¿Cacería de brujas?
Parece que nuestra clase política nunca dejará de sorprendernos. Cada día aflora un nuevo escándalo. Recientemente, los medios se hicieron eco de una compra de ocho fincas de propiedad del Banco Nacional, por cuenta de un presunto allegado al gobierno, por un precio irrisorio que implica una cuantiosa pérdida para la institución. Aparentemente las fincas tenían un valor de US$ 760,000.00 y fueron vendidas en US$ 260,000.00, a pesar de haberse recibido ofertas por mucho más dinero ¿Qué les parece? Vaya manera de cuidar los intereses del Estado.
El presunto comprador desistió de la aludida compra "en vista de la publicidad malsana" y la Presidenta de la República, como de costumbre, tuvo a menos la denuncia y manifestó que "aquí se cuestiona todo lo de este gobierno". Y... ¿qué desea la Excelentísima Sra. Presidenta después de los últimos escándalos? ¿Qué podemos esperar de un gobierno que se ha caracterizado por el alto grado de corrupción existente, según la percepción general de la ciudadanía, y que se niega a adoptar medidas enmendadoras? Si no hubiera sido por el denuncio formulado en el Diario La Prensa la susodicha operación del Banco Nacional se hubiese realizado en perjuicio de los intereses del Estado. ¿Cuántas situaciones más no se habrán producido en el Banco Nacional, en condiciones similares y que han permanecido en el más absoluto mutismo? El actual Gerente General del Banco Nacional, cada vez que se le indaga sobre alguna operación dudosa, esgrime de inmediato el famoso "secreto bancario", que no es otra cosa que el instrumento de los pícaros para lograr impunidad. ¿Y el Contralor General de la República? ¿Contralor who? Ausente como de costumbre, ¿o no? Este funcionario, como andan las cosas, no tardará en convertirse de contralor en auspiciador.
Otro escándalo que se avecina es el denuncio aparecido en el Diario The Washington Post en que se da cuenta que entre los años de 1994 a 1997 "líderes" panameños recibieron 11 millones de dólares del gobierno del presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, de un fondo secreto que mantenía para obtener la solidaridad del grupito de gobiernos que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwan. De la gran chequera diplomática taiwanesa fue beneficiada Panamá, entre otros países.
Esta vez la Excelentísima Sra. Presidenta de la República ha guardado silencio, al menos por el momento. En cambio no lo han hecho el anterior Embajador de Panamá en Taiwan. Este ha querido restarle importancia a los hechos denunciados que han constituido un escándalo gracias a los reportajes del diario China Times y la revista Next Magazine, no obstante los controles que han querido establecer las autoridades de ese país a fin de evitar la divulgación de la noticia. El ex embajador de Panamá en Taiwan ha declarado, según noticia aparecida en este diario el sábado 6 de abril, que "eso no tiene nada de sorprendente ni de extraño y no estamos hablando de sumas astronómicas ni cuentas parecidas". Si a este ex funcionario no le parecen 11 millones de dólares "sumas astronómicas", sería interesante conocer cuáles sí lo son. Además, aquí no se trata de un problema de cantidades, sino de principios morales y éticos, estamos hablando de soborno, del pago de sumas de dinero por parte de Taiwan para lograr su reconocimiento diplomático.
Las declaraciones del actual Embajador de Taiwan en Panamá no se compadecen con los hechos denunciados por la prensa nacional de su país y en Hong Kong. Este igualmente ha querido hacer ver que todo lo ocurrido es parte de un plan internacional de ayuda normal. ¡Cómo no! Y entonces ¿por qué la existencia de partidas secretas por el orden de $A188 millones (en moneda taiwanesa) que equivalen a 100 millones de dólares y el manejo secreto de dichos fondos? Tenemos entendido que las autoridades taiwanesas se han puesto en comunicación con los gobiernos involucrados para comunicarles que ellos están tomando cartas en el asunto para afrontar esta filtración de información. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwan (MOFA, por sus siglas en inglés), ha admitido que este tipo de filtraciones afecta y daña la forma como Taiwan conduce sus relaciones internacionales y podría llevar a que los veintiocho países que hoy tienen formal relaciones con Taiwan cambien su política de reconocimiento.
Nuestra Constitución sí obliga al Organo Ejecutivo a remitir el Tratado Salas-Becker al Organo Legislativo porque este Arreglo no puede erigirse como excepción a la regla.
Que los acuerdos simplificados se constituyen como verdaderos acuerdos internacionales, lo manifestó el doctor Ricardo J. Alfaro al expresar que el Acuerdo Ejecutivo conocido como Convenio Taft constituía un acuerdo. Decía así: "El Convenio Taft no tuvo la forma de un pacto ordinario... Pero a los ojos de la República, cualquiera que fuera su forma, existía entre las dos naciones un acuerdo bilateral que no podía quebrantarse sino por la voluntad de las dos partes". Al concertarse el Canje de Notas Eleta-Adair, de 1966, el doctor Alfaro sostuvo que el mismo no requería ser enviado a la Asamblea Nacional, pero dio a entender claramente que los acuerdos simplificados solamente deben utilizarse para asuntos de carácter provisional, temporal o urgente, que no impliquen la celebración de un tratado solemne por no comprometer intereses fundamentales del país. Ocurre, sin embargo, que el Tratado Salas-Becker concierne a asuntos cuya naturaleza le darían carácter permanente y no contiene fecha de terminación, salvo por una cláusula de denuncia, y sí compromete dicho acuerdo los intereses y el decoro de la nación.
En conclusión, y haciendo reserva de análisis posteriores más detallados, opinamos que el Organo Ejecutivo ha obrado de mala fe y ha quebrantado la letra y el espíritu de la Constitución al prohijar una acción evasiva del debate legislativo y público del Tratado Salas-Becker, que compromete gravemente los intereses de la nación panameña.
El presunto comprador desistió de la aludida compra "en vista de la publicidad malsana" y la Presidenta de la República, como de costumbre, tuvo a menos la denuncia y manifestó que "aquí se cuestiona todo lo de este gobierno". Y... ¿qué desea la Excelentísima Sra. Presidenta después de los últimos escándalos? ¿Qué podemos esperar de un gobierno que se ha caracterizado por el alto grado de corrupción existente, según la percepción general de la ciudadanía, y que se niega a adoptar medidas enmendadoras? Si no hubiera sido por el denuncio formulado en el Diario La Prensa la susodicha operación del Banco Nacional se hubiese realizado en perjuicio de los intereses del Estado. ¿Cuántas situaciones más no se habrán producido en el Banco Nacional, en condiciones similares y que han permanecido en el más absoluto mutismo? El actual Gerente General del Banco Nacional, cada vez que se le indaga sobre alguna operación dudosa, esgrime de inmediato el famoso "secreto bancario", que no es otra cosa que el instrumento de los pícaros para lograr impunidad. ¿Y el Contralor General de la República? ¿Contralor who? Ausente como de costumbre, ¿o no? Este funcionario, como andan las cosas, no tardará en convertirse de contralor en auspiciador.
Otro escándalo que se avecina es el denuncio aparecido en el Diario The Washington Post en que se da cuenta que entre los años de 1994 a 1997 "líderes" panameños recibieron 11 millones de dólares del gobierno del presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, de un fondo secreto que mantenía para obtener la solidaridad del grupito de gobiernos que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwan. De la gran chequera diplomática taiwanesa fue beneficiada Panamá, entre otros países.
Esta vez la Excelentísima Sra. Presidenta de la República ha guardado silencio, al menos por el momento. En cambio no lo han hecho el anterior Embajador de Panamá en Taiwan. Este ha querido restarle importancia a los hechos denunciados que han constituido un escándalo gracias a los reportajes del diario China Times y la revista Next Magazine, no obstante los controles que han querido establecer las autoridades de ese país a fin de evitar la divulgación de la noticia. El ex embajador de Panamá en Taiwan ha declarado, según noticia aparecida en este diario el sábado 6 de abril, que "eso no tiene nada de sorprendente ni de extraño y no estamos hablando de sumas astronómicas ni cuentas parecidas". Si a este ex funcionario no le parecen 11 millones de dólares "sumas astronómicas", sería interesante conocer cuáles sí lo son. Además, aquí no se trata de un problema de cantidades, sino de principios morales y éticos, estamos hablando de soborno, del pago de sumas de dinero por parte de Taiwan para lograr su reconocimiento diplomático.
Las declaraciones del actual Embajador de Taiwan en Panamá no se compadecen con los hechos denunciados por la prensa nacional de su país y en Hong Kong. Este igualmente ha querido hacer ver que todo lo ocurrido es parte de un plan internacional de ayuda normal. ¡Cómo no! Y entonces ¿por qué la existencia de partidas secretas por el orden de $A188 millones (en moneda taiwanesa) que equivalen a 100 millones de dólares y el manejo secreto de dichos fondos? Tenemos entendido que las autoridades taiwanesas se han puesto en comunicación con los gobiernos involucrados para comunicarles que ellos están tomando cartas en el asunto para afrontar esta filtración de información. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwan (MOFA, por sus siglas en inglés), ha admitido que este tipo de filtraciones afecta y daña la forma como Taiwan conduce sus relaciones internacionales y podría llevar a que los veintiocho países que hoy tienen formal relaciones con Taiwan cambien su política de reconocimiento.
Nuestra Constitución sí obliga al Organo Ejecutivo a remitir el Tratado Salas-Becker al Organo Legislativo porque este Arreglo no puede erigirse como excepción a la regla.
Que los acuerdos simplificados se constituyen como verdaderos acuerdos internacionales, lo manifestó el doctor Ricardo J. Alfaro al expresar que el Acuerdo Ejecutivo conocido como Convenio Taft constituía un acuerdo. Decía así: "El Convenio Taft no tuvo la forma de un pacto ordinario... Pero a los ojos de la República, cualquiera que fuera su forma, existía entre las dos naciones un acuerdo bilateral que no podía quebrantarse sino por la voluntad de las dos partes". Al concertarse el Canje de Notas Eleta-Adair, de 1966, el doctor Alfaro sostuvo que el mismo no requería ser enviado a la Asamblea Nacional, pero dio a entender claramente que los acuerdos simplificados solamente deben utilizarse para asuntos de carácter provisional, temporal o urgente, que no impliquen la celebración de un tratado solemne por no comprometer intereses fundamentales del país. Ocurre, sin embargo, que el Tratado Salas-Becker concierne a asuntos cuya naturaleza le darían carácter permanente y no contiene fecha de terminación, salvo por una cláusula de denuncia, y sí compromete dicho acuerdo los intereses y el decoro de la nación.
En conclusión, y haciendo reserva de análisis posteriores más detallados, opinamos que el Organo Ejecutivo ha obrado de mala fe y ha quebrantado la letra y el espíritu de la Constitución al prohijar una acción evasiva del debate legislativo y público del Tratado Salas-Becker, que compromete gravemente los intereses de la nación panameña.
