CEMIS: comienzan las dilaciones

Cuatro de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia se oponen a que sea el Ministerio Público el que investigue el caso CEMIS. Dada la presencia de magistrados en la trama, proponen que sea la propia Corte la que haga la investigación, en una recurrencia técnica de evidentes efectos políticos. Tras el inusitado despliegue propagandístico del tema, la sociedad podría estar ante el riesgo de la tensión que antecede al desconcierto, y este abriéndole camino al olvido. Algo así como “falsa alarma”, después que todo el mundo esperaba en primera fila las investigaciones y el resultado del “escándalo del siglo”. ¿Puede la Corte darse este lujo? Desde que Panamá entró en democracia, el sector justicia ha estado bajo la lupa y el desencanto de la sociedad. Tanto que en 2005 se conformó un Pacto de Estado para darle salida a una situación que ya parece insoportable. Pareciera que en lugar de la justicia prima la burla, el tecnicismo oportuno, para que aquellos que quieren tomar el país en serio, desistan de tal utopía. Importante integrante del órgano judicial del Estado, la Corte no debe sugerir siquiera que un tema del que hace parte sea investigado por ella misma, como no sea que los magistrados que se oponen tengan plena conciencia de las implicaciones graves que podría tener el que la sociedad se enterara de sus andanzas. Ninguna legitimidad tiene ser juez y parte. La investigación debe ir al Ministerio Publico.