas veces que si la infracción se comete por un miembro del cuerpo diplomático, es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con gran honestidad, la juez Osorio reveló el rostro humano de las audiencias de tránsito. Indicó que en su gran mayoría, las personas desconocen el Reglamento de Tránsito; se muestran más interesadas en los daños ocasionados a su auto y no en preocuparse por la suerte de las otras personas involucradas en el accidente. Mi carro era nuevo", declaran con gran preocupación,según Osorio. Agregó que en segundo lugar quedan las consideraciones humanas de las víctimas.
