Celulares e internet; en la mira
Un nuevo intento por controlar, escuchar, conocer y monitorear las conversaciones de celulares pre pago y de contrato, así como la información de internet pretende efectuar el gobierno. La excusa sigue siendo la misma: evitar ataques terroristas, plagios, delitos de lavado de dinero, trasiego de drogas, pandillerismo etc.
No obstante, al hacer un recuento de las adecuaciones legales e implementación de tecnología para el combate a este flagelo, pocos son los logros que se rinden a la ciudadanía sobre estas técnicas.
Por ejemplo; los decretos ley de seguridad que se adoptaron en la administración Torrijos, si acaso tienen un año de vigencia, de su evaluación o sus frutos aún nada conocemos. Sin embargo, lo propuesto en este caso faculta la intervención de los correos electrónicos, registro de llamadas perdidas, efectuadas o recibidas, identificación del usuario, y disponibilidad de datos de las empresas telefónicas hasta por más de un año.
Cualquiera puede estar a expensas de la discrecionalidad del funcionario; un empresario, periodista, político, defensor de derechos humanos, detective etc.
Lo delicado del asunto, es que tiene carácter retroactivo y ya no será necesario el visto bueno de la Corte Suprema, ahora será a mesura del Ministerio Público la intervención a cualquier sujeto.
Podría ser aventurado engrosar los archivos de una institución que está en deuda con la sociedad en la aclaración de casos sensitivos, a pesar de que cuenta con las mencionadas herramientas para sustentar ante los tribunales el vínculo entre el victimario y la acción criminal. ¿Cuál es el objeto de empoderar a una institución con tanta información si a ésta no le corresponde investigar, sino tipificar el hecho punible? ¿Se busca acaso dilatar aún más la entrada en vigencia del sistema acusatorio?
Pareciera que se busca aplicar una ley dirigida a las minorías con el pretexto de que beneficia a las mayorías, o es que ¿somos todos delincuentes?
El proyecto de ley vulnera los derechos fundamentales de la población, y tal vez a los que menos perjudica es a los maleantes; que acostumbrados a la paranoia aplican códigos o claves a sus conversaciones para evitar ser descubiertos por las autoridades. ¿Qué depuración interna se ha aplicado en esta entidad para detectar a funcionarios involucrados en la actividad delictiva del crimen organizado? ¿Cuál ha sido la sanción? ¿Por qué permanecen casos de drogas, armas, lavado de dinero, y homicidios impunes, sin pista alguna?
