“Cherchez l´argent”
Si todos los candidatos declararan, con pelos y señales, cosa que sabemos nunca harán, las fuentes que los ayudan a financiar sus campañas políticas, podríamos atar muchos cabos y, posteriormente, comprobar hacia dónde se inclinará el favoritismo oficial en la adjudicación de los contratos para la construcción de obras públicas, las compras millonarias del Estado, y la adjudicación de ministerios, embajadas y consulados de "alto rendimiento" y de "las jugosas asesorías", cuyo número aumenta escandalosamente.
La política panameña, todos lo sabemos, está prostituida por el dinero. Por ser el control del poder la empresa con la mayor tasa de retorno -ninguna otra inversión se le compara, ni de lejos- no debe sorprender que se gasten ríos de dinero para asegurarse las mejores opciones tanto en la carrera presidencial como en las luchas por las diputaciones y las alcaldías que cuentan con "buenos presupuestos de ingresos", especialmente la de la capital, que ronda el centenar de millones.
El costo, que ofende la miseria que arrastran miles de nuestros compatriotas, de las campañas primarias y lo que gastarán los candidatos y candidatas para las próximas elecciones, sobrepasará, nadie lo dude, los 60 millones. De ellos, 20 millones saldrán de la aberración que son "los infames subsidios electorales", de los que el PRD se lleva, él solito, de 7 a 8 millones. Por tanto, cabe preguntar: ¿De dónde saldrán los otros 40? ¿Quién o quiénes los aportarán? ¿A cambio de qué? Desde luego, de gratis, no será.
La legislación vigente y la acomodaticia laxitud interpretativa que, desde siempre aplica el flamante Tribunal Electoral, han permitido y seguirán permitiendo que oscuros intereses financien las campañas políticas. La manera de detener la prostitución del sistema electoral, que corroe a nuestra enclenque democracia, y sus perniciosas secuelas que comprometen y condicionan las acciones de los gobiernos, es mediante la adopción y la drástica aplicación de normas legales que, aparte de fijar un tope a "las contribuciones" que reciben los candidatos a puestos de elección, tanto para las primarias como para las elecciones generales, y que los obligue a divulgar, públicamente, hasta el último centésimo, de "los aportes" que reciben. Esa normativa también debe estipular que aquellos candidatos que no cumplan con esa obligación, serán descalificados.
No soy iluso para pensar que los actuales "dueños del proceso electoral", de buena gana, ayudarán a "afilar el cuchillo para su propio pescuezo"; pero sí creo que hay vías para doblegar su renuencia: la primera, que el conjunto de la sociedad, encabezada por las iglesias, la sociedad civil y los sectores independientes no afiliados a los partidos, les exijamos la divulgación de las contribuciones que reciben; y, la segunda, todavía más importante, que los electores hagamos el firme propósito de no votar por aquellos candidatos que no revelen, públicamente, cuánto gastan en sus campañas y de dónde han salido esos recursos.
El refrán francés "cherchez la femme", que, peyorativamente, demanda que para entender algunas conductas hay que averiguar "qué dama está detrás del caballero en cuestión"; en Panamá, ante los escandalosos gastos de las campañas, cabe parodiarlo a "cherchez l´argent": hay que saber de dónde viene y quiénes ponen la plata.
