CADE 2007, institucionalidad ineludible
Anoche se inauguró una nueva versión de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, que año tras año organiza la APEDE como evento máximo en el calendario de actividades de esa importante organización empresarial.
No podía ser más propicio el tema escogido por el comité organizador, en momentos en que en diferentes áreas de Panamá venimos resintiendo las consecuencias de una manifiesta debilidad en nuestras principales instituciones.
La administración de justicia enfrenta importantes retos al tocarle dirimir, entre otros casos notorios, la responsabilidad -tanto penal como administrativa- por las tristes muertes de panameños envenenados al consumir medicamentos fabricados por la Caja de Seguro Social; o calcinados en un bus que se incendió en pleno centro de la ciudad capital.
Igualmente tendrá que deslindar responsabilidades en la harto cuestionada adjudicación, a título casi gratuito, de vastas tierras con eminente vocación turística, a un tío del ciudadano Presidente de la República, en lo que parece asomar como el primero de los escándalos notables de la actual administración.
Pero si la justicia panameña, enfrentada a estos retos, optará por su fortalecimiento o su definitivo desmoronamiento, otras instituciones de control no se encuentran en mejor estado.
En el Tribunal Electoral, uno de sus magistrados ha confesado practicar el nepotismo, sin que la Asamblea Nacional haga lo que por Ley le corresponde.
La Defensoría del Pueblo viene desde hace un año con una titular encargada, que ha hecho su mejor esfuerzo; pero que, evidentemente, en esa condición de interinidad, ve limitada su capacidad de actuación en defensa de los derechos humanos.
En fin, ojalá las conclusiones de CADE logren que los jerarcas de nuestras instituciones al menos reflexionen.
No podía ser más propicio el tema escogido por el comité organizador, en momentos en que en diferentes áreas de Panamá venimos resintiendo las consecuencias de una manifiesta debilidad en nuestras principales instituciones.
La administración de justicia enfrenta importantes retos al tocarle dirimir, entre otros casos notorios, la responsabilidad -tanto penal como administrativa- por las tristes muertes de panameños envenenados al consumir medicamentos fabricados por la Caja de Seguro Social; o calcinados en un bus que se incendió en pleno centro de la ciudad capital.
Igualmente tendrá que deslindar responsabilidades en la harto cuestionada adjudicación, a título casi gratuito, de vastas tierras con eminente vocación turística, a un tío del ciudadano Presidente de la República, en lo que parece asomar como el primero de los escándalos notables de la actual administración.
Pero si la justicia panameña, enfrentada a estos retos, optará por su fortalecimiento o su definitivo desmoronamiento, otras instituciones de control no se encuentran en mejor estado.
En el Tribunal Electoral, uno de sus magistrados ha confesado practicar el nepotismo, sin que la Asamblea Nacional haga lo que por Ley le corresponde.
La Defensoría del Pueblo viene desde hace un año con una titular encargada, que ha hecho su mejor esfuerzo; pero que, evidentemente, en esa condición de interinidad, ve limitada su capacidad de actuación en defensa de los derechos humanos.
En fin, ojalá las conclusiones de CADE logren que los jerarcas de nuestras instituciones al menos reflexionen.
