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Cambios de ministros en Perú


Arequipa, la segunda ciudad del Perú, tiene el atributo de ser tierra de volcanes, juristas y revoluciones. Cuando Arequipa tiembla, caen los edificios y también los gobiernos. El régimen de Alejandro Toledo estuvo a punto de confirmar la tradición cuando el pueblo arequipeño salió a las calles, a toque de rebato, para protestar contra la privatización de dos empresas eléctricas. Levantándose del remezón del "arequipeñazo", Toledo tuvo que anular la privatización concedida a empresas europeas. Como la tierra siguió temblando en otras regiones, purgó a los ministros responsables de la medida, Roberto Dañino y Pedro Blanco Kuczinsky, vinculados a bufetes de abogados y bancos de inversión de Wall Street.
La tradición republicana establece que con motivo de las fiestas patrias los gabinetes de ministros pongan los cargos a disposición del presidente. La motivación política del cambio de ministros se aparta de la tradición. Más aún, hay quienes insisten en que no los ministros sino Toledo es el que está cambiando su programa, suspendiendo las privatizaciones y poniéndose a aplicar medidas de corte social.
Base de esta apreciación es el nombramiento de Javier Silva Ruete y de Allan Wagner en las carteras de Economía y Relaciones Exteriores. Wagner fue ministro de Alan García y Silva Ruete es amigo personal del ex mandatario. Al parecer, en otra muestra de eclecticismo coyuntural, consultó al Apra el nombramiento de esos ministros y es posible que ponga término a su entendimiento con el FIM del ministro de Justicia Fernando Olivera, antiaprista recalcitrante.
En resumidas cuentas, se trata de un gabinete " conversado" con perfiles populistas, pero lo que no se sabe es cuánto tiempo durará este experimento político. Porque Toledo muy rápidamente ha aprendido a caminar en la cuerda floja.
Lejos de proteger las instituciones estatales, quienes así proceden, sacrifican el buen funcionamiento del Gobierno en aras de la ambición política. Quienes hoy deploran la delincuencia y violencia que azotan al pueblo panameño deben responsabilizar a los funcionarios cuyo proceder desprestigia al Gobierno, hace que el pueblo crea en nadie, produciendo un ambiente caótico y anárquico.
Sin embargo, hay una solución. Desdeñando las filosofías antidemocráticas que protegen a los corruptos, los servidores del Ministerio Público pueden desatar una revolución mediante proceder estrictamente de acuerdo con la ley y su conciencia.

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