Castración electoral y distorsión institucional
LA EXISTENCIA EN Panamá de normas electorales expresamente diseñadas para garantizar, legalmente, a los partidos políticos el monopolio de las postulaciones presidenciales, complementado con la aberración de los escandalosos e inmorales subsidios electorales, castra las posibilidades de un verdadero desarrollo democrático.
En apariencia vivimos en un sistema democrático; de hecho vivimos una caricatura del mismo, en el que los partidos políticos tienen todas ventajas para conseguir y retener el poder, mientras al resto del país sólo le toca, en cada elección, escoger entre las opciones que ellos deciden presentar y, después ver, sin poder intervenir de manera alguna, como se deciden los temas que nos afectan a todos.
Una vez tienen lugar las elecciones, el partido o el grupo de partidos que logra hacerse con el gobierno, aprovechando el control de los recursos presupuestarios que éste lleva aparejado, decide, por sí y ante sí, el rumbo del país, y reparte entre los suyos, todas las prebendas que son consustanciales al poder.
Dentro de esas circunstancias, sería lógico esperar que los partidos perdedores se transformaran en una oposición militante y activa para cuestionar y ser "un contrapeso" a los que mandan, pero no ocurre así. Los perdedores, se repliegan a defender "sus intereses económicos" y a prepararse para "su turno", que esperan les llegue en las próximas elecciones. Entonces actuarán de la misma manera, ni más ni menos. Ese mismo guión lo hemos visto realizado y repetido a lo largo de toda nuestra historia.
El control concentrado del poder político que por su naturaleza, esencialmente antidemocrática, genera el sistema electoral vigente tiene, como consecuencia, una agravada distorsión institucional. Quien controla el Organo Ejecutivo, casi que, invariablemente, también controla el Organo Legislativo, con los resultados que ya conocemos. El parlamento, en lugar de ser la fuente de la normativa legal que debe ser la base y el marco para la acción del Organo Ejecutivo, y de ejercer la función fiscalizadora que constitucionalmente le compete, se convierte en amanuense subordinado del mandamás de turno, como hemos tenido la oportunidad de comprobar, especialmente durante el reinado de "la patria nueva".
Pero la distorsión institucional que produce nuestro viciado sistema electoral no está circunscrita al ámbito nacional; también se manifiesta en los niveles provincial, municipal y de corregimiento. La provincia, como instancia de gobierno, es intrascendente. Legalmente, los gobernadores son figuras simbólicas; están absolutamente subordinados al poder presidencial por ser de su libre nombramiento y remoción y por carecer de recursos presupuestarios. Los municipios, aunque formalmente son autónomos y están dirigidos por alcaldes y concejales escogidos por elección, en un noventa y nueve por ciento (99 %) son parásitos, en términos presupuestarios.
El resultado, visible y comprobable de nuestro sistema electoral, es que el grupo político o, para ser más claro, el grupo de intereses que domina el poder político, termina controlando verticalmente toda la estructura institucional del Estado, distorsionándola y atrofiándola. Y esto se acentúa más cuando quien asume la jefatura del Estado, como en el caso presente, la aprovecha para practicar un rampante populismo. Las instancias de gobierno locales, de por sí débiles por su propia naturaleza, prácticamente terminan desapareciendo cuando el gobernante de turno "usurpa sus funciones" con demagógicos despliegues populistas "dizque para consultar directamente a las comunidades y resolver, in situ, sus necesidades".
Para comenzar a revertir las perversas consecuencias que genera nuestro sistema electoral, legalmente monopolizado por los partidos políticos, que, en última instancia, crea las condiciones para el surgimiento de hecho de un poder dictatorial, que trastoca y distorsiona toda la estructura institucional del Estado, es imprescindible una reforma profunda que elimine toda posibilidad de concentración del poder político en unas cuantas manos. El sistema imperante conduce precisamente a eso. Y la solución no está en reemplazar a los actuales gobernantes por otros que, basados en el mismo sistema, harían lo mismo o algo parecido; sino en crear las condiciones para que puedan surgir alternativas diferentes, que no tienen ninguna posibilidad de emerger dentro del actual sistema electoral.
Sólo cuando el sistema electoral permita y garantice el surgimiento de nuevos interlocutores políticos, con posibilidad de tener un protagonismo real para influir en las instancias donde se toman las decisiones de trascendencia nacional y local, podremos estar hablando de que en Panamá avanzamos en la construcción de la democracia y del desarrollo integral.
Brenda Morales: "Yo pienso que si se debe cambiar el color de los taxis, porque así puede que haya una mejor seguridad para la persona que utilice el servicio".
Aracelis Sánchez: "Me parece bien que todos los taxis se identifiquen con un color en particular, porque así no habría confusión y no se podrían prestan para cosas ilícitas".
Rogelio Aguilar: "Considero que unificar el color de los taxis es factible, porque en otros países se ha puesto en práctica, y así se brindaría un mejor servicio".
Iván Guardia: "La medida de pintar los taxis de un sólo color es buena, pero hacerlo representa un costo que muchos de ellos no están dispuestos a costear".
En apariencia vivimos en un sistema democrático; de hecho vivimos una caricatura del mismo, en el que los partidos políticos tienen todas ventajas para conseguir y retener el poder, mientras al resto del país sólo le toca, en cada elección, escoger entre las opciones que ellos deciden presentar y, después ver, sin poder intervenir de manera alguna, como se deciden los temas que nos afectan a todos.
Una vez tienen lugar las elecciones, el partido o el grupo de partidos que logra hacerse con el gobierno, aprovechando el control de los recursos presupuestarios que éste lleva aparejado, decide, por sí y ante sí, el rumbo del país, y reparte entre los suyos, todas las prebendas que son consustanciales al poder.
Dentro de esas circunstancias, sería lógico esperar que los partidos perdedores se transformaran en una oposición militante y activa para cuestionar y ser "un contrapeso" a los que mandan, pero no ocurre así. Los perdedores, se repliegan a defender "sus intereses económicos" y a prepararse para "su turno", que esperan les llegue en las próximas elecciones. Entonces actuarán de la misma manera, ni más ni menos. Ese mismo guión lo hemos visto realizado y repetido a lo largo de toda nuestra historia.
El control concentrado del poder político que por su naturaleza, esencialmente antidemocrática, genera el sistema electoral vigente tiene, como consecuencia, una agravada distorsión institucional. Quien controla el Organo Ejecutivo, casi que, invariablemente, también controla el Organo Legislativo, con los resultados que ya conocemos. El parlamento, en lugar de ser la fuente de la normativa legal que debe ser la base y el marco para la acción del Organo Ejecutivo, y de ejercer la función fiscalizadora que constitucionalmente le compete, se convierte en amanuense subordinado del mandamás de turno, como hemos tenido la oportunidad de comprobar, especialmente durante el reinado de "la patria nueva".
Pero la distorsión institucional que produce nuestro viciado sistema electoral no está circunscrita al ámbito nacional; también se manifiesta en los niveles provincial, municipal y de corregimiento. La provincia, como instancia de gobierno, es intrascendente. Legalmente, los gobernadores son figuras simbólicas; están absolutamente subordinados al poder presidencial por ser de su libre nombramiento y remoción y por carecer de recursos presupuestarios. Los municipios, aunque formalmente son autónomos y están dirigidos por alcaldes y concejales escogidos por elección, en un noventa y nueve por ciento (99 %) son parásitos, en términos presupuestarios.
El resultado, visible y comprobable de nuestro sistema electoral, es que el grupo político o, para ser más claro, el grupo de intereses que domina el poder político, termina controlando verticalmente toda la estructura institucional del Estado, distorsionándola y atrofiándola. Y esto se acentúa más cuando quien asume la jefatura del Estado, como en el caso presente, la aprovecha para practicar un rampante populismo. Las instancias de gobierno locales, de por sí débiles por su propia naturaleza, prácticamente terminan desapareciendo cuando el gobernante de turno "usurpa sus funciones" con demagógicos despliegues populistas "dizque para consultar directamente a las comunidades y resolver, in situ, sus necesidades".
Para comenzar a revertir las perversas consecuencias que genera nuestro sistema electoral, legalmente monopolizado por los partidos políticos, que, en última instancia, crea las condiciones para el surgimiento de hecho de un poder dictatorial, que trastoca y distorsiona toda la estructura institucional del Estado, es imprescindible una reforma profunda que elimine toda posibilidad de concentración del poder político en unas cuantas manos. El sistema imperante conduce precisamente a eso. Y la solución no está en reemplazar a los actuales gobernantes por otros que, basados en el mismo sistema, harían lo mismo o algo parecido; sino en crear las condiciones para que puedan surgir alternativas diferentes, que no tienen ninguna posibilidad de emerger dentro del actual sistema electoral.
Sólo cuando el sistema electoral permita y garantice el surgimiento de nuevos interlocutores políticos, con posibilidad de tener un protagonismo real para influir en las instancias donde se toman las decisiones de trascendencia nacional y local, podremos estar hablando de que en Panamá avanzamos en la construcción de la democracia y del desarrollo integral.
Brenda Morales: "Yo pienso que si se debe cambiar el color de los taxis, porque así puede que haya una mejor seguridad para la persona que utilice el servicio".
Aracelis Sánchez: "Me parece bien que todos los taxis se identifiquen con un color en particular, porque así no habría confusión y no se podrían prestan para cosas ilícitas".
Rogelio Aguilar: "Considero que unificar el color de los taxis es factible, porque en otros países se ha puesto en práctica, y así se brindaría un mejor servicio".
Iván Guardia: "La medida de pintar los taxis de un sólo color es buena, pero hacerlo representa un costo que muchos de ellos no están dispuestos a costear".
