Ceguera institucional en el Seguro Social
A mediados de 2005, el Gobierno Nacional emprendió la aventura de reformar la Ley de la Caja de Seguro Social, diciéndole al país que si no se cambiaban las reglas del juego, la calidad de la atención caería en picada y, peor aún, los fondos de pensiones desaparecerían. Dicha empresa se acometió sin hacer las consultas necesarias, y con deficientes métodos de comunicación ciudadana, lo que provocó el descontento generalizado y una crisis lamentable y de peligroso tenor callejero.
Por fortuna se enmendó la arbitrariedad, y luego de mucha presión se logró una reforma más consensuada, siempre a la sombra de una promesa: mejorar la calidad de las prestaciones médicas y garantizar dinero suficiente para pensiones y jubilaciones. Claro que los cambios significaron el incremento en los montos de las cuotas, pero muchos lo aceptaron como paso inevitable para "salvar" la entidad.
Después de tanta crisis, de tanto sobresalto y de agravios a la economía de los hogares panameños, hoy vemos con desconsuelo que dichas promesas de días mejores para los asegurados no fueron más que cantos de sirena. La prueba es que la gente muere envenenada, la Caja no tiene medicinas, carece de implementos, no hay consultorios adecuados para la atención a los asegurados, ni siquiera los ascensores sirven y, lo último y trágico, se permite que un niño muera porque no había suero contra la picadura de un alacrán, ni se tenían claros los protocolos para que la criatura fuera atendida como es debido.
Este no fue el panorama prometido. Eso no fue lo que dijeron cuando se le metió la mano al bolsillo a un pueblo que sufrió mucho la crisis de la reforma. Todo esto nos hace pensar una de dos cosas: o la ley fue un fraude, o los actuales administradores no tienen los atributos mínimos que se necesitan para llevar a buen puerto a la institución.
Por fortuna se enmendó la arbitrariedad, y luego de mucha presión se logró una reforma más consensuada, siempre a la sombra de una promesa: mejorar la calidad de las prestaciones médicas y garantizar dinero suficiente para pensiones y jubilaciones. Claro que los cambios significaron el incremento en los montos de las cuotas, pero muchos lo aceptaron como paso inevitable para "salvar" la entidad.
Después de tanta crisis, de tanto sobresalto y de agravios a la economía de los hogares panameños, hoy vemos con desconsuelo que dichas promesas de días mejores para los asegurados no fueron más que cantos de sirena. La prueba es que la gente muere envenenada, la Caja no tiene medicinas, carece de implementos, no hay consultorios adecuados para la atención a los asegurados, ni siquiera los ascensores sirven y, lo último y trágico, se permite que un niño muera porque no había suero contra la picadura de un alacrán, ni se tenían claros los protocolos para que la criatura fuera atendida como es debido.
Este no fue el panorama prometido. Eso no fue lo que dijeron cuando se le metió la mano al bolsillo a un pueblo que sufrió mucho la crisis de la reforma. Todo esto nos hace pensar una de dos cosas: o la ley fue un fraude, o los actuales administradores no tienen los atributos mínimos que se necesitan para llevar a buen puerto a la institución.
