Carrera Administrativa vs terrorismo institucional
En tan poco tiempo, todo quedó claro: la angustia y la desesperación por abrir espacios políticos, a fin de colocar a los aspirantes en cargos públicos, pesaron más que los importantes acuerdos que la sociedad civil y los partidos políticos, convocados por el PNUD, tomaron en las reuniones de Bambito l y ll, y los de Coronado Dos Mil. Apenas a dos meses de gobierno han liquidado la Carrera Administrativa. No lo dicen con esa claridad, por supuesto. Lo disfrazan señalando que se ha "congelado" la institución, mediante el fácil expediente de suspender, en forma masiva, todas las acreditaciones de los funcionarios. O sea que la consecuencia de la Carrera Administrativa es la siguiente: no vale nada por obra y gracias de la arbitrariedad del gobierno arnulfista y su inagotable voracidad por destituir y por nombrar.
La razón que se esgrime es tan elemental como la que corresponde a un acto sin justificación: en este caso que ¡hay muchas acreditaciones que se aprobaron después del torneo electoral de mayo de 1999! ¿ Y a quién puede extrañarle esa circunstancia? La Carrera Administrativa es un mecanismo efectivo - en cualquier país con gobiernos serios - para asegurar la eficiencia en el servicio civil, es decir en el sector público. La idea es garantizar que los cambios que se producen normalmente en una democracia no afecten la estabilidad de los empleados públicos y sus familias. De ese modo, gane quien gane, siempre habrá un sector muy significativo de funcionarios con experiencia que pueden darle coherencia a la labor del Estado, haciéndolo cada día más institucional, es decir, menos personal y menos dependiente de la voluntad de los gobernantes de turno.
La Carrera Administrativa implica que las preferencias de carácter político de los funcionarios, en su condición de ciudadanos libres, no debe tener ninguna influencia en el destino de su cargo, ni en el salario que devenga ni en las condiciones en que debe cumplir su trabajo diario en beneficio del país.
Naturalmente, cada vez que se acerca un cambio de gobierno, es lógico que se intensifiquen las solicitudes y se aceleren los procedimientos de acreditación. Ello es así, porque, precisamente, es en esos periodos cuando aumenta la preocupación por la estabilidad, sobre todo de aquellos empleados que no tienen absolutamente ninguna influencia con los nuevos gobernantes y que son conscientes de la debilidad de las leyes que deben protegerlos de los vaivenes de la política criolla. Sin embargo, el aumento de aspirantes y de solicitudes a la vista del cambio de Pérez Balladares a Moscoso, en lugar de tomarse en su verdadero significado, es decir, como demostración de la existencia de un problema, se utiliza como argumentación para pasar por encima de la ley y dejar a los empleados en la situación angustiosa de no saber si en los próximos días o semanas podrán llevar el sustento a sus hogares.
La información periodística indica que se van a revisar los expedientes, a fin de determinar si el reconocimiento del status de cada uno fue hecho con apego a la Ley. Sin embargo, en vez de hacerlo en cada caso concreto, a fin de llegar a la conclusión de si se hizo correctamente la acreditación, se actuó a la inversa: todo el mundo a la congeladora para ver entonces quién se salva, lo que significa un acto de terrorismo institucionalizado, que no cree en el mínimo respeto que se le debe a la dignidad de las personas. En este sentido, la consecuencia es inevitable: la acumulación del resentimiento crecerá a pasos agigantados. No se crea que la frustración de una persona destituida de su empleo, sobre todo cuando ha trabajado con responsabilidad y sin cometer faltas, es exactamente igual a la alegría de quien es nombrado en su reemplazo. El sentimiento doloroso de quien se ve en la calle es infinitamente superior y el problema se agrava si, como está ocurriendo, se toman algunos sueldos bajos, y se unifican para hacer un sueldo mayor y beneficiar así a alguna persona más o menos importante. Después, cuando la furia se haga incontenible y se sientan con el agua al cuello, no anden por allí en búsqueda de culpables. Al fin y al cabo, uno de los derechos de los pueblos es llegar a cansarse de los atropellos.
Al final, con esta medida de congelar la Carrera Administrativa, con la huelga declarada por los trabajadores del IDAAN por los despidos de sus compañeros y con la intención que tienen los arnulfistas de pasar su Ley Chorizo para sacar de sus puestos a funcionarios de instituciones que requieren de una alta preparación técnica, los arnulfistas están enterrando acuerdos que tanto esfuerzo costaron en encuentros nacionales con las fuerzas vivas del país y que tenían rangos de Agenda de Estado. El gobierno arnulfista está enterrando con sus desatinos la capacidad de diálogo y concertación entre los panameños. En términos concretos han dado incristiana sepultura a Bambito l y ll y a Coronado Dos Mil; con sus arbitrariedades los arnulfistas están matando la capacidad de soñar de los panameños por construir un Panamá mejor.
La razón que se esgrime es tan elemental como la que corresponde a un acto sin justificación: en este caso que ¡hay muchas acreditaciones que se aprobaron después del torneo electoral de mayo de 1999! ¿ Y a quién puede extrañarle esa circunstancia? La Carrera Administrativa es un mecanismo efectivo - en cualquier país con gobiernos serios - para asegurar la eficiencia en el servicio civil, es decir en el sector público. La idea es garantizar que los cambios que se producen normalmente en una democracia no afecten la estabilidad de los empleados públicos y sus familias. De ese modo, gane quien gane, siempre habrá un sector muy significativo de funcionarios con experiencia que pueden darle coherencia a la labor del Estado, haciéndolo cada día más institucional, es decir, menos personal y menos dependiente de la voluntad de los gobernantes de turno.
La Carrera Administrativa implica que las preferencias de carácter político de los funcionarios, en su condición de ciudadanos libres, no debe tener ninguna influencia en el destino de su cargo, ni en el salario que devenga ni en las condiciones en que debe cumplir su trabajo diario en beneficio del país.
Naturalmente, cada vez que se acerca un cambio de gobierno, es lógico que se intensifiquen las solicitudes y se aceleren los procedimientos de acreditación. Ello es así, porque, precisamente, es en esos periodos cuando aumenta la preocupación por la estabilidad, sobre todo de aquellos empleados que no tienen absolutamente ninguna influencia con los nuevos gobernantes y que son conscientes de la debilidad de las leyes que deben protegerlos de los vaivenes de la política criolla. Sin embargo, el aumento de aspirantes y de solicitudes a la vista del cambio de Pérez Balladares a Moscoso, en lugar de tomarse en su verdadero significado, es decir, como demostración de la existencia de un problema, se utiliza como argumentación para pasar por encima de la ley y dejar a los empleados en la situación angustiosa de no saber si en los próximos días o semanas podrán llevar el sustento a sus hogares.
La información periodística indica que se van a revisar los expedientes, a fin de determinar si el reconocimiento del status de cada uno fue hecho con apego a la Ley. Sin embargo, en vez de hacerlo en cada caso concreto, a fin de llegar a la conclusión de si se hizo correctamente la acreditación, se actuó a la inversa: todo el mundo a la congeladora para ver entonces quién se salva, lo que significa un acto de terrorismo institucionalizado, que no cree en el mínimo respeto que se le debe a la dignidad de las personas. En este sentido, la consecuencia es inevitable: la acumulación del resentimiento crecerá a pasos agigantados. No se crea que la frustración de una persona destituida de su empleo, sobre todo cuando ha trabajado con responsabilidad y sin cometer faltas, es exactamente igual a la alegría de quien es nombrado en su reemplazo. El sentimiento doloroso de quien se ve en la calle es infinitamente superior y el problema se agrava si, como está ocurriendo, se toman algunos sueldos bajos, y se unifican para hacer un sueldo mayor y beneficiar así a alguna persona más o menos importante. Después, cuando la furia se haga incontenible y se sientan con el agua al cuello, no anden por allí en búsqueda de culpables. Al fin y al cabo, uno de los derechos de los pueblos es llegar a cansarse de los atropellos.
Al final, con esta medida de congelar la Carrera Administrativa, con la huelga declarada por los trabajadores del IDAAN por los despidos de sus compañeros y con la intención que tienen los arnulfistas de pasar su Ley Chorizo para sacar de sus puestos a funcionarios de instituciones que requieren de una alta preparación técnica, los arnulfistas están enterrando acuerdos que tanto esfuerzo costaron en encuentros nacionales con las fuerzas vivas del país y que tenían rangos de Agenda de Estado. El gobierno arnulfista está enterrando con sus desatinos la capacidad de diálogo y concertación entre los panameños. En términos concretos han dado incristiana sepultura a Bambito l y ll y a Coronado Dos Mil; con sus arbitrariedades los arnulfistas están matando la capacidad de soñar de los panameños por construir un Panamá mejor.
