Cárceles panameñas, vergüenza nacional
En su informe anual sobre las prácticas en defensa de derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha llamado la atención sobre el deplorable estado de los centros de reclusión panameños, como fuente permanente de violación de los derechos humanos.
A pesar que la Defensoría del Pueblo desde mediados del año 2001 estableció un programa permanente de supervisión de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, es muy cierto que aparte de la detección de las irregularidades, de los maltratos, de las malas condiciones y de los abusos cometidos por los custodios, tanto policiales como civiles, es a las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia y no a la Defensoría, a quienes les corresponde dar la respuesta a los problemas endémicos de nuestras cárceles.
Vientos de esperanza soplaron cuando a principios de esta administración, se designó en la Dirección del Sistema Penitenciario al psiquiatra José Calderón; sin embargo, su salida aún no esclarecida del todo, en medio de denuncias de la existencia de ¨menús especiales¨ y concesiones de alimentos otorgadas aparentemente de manera irregular, vino a frustrar aún más las expectativas que se habían generado.
Ojalá el ministro de Gobierno y Justicia pueda designar en esa importante posición a una persona proba y que con la decisión firme, logre sensibilizar a los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas para que de una buena vez, se dote al sistema penitenciario del presupuesto requerido para construir más cárceles y dotarlas de las herramientas necesarias para que cumplan las funciones a que están llamadas constitucionalmente: seguridad, rehabilitación y defensa social.
A pesar que la Defensoría del Pueblo desde mediados del año 2001 estableció un programa permanente de supervisión de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, es muy cierto que aparte de la detección de las irregularidades, de los maltratos, de las malas condiciones y de los abusos cometidos por los custodios, tanto policiales como civiles, es a las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia y no a la Defensoría, a quienes les corresponde dar la respuesta a los problemas endémicos de nuestras cárceles.
Vientos de esperanza soplaron cuando a principios de esta administración, se designó en la Dirección del Sistema Penitenciario al psiquiatra José Calderón; sin embargo, su salida aún no esclarecida del todo, en medio de denuncias de la existencia de ¨menús especiales¨ y concesiones de alimentos otorgadas aparentemente de manera irregular, vino a frustrar aún más las expectativas que se habían generado.
Ojalá el ministro de Gobierno y Justicia pueda designar en esa importante posición a una persona proba y que con la decisión firme, logre sensibilizar a los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas para que de una buena vez, se dote al sistema penitenciario del presupuesto requerido para construir más cárceles y dotarlas de las herramientas necesarias para que cumplan las funciones a que están llamadas constitucionalmente: seguridad, rehabilitación y defensa social.
