¿Casta de privilegiados?
Mientras los humildes jubilados y pensionados de la República solicitan un aumento a sus salarios de hambre, que no les permite vivir con dignidad y bienestar, hay una clase de funcionarios dentro de la administración gubernamental a quienes se pudiera llamar casta privilegiada, que devengan exorbitantes sueldos aparte de las exoneraciones, gastos de representación, viáticos, etc. ¿Se podrá llamar a esto justicia social y equidad? ¿Está el actual régimen gobernando con austeridad y racionalizando el gasto público?.
Si es el interés del actual gobierno atender las necesidades más apremiantes de las comunidades del país, no se puede seguir manteniendo salarios tan elevados como los de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral; legisladores, ministros de Estado, Defensoría del Pueblo, Ente Regulador y otros que representan un alto porcentaje de dinero dentro del presupuesto nacional.
Sin lugar a dudas, ello es una tremenda injusticia y si el presente régimen está orientado hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los panameños, debe luchar, permanentemente, por una escala de salarios dentro de los principios de equidad, justicia y democracia. El humilde pueblo está frente a grandes dificultades, mientras que algunos de los miembros de la nueva clase ganan 10 mil balboas por un lapso fijo de 10 años y encima de ello, reciben autos con raya amarilla y sin raya, chofer, gasolina, reparación de los vehículos, escoltas que hacen faena doméstica y custodian residencias de jerarcas, a quienes nadie amenazaría por su inocuidad burocrática hasta la madrugada. Si a los 10 mil balboas le agregamos los servicios de bienes de que disfrutan, el gasto real se elevaría de tres a cuatro veces, y que se están pagando salarios de 30 a 50 mil balboas.
Esta iniquidad en la distribución del ingreso público demuestra que el Estado, por paradójico que parezca, es el principal generador de la desigualdad socioeconómica, no obstante la retórica oficial está empapada de exhortaciones a un reparto más justo de la riqueza, al tiempo que compra Cadillac, obsequia relojes Cartier y otros lujos que no conoce la comunidad nacional.
La palabra racionalización deriva de razón. Ello debe significar que el gasto público debiera atribuirse con el cerebro frío de la austeridad y no con la subjetividad ardiente del favoritismo político. Austeridad es el concepto clave de la coyuntura. Austeridad que nos impele a gastar sólo lo que ingresa. Austeridad para que el Estado aplique a los hechos lo que sus voceros difunden con discursos. Austeridad, en fin, para que los políticos y los burócratas de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, etc. no sigan desacreditándose, disfrutando un nivel de vida por encima de la población trabajadora. ("El Panamá América" 14 abril, 2001).
Grandes sectores de la nación han venido abogando, desde hace mucho tiempo, a fin de que los recursos del Estado sean manejados con austeridad y esmerada pulcritud, porque la burocracia tan dañina y que cuestan inmensas sumas de dinero a la República, sea erradicada de todas las agencias del Estado. La democracia y la justicia social deben darse a plenitud para que el actual régimen pueda despegar y llevar adelante la materialización de promesas que se hicieran durante el período eleccionario.
Si es el interés del actual gobierno atender las necesidades más apremiantes de las comunidades del país, no se puede seguir manteniendo salarios tan elevados como los de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral; legisladores, ministros de Estado, Defensoría del Pueblo, Ente Regulador y otros que representan un alto porcentaje de dinero dentro del presupuesto nacional.
Sin lugar a dudas, ello es una tremenda injusticia y si el presente régimen está orientado hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los panameños, debe luchar, permanentemente, por una escala de salarios dentro de los principios de equidad, justicia y democracia. El humilde pueblo está frente a grandes dificultades, mientras que algunos de los miembros de la nueva clase ganan 10 mil balboas por un lapso fijo de 10 años y encima de ello, reciben autos con raya amarilla y sin raya, chofer, gasolina, reparación de los vehículos, escoltas que hacen faena doméstica y custodian residencias de jerarcas, a quienes nadie amenazaría por su inocuidad burocrática hasta la madrugada. Si a los 10 mil balboas le agregamos los servicios de bienes de que disfrutan, el gasto real se elevaría de tres a cuatro veces, y que se están pagando salarios de 30 a 50 mil balboas.
Esta iniquidad en la distribución del ingreso público demuestra que el Estado, por paradójico que parezca, es el principal generador de la desigualdad socioeconómica, no obstante la retórica oficial está empapada de exhortaciones a un reparto más justo de la riqueza, al tiempo que compra Cadillac, obsequia relojes Cartier y otros lujos que no conoce la comunidad nacional.
La palabra racionalización deriva de razón. Ello debe significar que el gasto público debiera atribuirse con el cerebro frío de la austeridad y no con la subjetividad ardiente del favoritismo político. Austeridad es el concepto clave de la coyuntura. Austeridad que nos impele a gastar sólo lo que ingresa. Austeridad para que el Estado aplique a los hechos lo que sus voceros difunden con discursos. Austeridad, en fin, para que los políticos y los burócratas de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, etc. no sigan desacreditándose, disfrutando un nivel de vida por encima de la población trabajadora. ("El Panamá América" 14 abril, 2001).
Grandes sectores de la nación han venido abogando, desde hace mucho tiempo, a fin de que los recursos del Estado sean manejados con austeridad y esmerada pulcritud, porque la burocracia tan dañina y que cuestan inmensas sumas de dinero a la República, sea erradicada de todas las agencias del Estado. La democracia y la justicia social deben darse a plenitud para que el actual régimen pueda despegar y llevar adelante la materialización de promesas que se hicieran durante el período eleccionario.
