Calificadoras, poder y ética
Si algo caracteriza al proceso de formulación de la política económica y financiera del actual gobierno es su falta de transparencia. Esta se expresa en toda su crudeza en la total falta de discusión pública en torno a la estrategia nacional de desarrollo y, sobre todo, en relación a la anunciada reforma tributaria. Frente a esta realidad resulta necesario dejar en evidencia cuales son los elementos del poder económico que se mueven como factores dominantes en la determinación de la política económica.
Entre esos factores de se destacan las llamadas empresas calificadoras de riesgo, las cuales a decir de uno de los viceministros del Ministros de Economía y Finanzas merecen el esfuerzo de que estén debidamente informados de los planes de gobierno, mientras que uno de los socios de la firma Indesa argumenta que le “gusta la influencia positiva que puede tener la opinión de las calificadoras sobre nuestros gobernantes”. Aquí surge una importante pregunta: ¿quiénes son estas calificadoras?
Estas empresas, pese al aprecio del gobierno y los asesores financieros locales, no gozan en estos momentos de una buena reputación a nivel internacional. La causa de esto es que estas han sido señaladas como uno de los principales responsables de la reciente crisis financiera internacional, debido a que las mismas otorgaron, de manera irresponsable, el grado de inversión a los exóticos derivados financieros que contenían las llamadas hipotecas chatarras. Esto demostró no solo que las mismas utilizaron sistemáticamente métodos inadecuados para su evaluaciones. Demostró además que estas, en un acto carente de toda ética, otorgaron altas calificaciones a lo que ahora se conoce como la basura tóxica financiera con el fin de asegurarse sus propias ganancias, gracias a un sistema en el que los que emitían dicho documentos, no quienes los compraban, eran los que les pagaban por el servicio de calificación. Se trata de lo que técnicamente se conoce como incentivos perversos y riesgo moral, pero que se puede describir mejor con las palabras de Lord Robert Skildesky en el sentido de que todo esto es síntoma de una sociedad en que el dinero ha sustituido al honor.
Desde el punto de vista de nuestro país se debe destacar que la preocupación con la influencia de las calificadoras sobre la política económica del gobierno no solo surge de los problemas de carácter ético antes señalados. A esto se suma el hecho de que a las calificadoras no les preocupan los intereses nacionales en si. Su única preocupación es calificar, como lo declaró recientemente un funcionario local de una de las calificadoras, la capacidad del gobierno de pagar la deuda. Estamos, pues, frente a un proceso de formulación de la política económica profundamente antidemocrático, orientado por intereses distintos a los nacionales e influenciado por elementos de poder cuya integridad ética esta hoy en día en tela de juicio.
