Caso Cornejo, jugando con fuego

Cuando parecía que tanto la Corte Suprema como el Ministerio Público habrían acordado "enfriar" la crisis surgida tras la inédita querella criminal promovida por el máximo tribunal contra la Fiscal Anticorrupción Maribel Cornejo, quien adelantaba unas pesquisas por soborno que conducían hacia altas esferas del augusto tribunal, la presidenta de la Corte, Graciela Dixon, a poco de terminar su mandato, ha vuelto a exacerbar una situación cuya gravedad y alcance nadie parece anticipar.
En efecto, a mediados de la semana pasada, la magistrada Dixon increpó públicamente a la titular del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, por no adelantar las sumarias penales contra Cornejo, por la supuesta extralimitación de funciones, cuya investigación por soborno judicial tocaba ruidosamente las puertas de la Corte. Por su parte, la fiscal Cornejo niega haberse extralimitado y explica que si bien sus diligencias se acercaban a ciertos asistentes de magistrado, que no están excluidos de su competencia, ella no pretendía actuar contra los magistrados pues si, llegado el momento, ese fuera el caso, se declararía impedida y enviaría el expediente al Legislativo para que resolviera, pero no antes, en una etapa tan incipiente.
A la postre, la fiscal Cornejo se vio impedida de continuar la investigación porque el Pleno de la Corte, por el voto de la mayoría de sus miembros, con el salvamento notable del magistrado Adán Arnulfo Arjona, la había querellado. Ahora, presionada por la magistrada Dixon, la procuradora Gómez ha abierto unas sumarias por extralimitación contra Cornejo. ¿Quién va a juzgar a la fiscal, la propia Corte que la acusa y se ha manifestado abiertamente en su contra? ¿Acaso no se dan cuenta que la Corte está posiblemente incurriendo en la comisión del delito de impedir el funcionamiento de una de las entidades más importantes del Estado, o sea del Ministerio Público, al impedir a Cornejo cumplir con su deber? ¿Nadie se ha percatado que estamos en vísperas de una campaña política que renovará al Legislativo, encargado por mandato constitucional de enjuiciar a los magistrados? ¿Recordarán acaso que en Venezuela, Argentina y Ecuador se dieron, por parte de gobernantes recién electos, juzgamientos y remociones de magistrados con el apoyo del pueblo? ¿Recordarán los reiterados informes del Ejecutivo Norteamericano y de sus embajadores sobre el pésimo estado de la Justicia? ¿Tendrán presente la pésima percepción que arrojan al respecto todas las encuestas de opinión serias y que al menos un potencial candidato presidencial se ha manifestado partidario de su remoción íntegra? ¿Prevalecerá en algún momento la sensatez en la Corte Suprema?