Carta abierta a la ciudadanía

Colaboradores

El 14 de marzo, luego de una maratónica sesión de la Asamblea Legislativa, fue elegido por ese "rgano del Estado, el segundo Defensor del Pueblo de la República de Panamá. Nadie puede negar que el proceso de elección ha dejado un generalizado mal sabor y muchos cuestionamientos de la ciudadanía. Nosotros, que fuimos aspirantes al cargo, no podemos dejar de pronunciarnos y contribuir a la reflexión sobre lo ocurrido. No albergamos ningún tipo de resentimiento, por el contrario, nos anima una visión constructiva y crítica al proceso vivido.
Importancia y fuerza de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, "es un indiscutible signo de identidad que posibilita distinguir los estados democráticos, de los totalitarios y autocráticos."(Carlos Giner de Grado). Los países que cuentan con esta institución funcionando de acuerdo a sus nobles objetivos, demuestran que están avanzando notablemente en su madurez democrática.
La Defensoría del Pueblo es un poder público sin capacidad coactiva, cuya fuerza fundamental es ética, pues cuenta sólo con la autoridad moral que abre cauces institucionales para la mediación, concertación, promoción y defensa de los derechos humanos, y para que la propia ciudadanía haga efectivo el acceso a la justicia. Por ello, la Defensoría del Pueblo debe poseer la legitimidad y la credibilidad para desarrollar eficazmente su importante labor. Si ésta es escogida de manera tal, que presuponga inclinaciones partidistas, y es manejada por intereses creados se pierde en el camino la única fuerza de que dispone esta institución: la autoridad moral.
Garantías democráticas al proceso de elección de la Defensoría del Pueblo. Cuando en septiembre del año pasado se hizo pública la convocatoria a la elección de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de DD.HH de la Asamblea Legislativa ofreció garantías públicas de que el proceso se realizaría en base a méritos y trayectorias. A pesar de que desde entonces, se comentaba que prevalecía el peso del pacto META en la designación del nuevo funcionario, la Comisión subrayó y enfatizó públicamente que esa no sería la tónica, por lo que más de 60 personas se interesaron y finalmente 48 postulantes idóneos y calificados fueron aceptados luego de cerrarse el período de postulaciones el 30 de noviembre pasado, presentándose a entrevistas en la Comisión hasta el 15 de febrero de 2001. Incluso se llegó a afirmar en dichas entrevistas por parte de miembros de la Comisión de DD.HH a los postulantes, que la votación final en la Asamblea sería secreta. La presencia de un número plural de personas preparadas y capacitadas aspirando al cargo, fue una señal inequívoca de la credibilidad en la convocatoria de la Asamblea Legislativa en relación a la elección de la Defensoría del Pueblo. Muchos creyeron que por las características de la figura del Defensor(a) del Pueblo, la decisión de la Asamblea Legislativa se iba a basar en una visión de Estado, anteponiéndose a los intereses específicos de facciones, partidos o grupos.
Lamentablemente no fue así. Paulatinamente el discurso inicial de objetividad fue cambiando por otro, el de la polarización, hasta el punto que antes de conocerse la lista corta o nómina seleccionada por la Comisión de DD.HH, el PDC hizo pública una terna de copartidarios los que luego aparecieron en la lista de los siete finalistas. Los debates que al principio hablaban de la misión o función de la Defensoría del Pueblo se convirtieron en un discurso descarnado sólo referido a cuotas de poder, espacios políticos y sin ningún sentido ético. Es necesario afirmar que en todo momento, defendimos la institucionalidad del proceso de elección y de la Defensoría del Pueblo, y respetamos en nuestras opiniones a todos los integrantes de la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos, pero esto no fue recíproco, pues además de lo anteriormente señalado fuimos irrespetados, al igual que nuestros familiares y amigos al ser convocados a las instalaciones legislativas el martes 13 de marzo a la una y media de la tarde, y mientras esperábamos para presentarnos al pleno desde las cuatro de la tarde hasta casi las siete de la noche -lo que nunca ocurrió- nos enteramos por los periodistas que el pacto META había anunciado horas antes a su elegido.
El proceso de elección actual fue un retroceso democrático. En lugar de avanzar, retrocedimos en la democratización de la elección del Defensor del Pueblo. En la elección anterior, todos los candidatos públicamente fueron escuchados y la ciudadanía pudo conocerlos a través de los medios de comunicación; mientras que en la actual elección, los 47 candidatos se presentaron a sesiones privadas de la Comisión de DDHH, donde muchas veces con la presencia de sólo parte de los siete legisladores o de la mayoría de suplentes expusieron sus ideas a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación ni de testigos. A los siete finalistas no se les permitió presentarse al Pleno, es decir, se escogió un nuevo Defensor sin que el Pleno de la Asamblea ni la ciudadanía escucharan las propuestas de los aspirantes. En la elección anterior el voto en el pleno fue secreto, en la actual fue nominal, resaltando esto el imperio de la disciplina partidaria. En la elección anterior, el Defensor tuvo votos de todas las bancadas, lo que fortaleció su capacidad de independencia; mientras que en la elección actual, el nuevo funcionario fue electo por la plancha de la mayoría simple dominada por un solo sector, con la abstención total de la bancada oficialista, por lo que sin duda la forma en que se elige hace al nuevo funcionario rehén de los intereses de quienes lo eligieron. En momentos en que se habla de una democracia participativa, holística, es decir, integral, retrocedimos hacia formas verticalistas en lugar de superarlas y avanzar.
La Defensoría del Pueblo carece de calor popular y de credibilidad. Hasta ahora la falta de programas de promoción, educación y de propuesta descentralizadoras de la Defensoría del Pueblo; sumado al hermetismo y politización del actual proceso de elección, enfriaron el entusiasmo de la sociedad civil panameña, la que a pesar de honrarnos con muchos apoyos, no se involucró ni presionó directamente por el respeto a la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Esto contribuyó al deplorable desenlace de los acontecimientos. Además, la forma de elección y la lamentable actuación de varios legisladores y legisladoras en la prolongada sesión nocturna, dejan como producto una Defensoría del Pueblo fracturada, cuestionada y de baja credibilidad lo que afectará la importante labor que debe realizar a favor de los derechos humanos.
Perdimos todos(as). Perdimos todos y todas como sociedad panameña. Pero sobre todo perdieron los que "ganaron". Lo avanzado en mejoramiento y transformación se perdió, y la imagen y discurso ético en la Asamblea Legislativa quedó penosamente desdibujado por los hechos. Se lesionó mortalmente a una entidad que debe ser la conciencia ética del pueblo, debilitada por su baja credibilidad; y la ciudadanía, por ello, es afectada en su capacidad de impulsar la protección y promoción de sus derechos ante la misma.
Es necesario luchar por una nueva cultura política y una mayor conciencia ciudadana en nuestro país, guiados por principios y valores democráticos, que nos permitan superar la profunda crisis económica, social y moral de nuestras instituciones, en la sociedad en que vivimos. Debemos realizar una amplia consulta ciudadana, para proponer cambios a la Ley que amplíen y mejoren el campo de acción y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, incluyendo la posibilidad de una genuina elección popular en base a condiciones claras y garantías de transparencia. También, tenemos que propugnar por elevar a la Defensoría del Pueblo a rango constitucional.
A todos los medios de comunicación y en especial a RCM Canal 21 y su equipo de trabajo, nuestro reconocimiento por su vivo interés en la defensa de la Institución de la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, queremos agradecer a todas las personas y asociaciones que nos apoyaron dentro y fuera del país. A los legisladores (as) que amarrados por los hilos de las viejas maneras de hacer política, se vieron presionados a votar contra su conciencia. A los políticos y políticas, que miran ética y humanamente la realidad por lo que nos enseñaron, y a los malos(as) políticos(as), sin visión, irrespetuosos, autoritarios y manipuladores por recordarnos otra vez, todo lo que debemos -y algún día -podremos cambiar. *Sociólogo y abogado, respectivamente. (raulleisr@hotmail.com)