Carta pública al rector
Dilecto señor Rector Gustavo García de Paredes: Cuando el 22 de marzo pasado, la profesora Irene Abrego acudió a mi oficina para plantearme el dilema que tenía, no dudé en recomendarle que debía recurrir ante la Rectoría de la Universidad a fin de que sus inquietudes fueran oídas en esa instancia superior.
Ella había acudido al Decano de la Facultad de Derecho para exponerle el hecho de que algunos estudiantes que habían fracasado en el Curso Propedeútico impartido por ella, y que por lo tanto no podían ser admitidos en los cursos regulares de la Facultad, estaban dando clases en la Facultad como si nada. Para su sorpresa, el Decano Lombardo le recomendó que mejor todo lo dejara allí porque se estaba en un "año político" y era mejor no revolver las cosas. Ante esta absurda sugerencia, ella decidió hacer de su conocimiento inmediato las graves irregularidades encontradas en la Facultad de Derecho.
Personalmente lo puse al tanto, vía telefónica, de qué se trataba y de inmediato, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, con inusitada rapidez, decidió el 29 de marzo de 2000 conocer del grave asunto "para investigar las denuncias presentadas sobre el Curso Propedeútico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas", quedando en presentar un informe en la próxima sesión. Esto último no pudo hacerse porque somos testigos de lo extenso que terminó siendo la investigación, dada la cantidad de declaraciones que se tomaron y la cantidad de diligencias que hubo de practicarse.
Mientras el Consejo Académico trabajaba rápidamente sobre las investigaciones, el Decano de la Facultad de Derecho, en tono amenazante, en descomedido comunicado que se público en medios de comunicación pagado con fondos de la Universidad, decía el 24 de marzo, que "resultaba censurable cualquier desinformación a los medios de comunicación al respecto", aduciendo que "son falsas las aseveraciones sobre alteraciones de notas...,ya que cuanto se ha realizado constituye la práctica existente desde hace varios años...", en pocas palabras, si antes se han estado cometiendo iguales irregularidades, por qué ahora es que vamos a llamar la atención sobre ellas. En dicho comunicado, además, se procuraba coartar la libertad de expresión a quienes como el suscrito atendió las preguntas de los periodistas exigiendo una prolija investigación sobre el escándalo descubierto.
Así las cosas, el Consejo Académico, en menos de un mes, en su Reunión No. 17-00 de 18 de abril de 2000, decidió "anular las matrículas de Licenciatura en Derecho a estudiantes reprobados del Curso Propedeútico que no pasaron la prueba de Admisión de la Facultad de Derecho del año 2000." En buen español, sólo se anula lo que ha sido mal hecho, que al decir del Consejo Académico, a los que habían reprobado el Curso de Propedeútica y que por arte de birlibirlo que se les había admitido en la Facultad sin tener derecho a ello, "alterándoles" o "cambiándoles" las malas calificaciones que habían recibido en el Curso Propedeútico por otras que facilitaron su anulable ingreso a los cursos regulares de la Facultad.
Tal decisión implicaba, como Ud. mismo me indicó cuando nos reunimos en su despacho el 11 de mayo pasado, que tales estudiantes debían ser separados de la Facultad de Derecho, ya que habían ingresado a la misma irregularmente, mostrando Ud. su molestia cuando supo que el Decano de Derecho no había anulado matrícula alguna y que esos estudiantes, dieciocho según lo que indicó, a pesar de la orden que existía de anular sus matrículas, aún continuaban recibiendo clases.
Ahora resulta, según explicó públicamente el Vicerrector Académico Carlos Brandariz, que no son dieciocho (18) sino son nueve (9) los estudiantes separados, pero que todavía el Decano de Derecho sigue en desacato frente a la orden del Consejo Académico. Ahora ya no es "alteración de notas" como inicialmente se denunció, ni tampoco "irregularidades" como dijo el Presidente de la Comisión Investigativa del Consejo Académico Tomás Garibaldi, Decano de la Facultad de Educación, sino, que al decir del Vicerrector Brandariz son tan sólo "filtraciones" que se dieron, producto de un simple "error humano".
En este asunto, señor Rector, todo indica, a pesar de la renuencia del Decano de Derecho de cumplir con su deber de separar a los estudiantes cuya matrícula ha sido ordenada se anule, que sólo serán nueve (9) los estudiantes que tendrán que salir de la Facultad, porque a los profesores responsables de la "filtración" (para otros simplemente ilícito o alteración o falsificación), Fuentes Montenegro y González, sólo se les ha amonestado verbal o por escrito, ya que no se especificó finalmente el tipo de "sanción" que recibirían. A unos se les expulsa de la Facultad, mediante la severa sanción de anulación de sus matrículas, a los otros, desproporcionadamente, se les "amonesta", y se les dice, desconocemos si en público o en privado, "no lo hagan más, no comentan esos errores otra vez."
En este asunto, se ha dejado totalmente por fuera al Decano de Derecho, quien al inicio de todo, procuró echarle tierra al asunto y quien, como superior jerárquico de los docentes "amonestados", debió asumir o compartir las responsabilidades de sus subalternos, que de seguro no actuaron solos en esto, lo cual quedó comprobado en la investigación del Consejo Académico que determinó que la Secretaría Administrativa en Derecho, a diferencia de otras facultades, no tiene manejo alguno en lo relativo a registro de notas, por lo que este asunto se manejó en otras instancias de la misma Facultad.
Señor Rector, frente a esta situación, nos quedan por hacer algunas preguntas: ¿Por qué al Decano de Derecho no se le menciona en ninguna parte en los resultados de la investigación del Consejo Académico? ¿ Será, como algunos afirman, por qué apoyó a determinada candidatura para Rector? ¿ Será, como bien dice el dicho popular, que entre bomberos no se pisan las mangueras? ¿Por qué los estamentos de la Universidad han querido minimizar al máximo un asunto tan grave como el del Curso Propedeútico, que según todos escuchamos no sólo se da en la Facultad de Derecho? ¿ No le parece que si de verdad se castiga a los culpables de este vergonzoso episodio su Administración hubiese quedado mucho mejor de lo que ha quedado luego de todo lo que ha ocurrido?
Señor Rector, lamento decirle, que quienes impulsamos esta investigación y que creímos firmemente en vuestras palabras de que este asunto se seguiría hasta las últimas consecuencias, vemos frustrados nuestro esfuerzo de adecentar la Facultad de Derecho, hoy sumida en este escándalo, al que se sumarán a otros sobre falsificaciones de notas, próximos a salir a la luz pública, que ojalá la nueva administración de la Facultad, por el bien de todos nosotros, pueda esclarecer, para que el nombre de la Universidad vuelva a resplandecer y se castigue a quienes con estos deleznables actos lo ensucian y lo desprestigian.
Del señor Rector, con nuestras muestras de consideración y aprecio, quedamos.
Atentamente,
Prof. Guillermo A. Cochez
Ella había acudido al Decano de la Facultad de Derecho para exponerle el hecho de que algunos estudiantes que habían fracasado en el Curso Propedeútico impartido por ella, y que por lo tanto no podían ser admitidos en los cursos regulares de la Facultad, estaban dando clases en la Facultad como si nada. Para su sorpresa, el Decano Lombardo le recomendó que mejor todo lo dejara allí porque se estaba en un "año político" y era mejor no revolver las cosas. Ante esta absurda sugerencia, ella decidió hacer de su conocimiento inmediato las graves irregularidades encontradas en la Facultad de Derecho.
Personalmente lo puse al tanto, vía telefónica, de qué se trataba y de inmediato, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, con inusitada rapidez, decidió el 29 de marzo de 2000 conocer del grave asunto "para investigar las denuncias presentadas sobre el Curso Propedeútico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas", quedando en presentar un informe en la próxima sesión. Esto último no pudo hacerse porque somos testigos de lo extenso que terminó siendo la investigación, dada la cantidad de declaraciones que se tomaron y la cantidad de diligencias que hubo de practicarse.
Mientras el Consejo Académico trabajaba rápidamente sobre las investigaciones, el Decano de la Facultad de Derecho, en tono amenazante, en descomedido comunicado que se público en medios de comunicación pagado con fondos de la Universidad, decía el 24 de marzo, que "resultaba censurable cualquier desinformación a los medios de comunicación al respecto", aduciendo que "son falsas las aseveraciones sobre alteraciones de notas...,ya que cuanto se ha realizado constituye la práctica existente desde hace varios años...", en pocas palabras, si antes se han estado cometiendo iguales irregularidades, por qué ahora es que vamos a llamar la atención sobre ellas. En dicho comunicado, además, se procuraba coartar la libertad de expresión a quienes como el suscrito atendió las preguntas de los periodistas exigiendo una prolija investigación sobre el escándalo descubierto.
Así las cosas, el Consejo Académico, en menos de un mes, en su Reunión No. 17-00 de 18 de abril de 2000, decidió "anular las matrículas de Licenciatura en Derecho a estudiantes reprobados del Curso Propedeútico que no pasaron la prueba de Admisión de la Facultad de Derecho del año 2000." En buen español, sólo se anula lo que ha sido mal hecho, que al decir del Consejo Académico, a los que habían reprobado el Curso de Propedeútica y que por arte de birlibirlo que se les había admitido en la Facultad sin tener derecho a ello, "alterándoles" o "cambiándoles" las malas calificaciones que habían recibido en el Curso Propedeútico por otras que facilitaron su anulable ingreso a los cursos regulares de la Facultad.
Tal decisión implicaba, como Ud. mismo me indicó cuando nos reunimos en su despacho el 11 de mayo pasado, que tales estudiantes debían ser separados de la Facultad de Derecho, ya que habían ingresado a la misma irregularmente, mostrando Ud. su molestia cuando supo que el Decano de Derecho no había anulado matrícula alguna y que esos estudiantes, dieciocho según lo que indicó, a pesar de la orden que existía de anular sus matrículas, aún continuaban recibiendo clases.
Ahora resulta, según explicó públicamente el Vicerrector Académico Carlos Brandariz, que no son dieciocho (18) sino son nueve (9) los estudiantes separados, pero que todavía el Decano de Derecho sigue en desacato frente a la orden del Consejo Académico. Ahora ya no es "alteración de notas" como inicialmente se denunció, ni tampoco "irregularidades" como dijo el Presidente de la Comisión Investigativa del Consejo Académico Tomás Garibaldi, Decano de la Facultad de Educación, sino, que al decir del Vicerrector Brandariz son tan sólo "filtraciones" que se dieron, producto de un simple "error humano".
En este asunto, señor Rector, todo indica, a pesar de la renuencia del Decano de Derecho de cumplir con su deber de separar a los estudiantes cuya matrícula ha sido ordenada se anule, que sólo serán nueve (9) los estudiantes que tendrán que salir de la Facultad, porque a los profesores responsables de la "filtración" (para otros simplemente ilícito o alteración o falsificación), Fuentes Montenegro y González, sólo se les ha amonestado verbal o por escrito, ya que no se especificó finalmente el tipo de "sanción" que recibirían. A unos se les expulsa de la Facultad, mediante la severa sanción de anulación de sus matrículas, a los otros, desproporcionadamente, se les "amonesta", y se les dice, desconocemos si en público o en privado, "no lo hagan más, no comentan esos errores otra vez."
En este asunto, se ha dejado totalmente por fuera al Decano de Derecho, quien al inicio de todo, procuró echarle tierra al asunto y quien, como superior jerárquico de los docentes "amonestados", debió asumir o compartir las responsabilidades de sus subalternos, que de seguro no actuaron solos en esto, lo cual quedó comprobado en la investigación del Consejo Académico que determinó que la Secretaría Administrativa en Derecho, a diferencia de otras facultades, no tiene manejo alguno en lo relativo a registro de notas, por lo que este asunto se manejó en otras instancias de la misma Facultad.
Señor Rector, frente a esta situación, nos quedan por hacer algunas preguntas: ¿Por qué al Decano de Derecho no se le menciona en ninguna parte en los resultados de la investigación del Consejo Académico? ¿ Será, como algunos afirman, por qué apoyó a determinada candidatura para Rector? ¿ Será, como bien dice el dicho popular, que entre bomberos no se pisan las mangueras? ¿Por qué los estamentos de la Universidad han querido minimizar al máximo un asunto tan grave como el del Curso Propedeútico, que según todos escuchamos no sólo se da en la Facultad de Derecho? ¿ No le parece que si de verdad se castiga a los culpables de este vergonzoso episodio su Administración hubiese quedado mucho mejor de lo que ha quedado luego de todo lo que ha ocurrido?
Señor Rector, lamento decirle, que quienes impulsamos esta investigación y que creímos firmemente en vuestras palabras de que este asunto se seguiría hasta las últimas consecuencias, vemos frustrados nuestro esfuerzo de adecentar la Facultad de Derecho, hoy sumida en este escándalo, al que se sumarán a otros sobre falsificaciones de notas, próximos a salir a la luz pública, que ojalá la nueva administración de la Facultad, por el bien de todos nosotros, pueda esclarecer, para que el nombre de la Universidad vuelva a resplandecer y se castigue a quienes con estos deleznables actos lo ensucian y lo desprestigian.
Del señor Rector, con nuestras muestras de consideración y aprecio, quedamos.
Atentamente,
Prof. Guillermo A. Cochez
