Carencia de vergüenza y moral
Aunque parezca mentira, toda la ciudadanía está observando, con bocas abiertas, las medidas que está tomando el moribundo gobierno, por una parte para extender la "influencia" del ejecutivo saliente durante la administración de la presidenta electa y más allá y, por otra parte, para "garantizar" mayor independencia a un ejecutivo que los irrespetó en tantas formas que sería ocioso enumerarlas. En nuestra opinión, el presente gobierno practicó la compraventa de conciencias y la política de la vara y la zanahoria con total desprecio hacia las mayorías ciudadanas. Fue nada más y nada menos que una dictadura civil.
Una vez redactado este escrito leímos que consistente con su indignidad, el legislativo aprobó los poderes especiales para que el Toro pueda legislar por decreto. (El Panamá América, 1/7/99, portada). Por supuesto, ya había aprobado reformas internas para "autopresupuestarse" y, aparentemente, para refugiar en sus planillas a fracasados políticos.
Nos complace saber que el joven legislador electo Blandón F., presentará una demanda de inconstitucionalidad de estas reformas internas. Esto afianza nuestra esperanza en que la juventud consciente sabrá crecerse en este momento triste para la Patria. Lo mismo debe hacerse en contra del prurito vacuno de legislar por decreto porque estos decretos no son sometidos a la debida aprobación posterior del legislativo.
La mentira de la excelencia de la labor de este gobierno se puede comprobar en su paupérrimo desempeño en el campo de las relaciones con el Coloso: le aprobó la traída de balseros cubanos a nuestro suelo en condiciones animales, sin consultar a nadie; le ofreció bases militares y CMA, sin importarle la opinión de nadie; y ahora le pasa a la presidenta electa la papa caliente no sólo del saneamiento cabal de la antigua Zona del Canal sino que, a través de su foráneo jefe de policía, reconviene a los gringos por no ayudarnos ni con un biombo. Calificamos esto último como tardío para ser más que benévolos.
También leímos que el fiscal del PRD señaló que la presidenta electa corre riesgo de ser chantajeada por EEUU para que alquile pistas de aterrizaje a Estados Unidos a cambio de la limpieza de áreas canaleras contaminadas. Estamos seguros que Mireya no se prestará para esto pero, sin duda, el chantaje es posible porque el gobierno taurino no hizo su trabajo en cuanto a esta limpieza. Chambones.
Todo lo anterior, y muchas otras cosas más, nos hacen pensar que el Toro y el PRD quieren a Panamá tanto como Noriega. No tenemos soluciones que recomendar. Sólo se nos ocurre sugerir que todas las organizaciones cívicas junto con las mayorías silentes se organicen para exigir que todos los exabruptos del moribundo gobierno no perjudiquen la democracia que hemos tratado de instalar con tantos sacrificios.
Si esto no sucede, no queda más que apoyar a la presidenta electa en todas las medidas que inicie para desvirtuar el enfermizo afán de unos pocos de mantener en vilo a la Nación, por razones en extremo egoístas. Esto no excluye el nombramiento de una comisión de notables que redacte una nueva Carta Magna cuyo texto debería ser aprobado por una Constituyente paralela. Los argumentos leguleyos que se esgriman en contra de esta idea nos tienen sin cuidado ya que una nueva constitución tiene que ser aprobada en plebiscito por el pueblo, que es el soberano. La acción está en manos de la presidenta electa y seguramente ella ya tiene una decisión al respecto.
Una vez redactado este escrito leímos que consistente con su indignidad, el legislativo aprobó los poderes especiales para que el Toro pueda legislar por decreto. (El Panamá América, 1/7/99, portada). Por supuesto, ya había aprobado reformas internas para "autopresupuestarse" y, aparentemente, para refugiar en sus planillas a fracasados políticos.
Nos complace saber que el joven legislador electo Blandón F., presentará una demanda de inconstitucionalidad de estas reformas internas. Esto afianza nuestra esperanza en que la juventud consciente sabrá crecerse en este momento triste para la Patria. Lo mismo debe hacerse en contra del prurito vacuno de legislar por decreto porque estos decretos no son sometidos a la debida aprobación posterior del legislativo.
La mentira de la excelencia de la labor de este gobierno se puede comprobar en su paupérrimo desempeño en el campo de las relaciones con el Coloso: le aprobó la traída de balseros cubanos a nuestro suelo en condiciones animales, sin consultar a nadie; le ofreció bases militares y CMA, sin importarle la opinión de nadie; y ahora le pasa a la presidenta electa la papa caliente no sólo del saneamiento cabal de la antigua Zona del Canal sino que, a través de su foráneo jefe de policía, reconviene a los gringos por no ayudarnos ni con un biombo. Calificamos esto último como tardío para ser más que benévolos.
También leímos que el fiscal del PRD señaló que la presidenta electa corre riesgo de ser chantajeada por EEUU para que alquile pistas de aterrizaje a Estados Unidos a cambio de la limpieza de áreas canaleras contaminadas. Estamos seguros que Mireya no se prestará para esto pero, sin duda, el chantaje es posible porque el gobierno taurino no hizo su trabajo en cuanto a esta limpieza. Chambones.
Todo lo anterior, y muchas otras cosas más, nos hacen pensar que el Toro y el PRD quieren a Panamá tanto como Noriega. No tenemos soluciones que recomendar. Sólo se nos ocurre sugerir que todas las organizaciones cívicas junto con las mayorías silentes se organicen para exigir que todos los exabruptos del moribundo gobierno no perjudiquen la democracia que hemos tratado de instalar con tantos sacrificios.
Si esto no sucede, no queda más que apoyar a la presidenta electa en todas las medidas que inicie para desvirtuar el enfermizo afán de unos pocos de mantener en vilo a la Nación, por razones en extremo egoístas. Esto no excluye el nombramiento de una comisión de notables que redacte una nueva Carta Magna cuyo texto debería ser aprobado por una Constituyente paralela. Los argumentos leguleyos que se esgriman en contra de esta idea nos tienen sin cuidado ya que una nueva constitución tiene que ser aprobada en plebiscito por el pueblo, que es el soberano. La acción está en manos de la presidenta electa y seguramente ella ya tiene una decisión al respecto.
