Cadena perpetua por ser pobres
Cuando la delincuencia azota, la sociedad tiene derecho a defenderse. Lo hace a través de la Ley y de las autoridades de policía. Es incomprensible que, ante la creciente ola de delitos violentos, haya todavía voces que pretendan poner los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas. Frente a un psicópata que asesina, viola o secuestra, la sociedad no tiene por qué ofrecer la mano amiga. Lo que la sociedad espera de las autoridades es que apliquen la mano dura y los saquen de circulación.
Antes de que los defensores de las teorías sociológicas salten de sus escritorios, queremos recalcar que aquí nos estamos refiriendo a esa fracción del uno por ciento de nuestra población que comete delitos violentos. No nos referimos a lo que se ha llamado "poblaciones en riesgo" ante las cuales caben todas las medidas de prevención que la sociedad pueda brindar. Tampoco estamos de acuerdo en que se castigue con penas privativas de libertad a personas que no revisten de peligrosidad social. En estos últimos casos, pensamos que hay sanciones como el trabajo comunitario, las multas altas y el escarnio público, que pueden ser hasta más disuasivas y que son menos costosas para el erario público.
El problema, sin embargo, no es cómo sacamos de la cárcel a quien bien pudiera cumplir su pena de otra manera, sino cómo liberamos a los ciudadanos honestos y cumplidores de la Ley de las cárceles caseras a las que hemos condenado a buena parte de nuestra población. Resulta que por no aplicar la mano dura, o porque ésta se puso blandengue, los ciudadanos honestos han tenido que enrejar sus casas, amurallarse y comprarse perros para defenderse del hampa que se pasea ufana por nuestras calles. Lo más trágico es que los que más sufren son los más pobres porque, a pesar de lo que digan los defensores de la teoría sociológica, los delincuentes no son delincuentes porque son pobres, muy por el contrario, los pobres son las principales víctimas de los delincuentes.
Mientras los capos pandilleros le hacen trompetilla a los atemorizados y mal equipados policías, los ciudadanos honestos de las llamadas zonas rojas, han sido condenados a una cadena perpetua de "casa por cárcel" por autoridades incompetentes o faltas de carácter que no comprenden que el primer deber del Estado es brindar seguridad a sus asociados.
Antes de que los defensores de las teorías sociológicas salten de sus escritorios, queremos recalcar que aquí nos estamos refiriendo a esa fracción del uno por ciento de nuestra población que comete delitos violentos. No nos referimos a lo que se ha llamado "poblaciones en riesgo" ante las cuales caben todas las medidas de prevención que la sociedad pueda brindar. Tampoco estamos de acuerdo en que se castigue con penas privativas de libertad a personas que no revisten de peligrosidad social. En estos últimos casos, pensamos que hay sanciones como el trabajo comunitario, las multas altas y el escarnio público, que pueden ser hasta más disuasivas y que son menos costosas para el erario público.
El problema, sin embargo, no es cómo sacamos de la cárcel a quien bien pudiera cumplir su pena de otra manera, sino cómo liberamos a los ciudadanos honestos y cumplidores de la Ley de las cárceles caseras a las que hemos condenado a buena parte de nuestra población. Resulta que por no aplicar la mano dura, o porque ésta se puso blandengue, los ciudadanos honestos han tenido que enrejar sus casas, amurallarse y comprarse perros para defenderse del hampa que se pasea ufana por nuestras calles. Lo más trágico es que los que más sufren son los más pobres porque, a pesar de lo que digan los defensores de la teoría sociológica, los delincuentes no son delincuentes porque son pobres, muy por el contrario, los pobres son las principales víctimas de los delincuentes.
Mientras los capos pandilleros le hacen trompetilla a los atemorizados y mal equipados policías, los ciudadanos honestos de las llamadas zonas rojas, han sido condenados a una cadena perpetua de "casa por cárcel" por autoridades incompetentes o faltas de carácter que no comprenden que el primer deber del Estado es brindar seguridad a sus asociados.
