Candidatos desaforados
Hay que admitirlo: a medida que se acercan las elecciones y debido al escándalo desatado por las acusaciones del prisionero colombiano David Murcia Guzmán, algunos de los principales candidatos a puestos de elección corren el riesgo de terminar de desplomarse ante la opinión pública. Nada menos que los candidatos fuertes, tanto del oficialismo como de la oposición, están siendo investigados por el caso Murcia.
La decisión del Tribunal Electoral de levantarle el fuero electoral a Balbina Herrera, Ricardo Martinelli, Roberto "Bobby" Velásquez y Alma Cortez para que sean investigados, ha sido correcta. Pero, es muy probable que las investigaciones que ha iniciado la Procuraduría General de la Nación no se resuelvan antes del 3 de mayo. Este hecho nos dejaría a los panameños ante una realidad insólita: tener que votar bajo el dilema moral de elegir entre candidatos presidenciales y a alcalde, que están investigados por sospechas de poseer algún tipo de implicaciones con delitos tan graves como el blanqueo de capitales ligado al narcotráfico, delitos por los cuales Murcia está detenido en Colombia y que está seriamente investigado en varios países.
¿Qué tanto conocemos a los candidatos? ¿Está el proceso electoral panameño lo suficientemente viciado para poner en riesgo las elecciones y la gobernabilidad nacional? Son preguntas que desde ya se están formulando en algunos sectores, incluyendo algunos con intereses aviesos en procura de enredar el panorama electoral que les es adverso. La decisión de Murcia, aunque claramente intencionada y manipuladora, se convirtió en el factor determinante para "destapar" en Panamá lo que algunos candidatos ocultaban y las instituciones no investigaban. Lo del SPI es absolutamente aberrante.
Hay mucho que investigar, y las elecciones están siendo puestas a prueba con el tiempo en contra. Pero, como afirmó el ex magistrado Guillermo Márquez Amado, ni aún en los tiempos de la dictadura militar, Noriega se atrevió a suspender las elecciones, situación que, además, no está prevista en la Constitución.
